Publicado en línea el Viernes 15 de junio de 2018, por InfoGremiales

Luego de que la CGT confirmara el paro general del lunes 25, el Gobierno parece estar dispuesto a todo para disciplinarla. La idea que trascendió del Ejecutivo, ahora, es la de frenar la devolución de $2.700 millones a las obras sociales sindicales, un dinero que serviría para sanear las arcas de las estructuras de salud.

Desde el Ejecutivo esperaban seguir negociando con la central obrera, pero ante la decisión de la medida de fuerza, cortaron las posibilidades de diálogo. Por su parte, desde los sindicatos creen que sería poner “en riesgo” todo el sistema de prestación de salud.

Estos fondos provienen del aporte de los afiliados que recauda el Estado y distribuye entre las obras sociales como reintegros por tratamientos de alta complejidad.

Según confirmó el portal IProfesional, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, había prometido a Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros del a CGT, que le iban a “encontrar la vuelta” para devolver esos fondos. una reunión mantenida la semana pasada, donde también estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Esto tiene que quedar bien claro: la plata es de las obras sociales, no del Gobierno. Si no la liberan, vamos a hacer presentaciones judiciales”, señaló Schmid a a Infobae, quien afirma que el Gobierno usa esos fondos como promesa para mantener cautiva a la CGT.

Si bien se esperaba un decreto para pagar la deuda con las obras sociales, la central esperaba otras dos exigencias de las cinco que había planteado la semana pasada: un pacto para frenar los despidos y la eximición de Ganancias en el medio aguinaldo.

De esto último, el senador peronista Miguel Angel Pichetto –que mantiene el diálogo con los sindicatos– presentó un proyecto el martes sobre este pedido cegetista. Pero el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no ofreció un plan para evitar más despidos tras el pedido de ajuste del FMI.

Por otro lado, el propio Mauricio Macri le había prometido a la central la devolución en “cuotas” de $29.000 millones de pesos: $2.700 millones para los tratamientos de alta complejidad, $8.000 millones para una cobertura universal de salud, $14.000 millones para compra de bonos del Tesoro (sus rendimientos se usarían para financiar el pago de prestaciones) y $4.000 millones para infraestructura.


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