Publicado en línea el Lunes 4 de junio de 2018, por Resumen Latinoamericano

Para el tribunal, los acusados, Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y Julen P.G., no actuaron amparados por una organización terrorista, requisito indispensable para que se les pueda condenar por terrorismo.

La Sala cree que no se ha acreditado la “participación de una organización terrorista o grupo concreto” en la manifestación ni “ha quedado aclarado” cuál es la línea oficial de la misma, “ni si esa línea es precisamente la de los restos de una ETA crepuscular”, como tampoco existen datos “sobre las entidades convocantes o sobre sus conexiones con la organización terrorista ETA”.

De esta forma, como también ha ocurrido en el caso de la agresión de Alsasua en 2016, la Audiencia Nacional ha desoído la petición de la Fiscalía, que sí que enmarcó la actuación de los acusados en un delito de terrorismo y solicitó para ellos 7 años de prisión por desórdenes públicos terroristas.

Es más, la sección segunda de lo Penal, que ha emitido la sentencia, cree que la Fiscalía hizo “una interpretación desmesurada” del delito y asegura: “Actuar al amparo de una organización o grupo terrorista es mucho más que compartir determinados fines u objetivos”.

Aún así, la Sala impone a los acusados varias agravantes porque los actos fueron “potencialmente peligrosos para la vida de las personas” ya que los encausados, con el rostro oculto, usaron “instrumentos peligrosos tales como bengalas, material pirotécnico o líquido inflamable” en una manifestación numerosa.

La sentencia acredita que la protesta se impulsó desde el entorno de la izquierda abertzale como una “Nueva iniciativa contra la represión” en la que los asistentes, “embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro (…) realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las Fuerzas de Seguridad”.


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