Publicado en línea el Lunes 2 de julio de 2018, por MOVIMIENTO DDHH CORDOBA

Allende, el precursor olvidado
Por Atilio A. Boron

Es bien sabido que con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 América latina y el Caribe reanudaron su marcha hacia su Segunda y Definitiva Independencia. El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de lo que luego sería la República Bolivariana de Venezuela es usualmente considerado como el segundo hito en esta larga marcha. Esto es indudable, pero pasa por alto una importantísima etapa intermedia, breve pero de enorme importancia: la que aportara el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile, entre 1970 y 1973 y que es imprescindible rescatar del olvido en que ha sido sepultada por el inmenso aparato propagandístico de la derecha tanto dentro como fuera de Chile.

Allende llega al Palacio de la Moneda con un programa de gobierno que nada tiene que envidiar al que luego procurarían implementar –en un contexto internacional, económico y político mucho más favorable– los gobiernos bolivarianos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hombre de inconmovible convicciones socialistas Allende no demoró un segundo en aplicar el programa de la UP, adoptando trascendentales medidas como la nacionalización de las riquezas básicas de Chile: la gran minería del cobre, hierro, salitre, carbón y otras, en poder de empresas extranjeras –entre ellas los gigantes de la industria cuprífera: la Anaconda Copper y la Kennecott– y de los monopolios nacionales. Con una inversión inicial de unos 30 millones de dólares al cabo de 42 años la Anaconda y la Kennecott remitieron al exterior utilidades superiores a los 4000 millones de dólares. No contento con esto Allende nacionalizó casi la totalidad del sistema financiero del país: la banca privada y los seguros, adquiriendo en condiciones ventajosas para su país la mayoría accionaria de sus principales componentes. Nacionalizó a la International Telegraph and Telephone (IT&T), que detentaba el monopolio de las comunicaciones y que antes de la elección de Allende había organizado y financiado, junto a la CIA, una campaña terrorista para frustrar la toma de posesión del presidente socialista. Recuperó la gran empresa siderúrgica, creada por el Estado y luego privatizada. Aceleró y profundizó la reforma agraria, que con su predecesor democristiano había avanzado con pasos lentos y vacilantes. Una casi olvidada ley de la fugaz República Socialista de Chile (4 de junio-13 de septiembre de 1932) facultaba al presidente a expropiar empresas paralizadas o abandonadas por sus dueños. Se constituyó un “área de propiedad social” en donde las principales empresas que condicionaban el desarrollo económico y social de Chile (como el comercio exterior, la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel) pasaron a estar controladas por el Estado. Todo esto hizo Allende en los pocos años de su gestión, aparte de crear una gran editorial popular, Quimantú, para acercar la cultura universal a chilenas y chilenos y de devolver la dignidad a un pueblo por décadas sometido al yugo de una feroz oligarquía neocolonial.


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