Publicado en línea el Miércoles 6 de junio de 2018, por InfoGremiales

La medida se tomó a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial.

“Créase en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social, la Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Diferenciales, como órgano consultivo encargado de entender, analizar y expedirse, a través de dictámenes e informes debidamente fundamentados, sobre cuestiones técnicas relacionadas con regímenes previsionales diferenciales”, según el primer artículo de la resolución.

Esa Comisión deberá, en el término máximo de un año, “elaborar un informe sobre las actividades o tareas que merecen ser objeto de un régimen previsional diferencial, consignando los respectivos requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales”, de acuerdo con lo dispuesto.

Además, Trabajo estableció que la flamante Comisión “será asistida en su labor por un equipo técnico ad hoc de ergónomos, ingenieros, médicos del trabajo, y afines, provisto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por un equipo técnico ad hoc de actuarios, demógrafos y economistas, provisto por la ANSeS”.

El flamante cuerpo estará presidido por el Secretario de Seguridad Social e integrado por dos representantes titulares y 1 alterno de esa Secretaría, dos representantes titulares y uno alterno de la ANSeS, más dos representantes titulares y uno alterno de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El Poder Ejecutivo justificó esta decisión al señalar que “la mayoría de las normas que establecen regímenes diferenciales se sancionaron entre las décadas de los sesenta y ochenta, por lo que tienden a proteger determinadas actividades en función de las condiciones imperantes en la estructura económica y del mercado de trabajo de esos tiempos”.

Esas condiciones, “en determinados casos, han mutado, no sólo como consecuencia del paso del tiempo sino, principalmente, por los cambios sustanciales que la tecnología y la ciencia introdujeron en la forma y en las condiciones de labor”, añadió el texto oficial.

Y resaltó que, “por lo expuesto se advierte la necesidad de revisar la normativa, y de evaluar situaciones hasta el momento no contempladas, de acuerdo a una metodología uniforme, razonable y transparente”.


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