Publicado en línea el Lunes 18 de junio de 2018, por Fuente: Ambito.com

La denuncia, a la que accedió ámbito.com, los acusa de múltiples delitos: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; asociación ilícita; cohecho pasivo y activo; negociaciones incompatibles, y tráfico de influencias.

Pero además, solicitó que se investigue si las conductas de los funcionarios, exfuncionarios y al menos dos empresarios constituyeron "delitos contra el orden económico" por haber provocado el alza del precio del dólar de $ 20 a $ 25.

Según el legislador K, el Gobierno y el BCRA promovieron un "esquema de desregulación financiera y cambiaria que ha alentado fuertemente la especulación y la obtención de ganancias millonarias por parte de sectores estrechamente vinculados a quienes hoy dirigen la economía, a la vez que ha dejado a nuestro país expuesto frente al movimiento de esos capitales".

La maniobra -siempre según Tahilade- provocó un "enorme beneficio económico" para los "fondos especulativos" por tres frentes: la eliminación de las restricciones al ingreso y salida de capitales, el 'carry trade' y las tasas de interés de las LEBAC y la eliminación de los plazos para que los exportadores liquiden sus divisas. "Constituyeron la columna vertebral de un sistema de fuga de capitales", aseguró.

El diputado estimó que en tres meses, entre marzo y mayo de 2018, se fugaron al menos u$s 10.000 millones por permisos laxos. "La combinación de desregulación cambiaria, alta inflación y un dólar barato, fruto del propio modelo económico, gestaron el ambiente propicio para la fuga de capitales", sostuvo.

"Los dólares que vinieron a raíz del profundo endeudamiento externo, volvieron al exterior como 'ganancia' de los especuladores", aseveró.

La denuncia también apuntó a directivos del JP Morgan, el banco de inversión que supuestamente "jugó un rol clave" en la corrida cambiaria porque fue "el primero de los inversores institucionales en rematar sus posiciones de Lebac y generó un efecto réplica en el resto". En el escrito se menciona a Alejandro Guevara, jefe de cobertura bancaria del Morgan y quien habría conversado en el exterior con muchos inversores argentinos para adherirse al banqueo, y de Facundo Gómez Minujín, CEO de la filial local de la entidad y extitluar de ARTEBA durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

Basado en información publicada en Perfil, Iprofesional, BAE, P12, lapoliticaonline, LN, El Cronista, Financial Times, un periodista de La Gaceta Tucumán y La Gaceta Salta, Letra P, Clarín, elcohetealaluna y las entrevistas de ámbito.com a Martín Rederado y de Ámbito Financiero a Carlos Rodríguez, el denunciante argumentó que el JP Morgan "se anticipó y desarmó sus posiciones en Lebac cuando había bajado el interés, compró dólar barato a $ 20,5 y después, volvió a las Lebacs al 40% y tiene 30 días de Tipo de Cambio fijo en $ 25".

Para Tahilade, Sturzenegger y Caputo actuaron "favoreciendo directamente al capital especulativo", en especial, al JP Morgan. "Se hicieron de esos dólares baratos, pujaron para que el valor de la divisa continuara subiendo y el BCRA, en vez de cortar de plano la maniobra, continuó vendiendo dólares a un precio menor al de equilibrio", indicó. Si la Justicia avanza con esta pesquisa e imputa a Caputo, el designado nuevo titular del banco podría recibir un revés en su nombramiento oficial en el Senado.

"El personal del BCRA, con su amplia experiencia así como su constante capacitación, contaba con las herramientas necesarias para enfrentar un movimiento en la demanda de divisas como el acontecido. Es decir que Sturzenegger podría haberse valido de esos idóneos funcionarios, pero eligió obrar de otro modo", agregó.

En esa línea, también remarcó que varios funcionarios del equipo económico tienen vínculos o antecedentes laborales en el JP. Entre ellos, Caputo, Pablo Quirno, Vladimir Werning, Santiago Bausili, Miguel Ángel Gutiérrez (YPF) y Demian Reidel (vice del BCRA). "Se observa la necesidad de investigar en forma urgente si existió colusión entre los funcionarios y JP Morgan ya que, en realidad, las mismas personas se encuentran en los dos lados del mostrador", añadió.

Tahilade reclamó como medidas de prueba que se secuestre información de la entidad monetaria de marzo a mayo sobre "la cantidad de dólares vendidos, su valor y los datos personales de los compradores"; los documentos donde conste por qué se tomó esa decisión; los registros de audiencias de las autoridades del banco; las entradas y salidas de personal; computadoras; celulares; mails, y datos de los tenedores de Lebac. Al mismo tiempo, pidió que requiera documentación al JP Morgan sobre sus compras de divisas y Lebac y que cite a declarar a Sturzenegger, al directorio durante su gestión y a los dos ejecutivos de la banca extranjera. Lo que se dice una verdadera Caja de Pandora.


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