Publicado en línea el Lunes 11 de junio de 2018, por Agencia Andar/CPM

(Agencia Andar) Todos los días llega con sus bultos a su puesto de trabajo. A metros de la avenida 7 y frente a un local de comidas rápidas despliega su mercadería e improvisa su vidriera de bijouterie, medias, anteojos o pantuflas. Luego espera, en silencio, que algún transeúnte se interese en comprar. Ella es una de las cuatro mujeres senegalesas que se dedican a la venta ambulante en la calle. Ese día antes de armar su puesto pidió permiso para pasar al baño de uno de los locales comerciales de la cuadra. Al salir se encontró con que funcionarios municipales se llevaban su bolso. Quienes detentan el poder de policía en la ciudad le estaban robando.

Los operativos contra la venta ambulante en La Plata crecen, y también aumenta la violencia que despliegan las fuerzas de seguridad y control. Uno de los sectores más afectados son los migrantes senegaleses que se dedican mayoritariamente a este rubro. En Capital Federal se organizaron en los últimos días para repudiar la persecución y la represión contra vendedores inmigrantes, y en en Avellaneda y Nazca, barrio de Flores, hubo una concentración de organizaciones sociales, colectivos de migrantes y legisladores. En La Plata, algunos referentes de la comunidad local buscaron asesoramiento en la Comisión Provincial por la Memoria al advertir que los controles también aquí se van volviendo más virulentos.

Desde el equipo de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM pudieron detectar a partir de varios casos que solicitaron su asesoramiento ciertas irregularidades en los procedimientos que son lesivas de los derechos de los migrantes, más allá de las cuestiones de cada circunstancia en particular. Los vendedores denuncian diversas situaciones, y en el último tiempo empiezan a detectar o problematizar otras cuestiones en torno al accionar policial y municipal, sobre todo en lo relativo al racismo, la violencia verbal y la humillación.

Las voces a favor de los operativos contra la venta ambulante alegan mafias, circuitos ilegales de mercadería, evasión de impuestos o competencia desleal, pero en la calle los ciudadanos y los mismos comerciantes suelen defender a los migrantes de Senegal cuando les incautan sus mercancías.

Los abogados de la CPM señalan, además, que los funcionarios municipales esgrimen como argumento el cumplimiento de una ordenanza que impide la venta sin registración y permisos en la vía pública, pero a la vez son ellos mismos los que no respetan los procedimientos adecuados frente a la contravención. No se entregan actas, cuando se labran están incompletas, no se les informa a los y las afectadas de qué se los acusa, y los mismos vendedores se encuentran con que los empleados públicos terminan usando accesorios que eran parte de su mercadería decomisada. O sea que los procedimientos parecen más para quedarse con la mercadería que para evitar o sancionar la actividad.

A partir de las reuniones con referentes desde el organismo empezaron a esbozar algunas líneas posibles de trabajo, sobre todo en función de la organización de la comunidad y el conocimiento de las normas y derechos.


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