Publicado en línea el Martes 5 de junio de 2018, por Mariano Martín

El Gobierno aplicó un torniquete de recursos a los metrodelegados que amenaza con extenderse a todos los sindicatos sin reconocimiento pleno, que en la Argentina son tantos como los que ostentan la "personería gremial" que otorga plenas facultades de actuación según la normativa vigente. El Banco Central comunicó el jueves, en un trámite exprés, que ninguna entidad podrá debitar cuotas de afiliación o cualquier otro aporte a organizaciones sindicales.

Esa medida, que el Ministerio de Trabajo puso en práctica para cortar el flujo de financiamiento de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp) en pleno conflicto salarial en el subte, debería empezar a regir de inmediato para cualquier otra organización que no contara con las empresas de su rubro como agentes de retención de las cuotas de afiliación, el sistema más habitual que contempla la ley de Asociaciones Sindicales.

En la Argentina hay unos 1.600 sindicatos con personería, el máximo reconocimiento previsto en la legislación y que los habilita a representar a los trabajadores en conflictos colectivos, negociar convenios y salarios, dotar de fueros a sus delegados y recaudar cuotas de afiliación, y otros tantos con simple inscripción. Los de menor rango, si bien obtuvieron mayores potestades en los últimos años a instancias de fallos en ese sentido de la Corte Suprema en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todavía tienen vedada la firma de paritarias. Sin embargo, los especialistas sostienen que toda otra facultad que no les esté expresamente prohibida pueden asumirla en igualdad de condiciones con los que tienen personería.

La historia de la medida que golpeó a los metrodelegados se limitó a un día. El jueves pasado, ante una consulta de Metrovías, la concesionaria del subte, sobre "los débitos que las entidades bancarias estarían realizando de las cuentas sueldo de los trabajadores en concepto de cuota de afiliación sindical a una entidad sindical (Agtsyp)" el Ministerio de Trabajo emitió una providencia basada en el artículo 38 de la ley 23.551 según el cual "sólo una entidad con personería gremial" puede tramitar con el empleador la retención de cuotas de afiliación previo una solicitud en ese sentido a la cartera laboral.

Con esa norma el Central emitió el mismo jueves una comunicación según la cual "bajo ningún concepto las entidades bancarias pueden actuar como agentes de retención directa o indirectamente- de la cuota de afiliación u otros aportes con destino a las entidades sindicales". La providencia de Trabajo llevó la firma de Adolfo Saglio Zamudio, director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, y será objeto de "una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otra penal", le adelantó a este diario Guillermo Gianibelli, abogado de Agtsyp. Para el letrado, la medida avanza no sólo contra "la libertad sindical" por privar de financiamiento a un gremio a partir de una decisión soberana de sus afiliados sino "contra la libertad individual de un trabajador de disponer débitos en su cuenta sueldo como mejor considere".

En la cartera laboral defendieron la decisión al recordar que la Corte Suprema en marzo dejó en suspenso la personería gremial que había otorgado la anterior gestión de Trabajo a la Agtsyp y que para retomar los aportes los metrodelegados ahora deberían presentar las conformidades de sus afiliados de modo individual para validar su devolución. Otros funcionarios reconocieron, sin embargo, que el equipo de Jorge Triaca tiene en carpeta medidas para limitar el accionar de los sindicatos simplemente inscriptos.


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