Publicado en línea el Viernes 29 de junio de 2018, por La Izquierda Diario

Redacción Jujuy

Miércoles 27 de junio | Edición del día

Sin muchos fundamentos y por whatsapp informando al resto de los diputados/as de las comisiones, las presidentas de las comisiones de Educación y Pueblos indígenas, María Teresa Ferrín y Marcela Arjona, suspendieron un plenario de comisiones pautado con integrantes del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas – CEAPI de Jujuy, quienes habían solicitado la reunión, y posteriormente tuvieron el aval de ambas comisiones. Poco importó que los referentes y educadores indígenas se trasladen de distintos puntos de la provincia para luego movilizarse para tener respuestas ante problemáticas acuciantes que viven los mismos.

No es la primera vez que no son recibidos en la casa de piedra, el año pasado, integrantes de distintas comunidades indígenas, caminaron varios días desde distintos puntos de la provincia, exigiendo la prórroga de la Ley 26.260, la derogación de la Ley. 5915 de Servidumbre y la entrega de sus títulos comunitarios, y la legislatura los recibió con las puertas cerradas y ausencia de diputados de los distintos bloques.

La diputada Natalia Morales, integrante de la comisión de Pueblos Originarios, denunció esta situación y se hizo presente una vez llegada la movilización a la legislatura jujeña al medio día. Posteriormente junto al diputado Eduardo Hernández, también del bloque del PTS FIT, integrante de la comisión de Educación y la diputada Liliana Fellner (PJ), integrante de ambas comisiones, recibieron a una delegación de la CEAPI Jujuy por la tarde.

Los integrantes de la CEAPI de distintas comunidades y localidades de la provincia pudieron expresar las problemáticas por las que habían solicitado la reunión en la legislatura. Néstor Jerez, cacique de la comunidad de Ocloyas y miembro de la CEAPI, expresó que la ministra de educación Isolda Calsina, y el equipo del Pacto Social Educativo, no respetan el derecho que tienen las comunidades indígenas respecto a la implementación del Pacto Social Educativo. “En ningún momento se garantizó la Consulta previa, libre e informada para que nosotros opinemos respeto al pacto social educativo. De esta manera avasallan derechos, como el artículo 75 de inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración universal de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

En la nota presentada el 12 de junio donde solicitan reunión con las comisiones de educación y pueblos indígenas, los miembros de las organizaciones plantean que el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Jujuy, conformado por los pueblos preexistentes quechua, kolla, omaguaca, ocloya, atacma, tilian, fiscara, chichas, toba, xuxui, toara y guaraní, fue reconocido por Resolución n°4130 M.E. como órgano de consulta y asesoramiento de la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe – EIB en el sistema educativo, con el acompañamiento del Consejor de Participación Indígena – CPI y las organizaciones de los Pueblos Indígenas. “Consideramos la EIB como un derecho que logramos a través de largas luchas y que están reconocidos como derechos”, afirmaron los mismos.

En la reunión también plantearon problemáticas e inconvenientes que tienen para que se garantice la Educación Intercultural Bilingüe en las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, por eso plantearon la necesidad de que se declare la Emergencia en educación indígena. Actualmente existen institutos indígenas que están reconocidos pero no son oficializados por el ministerio de educación y las condiciones laborales de los educadores indígenas son de bastante precariedad: contratos anuales y salarios que van desde los 5000 a 6000 pesos, además de que no les pagan hace tres meses sus salarios. Por si fuera poco, los educadores se garantizan el traslado a distintas comunidades, y las herramientas de trabajo.

Terminada la reunión la diputada Natalia Morales, en un comunicado de prensa expresó “Lo que sucedió es parte del maltrato constante que reciben las organizaciones indígenas en Jujuy. El gobierno los utiliza sólo para hacer demagogia y los legisladores de Cambiemos, no sólo que no los reciben, y suspenden un plenario de comisiones prevista de educación y pueblos originarios, sino que no dan ninguna respuesta a demandas que no son nuevas. Los referentes plantean que en la provincia no se respeta la Educación Intercultural Bilingüe, y que como pueblos preexistentes no se garantiza la consulta previa libre e informada, estipulado en las convenciones internacionales de derechos indígenas que la Argentina adhirió, en lo que respecta al Pacto Social Educativo”.

A su vez, Eduardo Hernández remarcó “La presidenta de la comisión de educación Ferrín, suspendió por whatsapp el mismo día la reunión prevista, sin argumentos válidos y sin consultar al resto de los diputados que integramos la misma. La situación que atraviesan los educadores indígenas que no son reconocidos como tales, muestra la grave situación que atraviesa el sistema educativo en la provincia. Quienes llevan adelante la Educación Intercultural Bilingüe no cobran hace tres meses y tienen salarios que no superan los seis mil pesos, por si fuera poco, son ellos los que tienen que garantizar sus herramientas de trabajo”.

Los educadores indígenas y referentes comunitarios expresaron que además de las problemáticas educativas, están las territoriales respecto al cumplimiento de la Ley 26.160 que evitan los desalojos de las comunidades de sus territorios y que en la provincia hay situaciones donde no se está respetando la misma, también la entrega de los títulos comunitarios, y la Ley de servidumbre, 5915, rechazada a fines del 2016 todas las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, salvo una, pero aún así el gobierno no respeta tal decisión.

Para finalizar Morales sentenció “vamos a exigir nuevamente a las presidentas de ambas comisiones para que reciban a quienes hoy les cerraron las puerta. Como tienen conocimiento los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, desde nuestras bancas venimos presentando iniciativas que dan respuestas a sus demandas, muchas de ellas históricas, y que tienen por objetivo fortalecer la lucha que vienen llevando adelante”.


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