Publicado en línea el Sábado 16 de junio de 2018, por Clarín

Miles de personas festejan la media sanción de la ley que legaliza el aborto (EFE / David Fernández).

Tras pasar con éxito por Diputados, el aborto legal ya está en el Senado. Tras su largo camino, y poco antes de la maratónica sesión en la que obtuvo media sanción, el proyecto sufrió modificaciones de último momento. Una ellas sumó al texto a los pueblos indígenas.

El Artículo 13 del proyecto de legalización del aborto se refiere a las "Políticas de salud sexual y reproductiva". Pasaron más de once años desde la sanción de la ley 26.150, que establece que todos los estudiantes argentinos tienen derecho a recibir educación sexual integral en la escuela. Esa norma entiende la educación sexual integral como aquella que articula "aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos".

Ahora, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo señala en su artículo 13: "El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a través de los programas creados por las Leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo". Y agrega: "Se debe prestar especial atención a los pueblos indígenas, respetando su diversidad e identidad cultural".

"Lo pusimos en la reunión de asesores de los distintos bloques en la anteúltima reunión. La idea fue tener en cuenta en la práctica —más allá de lo que diga la 'ley anterior'— las especificidades de estos pueblos a la hora de la Educación Sexual Integral", dice a Clarín Marisa Herrera, investigadora del Conicet que participó de la redacción del proyecto de ley.

Herrera, que también es doctora en Derecho, asegura que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo "es una cuestión de salud pública" vinculada directamente con la defensa del derecho a la vida de las mujeres, "en particular, de las más vulnerables". Y ahí incorpora a las indígenas.

"Quisimos sumar al colectivo más desventajoso, porque culturalmente tiene que tener una educación sexual integral específica. Para que en la práctica se cumpla con que no es lo mismo la ESI en un pueblo indígena del impenetrable chaqueño, que la dirigida a los originarios en Neuquén", apunta Herrera.

Por otro lado, Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), afirma que esta mención a los pueblos originarios enfatiza "el respeto de la diversidad cultural, que tendrá que ponerse en práctica en la manera de implementar la Educación Sexual Integral. Se debe tener en cuenta la cosmovisión de los diferentes pueblos indígenas. De alguna manera, esta norma viene a reforzar compromisos de derechos humanos que ya están en otras normativas".

Gherardi ya había explicado por qué en el proyecto se habla de "mujeres y personas gestantes". Es lenguaje inclusivo: "para tener en cuenta a las personas que no son mujeres, pero tienen capacidad de gestar como ocurre, por ejemplo, con los varones trans. También contempla a los que no se encasillan en un determinado género, que se identifican como de género fluido”.

El contenido de la educación sexual integral está fijado en las guías que elaboraron los ministerios de Educación nacional y el de la Ciudad, e incluye aspectos como distintas identidades sexuales y de género, conocimiento del cuerpo, ejercicio saludable y placentero de la sexualidad, maternidad forzada o voluntaria.

Pero las especialistas consultadas por Clarín coinciden en que, en la práctica, la educación sexual integral no tiene en cuenta a los pueblos indígenas. "Si no te van a educar, tampoco vas a saber que tenés derecho a abortar", cierra Herrera.


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