Publicado en línea el Martes 12 de junio de 2018, por ECOS Córdoba

Por Melina Dassano – @MeliDassano
Cobertura Claudina Peralta
Para @ECOSCórdoba

Bautizado barrio “Parque Esperanza” con una Cooperativa propia la “12 de Junio” y a poco de cumplir 4 años de resistencia, más de 120 familias fueron desalojadas de sus únicas viviendas. El predio ocupado contaba con 11 ha., en su contexto se prepara una zona urbanizada para countries privados. La especulación inmobiliaria y el manejo administrativo empresarial de los gobiernos municipales con aval provincial, dejan una vez más a niñxs en situación de calle.

Movilizados por el despojo, señalados y discriminados por quienes tienen acceso a la tierra, el gobierno con apoyo de la justicia e inversores privados, vuelven a ir contra los más débiles. Lo más notorio en la opinión pública, tanto en redes sociales, radios y conversaciones al paso en la vía pública, muchas de las veces se lastima a quien menos tiene, muy pocas veces se preguntan por la consecuencia de una gran cantidad de personas jóvenes y de la tercer edad, sin vivienda y sin posibilidad de acceder a un alquiler.

¿Cuándo hablan de terminar con el hambre en el mundo, del progreso y la pobreza 0, de que habla el neoliberalismo?

Si no se está dentro de un grupo partidario de quienes gobiernan, parece que en esta provincia no tenes acceso al agua, al menos tengas buenos contactos y si accedes, es muy probable que esté contaminada. Qué estaría sucediendo a nivel país. Por un lado la justicia y por el otro, el sistema educativo estaría siendo escaso para cubrir tan descarada situación. A grandes rasgos y bajo una mirada sistemática, el Estado estaría en default.

Es de público conocimiento que la provincia supuestamente ha aprobado barrios cerrados de más de 22 viviendas sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental, tratándose de zonas de alta protección de bosques y hasta fuera de ejidos municipales. Y un dato que no es menor Ejecutivos municipales de varias localidades vienen dando factibilidad de uso de suelo a varios countries en connivencia con la provincia. También sabemos que esto es posible porque la Justicia no estaría siendo independiente. ¿Estaríamos o no ante un democracia exclusiva?

Y es así que miles de familias en la provincia de Córdoba se organizan para dar una salida a una gran crisis habitacional que los poderes del Estado logran criminalizar. Ya no solo no se puede tocar la “propiedad privada”, además no se puede acceder a los múltiples intereses de los gobiernos por medio de la información pública. Casi el 50% de los hogares cordobeses tienen problemas habitacionales relevados, según datos de la Universidad Católica de Córdoba y en donde siempre Córdoba queda marginada de la Nación porque no informa en tema bosques, hábitat y en materia ambiental, perdiendo toda capacidad de control.

Más de mil personas marcharon de Ciudad de los Niños hasta el Municipio. El reclamo es puntual, Basta de represión policial. Exigen una solución colectiva y no parcial como lo es la expropiación de las tierras y la Emergencia Habitacional en Juárez Celman. La mayoría de las que habitan son mujeres abordadas por la violencia de género. A eso se le sumó la violencia de desalojo de niños y niñas durmiendo, y el incendio de sus viviendas.

El martes pasado se conformó una mesa de diálogo integrada por el ministro de Desarrollo Social Sergio Tocalli, la Defensora de la Niñez Amalia Lopez. representantes de la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio de Parque Esperanza y su abogado Joaquín González, junto a integrantes de la Mesa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Silvina Cuella.

Según datos del Indec en el 2018, en la Argentina viven 44,5 millones de personas que conforman 13,3 millones de hogares, el 92% establecido en zonas urbanas. Con un casi 20% de inquilinos. Por declaraciones públicas del Ministerio de la Solidaridad de la provincia, no estarían logrando más que el beneficio de ampliar una pieza en alguna vivienda familiar de quien no disponga de techo propio. Esto no es otra cosa que fomentar el hacinamiento. Estamos atravesando una dura crisis social, económica, cultural y política. De incrementarse los conflictos de tierra en la provincia y el país, estaríamos ante un alto incremento de la violencia institucional, donde el Estado estaría siendo uno de los grandes responsables de la historia. Miles de personas quedarán marcadas a fuego en nuestra provincia por la discriminación.


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