Publicado en línea el Martes 3 de julio de 2018, por ANRed

El jueves 28 de junio se realizó el plenario extraordinario de delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el predio que el sindicato tiene en Moreno. En dicho encuentro, valiendose del Comité de Ética Gremial, le han quitado la tutela sindical a 48 delegados no afines a la conducción oficialista de Roberto Fernández, y otros 11 han sido apercibidos.

Los principales perjudicados con dicha medida son delegados y delegadas cordobesas, quienes protagonizaron la histórica huelga de 9 días, junto a varias activistas de trolebuses y a un grupo de delegados opositores de Salta y San Juan. A partir de ahora, los activistas combativos quedan a la deriva de lo que resuelvan las empresas y las cámaras empresarias de cada seccional provincial.

De esta manera, el gremio de los Tranviarios busca sacarse de encima a la oposición. Consultado por ANRed, el delegado de Aucor, Marcelo Marín, declaró: “Todos los delegados que no son afines a este régimen antidemocrático y dictatorial terminan siendo proscriptos. Lamentablemente eso nos toca a nosotros, que tenemos mandato vigente hasta el 23 de marzo de 2019″.

Y agregó: “Desgraciadamente, los trabajadores estamos a merced de estos sinvergüenzas y entregadores. Esperemos que, de un momento a otro, los compañeros se den cuenta de esta entrega que estamos sufriendo y salgamos a las calles a defender nuestros derechos”.

Los trabajadores aseguran que la expulsión de los delegados disidentes tiene la finalidad de allanar el camino para avanzar sobre los derechos conquistados. Afirman que Fernández tiene un acuerdo con Triaca para modificar el Convenio Colectivo del sector, que ya se trató de palabra en el cierre de la última paritaria. A su vez, aseguran que avanzará en un acuerdo con las cámaras empresarias para flexibilizar las relaciones laborales.

Roberto Fernández, a pesar de haber acatado el último paro general, es uno de los sindicalistas que más relación mantienen con el gobierno de Mauricio Macri. En un informe reciente, difundido por C5N, se ha conocido que el hijo del sindicalista es funcionario del Instituto de Vivienda de la Ciudad y que percibe un sueldo de 50 mil pesos. Además, Fernandez ha sido denunciado por tener empresas off shore en las Bahamas, cómo Calema SA y Vandalia Investments Limited.

Hasta el momento, los delegados y delegadas desaforados solo han sido notificados de manera informal. Al tiempo que esperan que se les notifique fehacientemente la quita de tutela sindical, advierten que saldrán a enfrentar este atropello de la dirección del sindicato. Como manifiesta Marcelo Marín: “hago un llamado a todos los compañeros para que despertemos y salgamos a darle pelea a esto, porque sino vamos a perderlo todo”.


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