Publicado en línea el Martes 3 de julio de 2018, por Fuente: Página/12

Los docentes estatales y privados de Ctera y Sadop realizan hoy un paro nacional en repudio a las represiones sufridas por maestros en Chubut y Corrientes. Con la protesta exigen también que el Gobierno intervenga para solucionar los conflictos salariales abiertos las provincias –en 9 de 24 distritos no se logró llegar a acuerdos paritarios– y que restablezca la paritaria federal, eliminada por un decreto presidencial. 

El llamado al paro se desencadenó por un violento operativo policial realizado la semana pasada contra docentes de Chubut que esperaban en la puerta de la gobernación, mientras adentro se realizaba una reunión paritaria que finalizó sin acuerdo. El 25 de junio había sido reprimida también una columna de docentes correntinos que se manifestaban en el marco del paro general.

La situación en la provincia patagónica es crítica. Los maestros, junto estatales, trabajadores de la salud, judiciales y viales, llevan 103 días de acampe frente a la gobernación. Desde mayo de 2017 tienen sus sueldos congelados, y desde principios de este año –tras la firma del pacto fiscal–, pasaron a cobrarlo en cuotas. Ante la falta de respuestas fueron tomando ministerios y otras dependencias oficiales, por lo que el Estado provincial está hoy prácticamente paralizado. Ante la presión, la gobernación convocó finalmente a paritarias, pero presentó ofertas rechazadas por insuficientes. 

“La situación es gravísima. Hay muchas compañeras docentes que ya no pueden hacerse cargo de pagar el alquiler”, remarcó ayer Sonia Alesso. La titular de Ctera advirtió que “Chubut es el primer caso, pero creemos que no va a ser el último, ya que se dan una serie de condiciones a lo largo del país para que esto suceda”.

En vísperas del paro, fuerzas de la oposición (FpV-PJ, Peronismo para la Victoria, FR, Libres del Sur y Nuevo Espacio Santafesino, entre otras) presentaron en Diputados un proyecto para que el Gobierno auxilie económicamente a Chubut, así como a los distritos en dificultades para pagar los sueldos docentes. El proyecto está basado en la llamada ley de los 180 días de clases, sancionada en 2003. Remarca además que el gobierno nacional debe cumplir con la ley financiamiento educativo.


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