Publicado en línea el Jueves 14 de junio de 2018, por La República / Perú

9 Jun 2018 | 20:24 h

Redacción: Elizabeth Prado

La comunidad nativa Tres Islas, ubicada en la provincia de Tambopata, está a la espera de que el juez de Primera Instancia, quien había declarado improcedente la demanda, cumpla con la resolución de la Sala Civil de Madre de Dios que ha ordenado su admisión y retorno al juzgado de Primera Instancia para que vea el caso.

La defensa de la comunidad fundamentó la anulación del gran número de concesiones en los siguientes hechos: se había agotado la vía previa, las concesiones fueron otorgadas sin consulta previa, y en la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce los derechos de los comuneros de Tres Islas.

Cabe indicar que esta comunidad también cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los daños que les ha ocasionado la contaminación con mercurio y a la amenaza que significa el ingreso de las personas que desarrollan actividad minera dentro del territorio indígena.

“Estas concesiones han generado una serie de consecuencias. Hay gente contaminada con mercurio y a la fecha el Estado no ha realizado ninguna acción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar y ordenó al Estado que tome medidas efectivas respecto a la contaminación con mercurio, además de otras acciones que no se han cumplido”, refirió la abogada Rocío Trujillo.

Lamentó que a la fecha ni la Policía ni la Fiscalía hayan intervenido para evitar el ingreso de mineros al territorio comunal. Dijo que estas autoridades se han negado a intervenir porque las concesiones mineras están vigentes, aun cuando existe un marco jurídico que indica que las concesiones ubicadas dentro de territorios indígenas deben tener autorización del dueño de la superficie para que desarrollen la actividad.

Rocío Trujillo también informó que el próximo martes 12 de junio los dirigentes de Tres Islas y ella se reunirán con el Ministerio de Salud para ver las acciones que tomará este sector en beneficio de la población contaminada. A esta cita también acudirá la procuradora supranacional.

“Es importante que se anulen esas concesiones porque no han sido consultadas y la comunidad tampoco ha dado autorización para que desarrollen trabajos dentro de sus tierras que cuentan con título de propiedad, inscrito en Registros Públicos”, insistió la abogada.


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