Publicado en línea el Miércoles 4 de julio de 2018, por Página/12

Por Adriana Meyer

En la imagen se ve a Rafael Nahuel, dos días antes de su muerte, al centro, de gorra azul y roja, tocando un instrumento mapuche.

Imagen: Gustavo Zaninelli

Otra vez la realidad desmiente a la blindada ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ayer fue llamado a declarar como imputado Francisco Javier Pintos, el prefecto del grupo Albatros que efectuó el disparo que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel, tal como determinó el peritaje balístico que para la justicia es “indubitable”. Desde las usinas oficiales siguen sosteniendo que Nahuel perdió la vida en un “enfrentamiento”, el 25 de noviembre pasado, en la comunidad mapuche recuperada de Villa Mascardi, dos días después de haber sido desalojados por la justicia a pedido de Parques Nacionales. Y en ese sentido se aferran al hallazgo de partículas de pólvora en las manos de los jóvenes mapuches que bajaron del cerro a Nahuel mientras agonizaba. Sin embargo, PáginaI12 pudo saber que el peritaje que provino de Salta indicó irregularidades en la manipulación de las muestras enviadas desde Bariloche. Si el análisis de los restos de pólvora fuera declarado nulo, como pedirá la familia de Nahuel se caería definitivamente la teoría del enfrentamiento armado que plantea tanto el gobierno como la fiscal de este caso, Silvia Little (ver recuadro).

El juez federal Gustavo Villanueva citó a Pintos para indagarlo el próximo jueves, pero no dictó su prisión preventiva. Los abogados de la familia del joven mapuche asesinado solicitaron la inmediata detención del prefecto, pero a falta de idéntico enfoque por parte de la fiscalía todo indica que llegará en libertad hasta Tribunales.

“Si se cae la versión de que hubo una confrontación, Pintos debe quedar detenido, en cambio si prevalece esa línea le van a terminar dando una medalla”, dijo a PáginaI12 el abogado Matías Schraer, que representa a Lautaro González y Fausto Jones Huala, los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Rafita del cerro, aún con vida.

Quince días se tomó el juez Villanueva para citar al acusado, porque a principios de junio ya contaba con el resultado de la pericia balística. Ese estudio sostiene que el proyectil que provocó la muerte de Nahuel fue disparado por el subfusil MP5 que portaba Pintos. El prefecto también realizó disparos con una pistola Beretta y las pericias confirmaron, además, la presencia de partículas de pólvora en sus manos. En total se le atribuyen 40 disparos. Pintos, cabo primero de la Prefectura Naval, fue citado a indagatoria por el asesinato de Rafael Nahuel a las 12 del mediodía del 5 de julio. Fuentes con acceso al expediente indicaron al portal de En estos días –que anticipó hace dos semanas la identidad del prefecto homicida–, que dada las pruebas que existen en su contra el ‘albatro’ quedaría detenido luego de su declaración. Nahuel fue asesinado por la espalda el 25 de noviembre, cuando efectivos del Grupo Albatros de Prefectura entraron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, en las afueras de Bariloche. La autopsia realizada al joven determinó que murió por un “shock hipovolémico por lesiones de los órganos y tejidos que provocaron una hemorragia en cavidad torácica y peritoneal”.

Transferencia secundaria

A pesar de la contundencia del peritaje balístico que incrimina a los prefectos, desde el Ministerio de Seguridad los siguen defendiendo. La cartera que conduce Patricia Bullrich insiste en hubo “fuego cruzado” entre los miembros de Grupo Albatros y los mapuches, aunque en la comunidad no fue secuestrado armamento alguno. Ayer, apenas trascendió la noticia del llamado a indagatoria de Pintos, las habituales usinas mediáticas oficialistas volvieron a enfatizar que también fueron encontrados rastros de pólvora en las manos de los mapuches. “Es una operación para restarle peso al impacto de la orden de indagatoria, nosotros pedimos el inmediato sobreseimiento de Fausto y Lautaro porque no hay pruebas contra ellos y queremos que los saquen de la causa”, explicó Schraer. En un extenso escrito donde exigen que el juez Villanueva defina la situación procesal de ambos, cuyo pedido de prisión fue emitido por un polémico fallo de la Cámara de Casación, Schraer y su colega Sonia Ivanoff, invocaron el derecho indígena, y rechazaron los argumentos que los acusan de usurpación y atentado contra la autoridad.

Pero el párrafo al que dedicaron más esfuerzo lo dedicaron a refutar la hipótesis del enfrentamiento armado, que el gobierno invoca por la aparición de muestras de carbono en sus manos. “Nos asesoramos con nuestros peritos y con casos comparados, incluso de la policía de Boston, y creemos que hubo lo que se denomina transferencia secundaria de residuos de disparo de armas de fuego”, indicó el abogado. Los testimonios y las fotos muestran a Jones Huala y González que son esposados y precintados, y luego llevados hasta un vehículo de la PSA por los mismos prefectos que efectuaron los disparos montaña arriba. “Además, le tomaron las muestras dentro de un móvil de traslado de detenidos y de armas de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), cuando esos lugares no son aptos para la toma de muestras de carbono porque las pueden contaminar”, agregó.

El tercer elemento que derriba las razones de los funcionarios de Cambiemos tiene que ver con las condiciones en que fueron tomadas las muestras de los prefectos. Cuando “Rafita” ya había sido dejado al borde de la ruta 40, mientras en agonía les pidió que no lo pusieran en manos de los huinca (blancos invasores), la PSA separó a los ocho prefectos que habían disparado y les informó que debían entregar su ropa y armas. Pero antes de tomarle las muestras en la sede del ACA (Automóvil Club Argentino), y sin que nadie los custodiara, ingresaron a su base ubicada en un hotel abandonado. “Al salir tenían las manos blancas como si se hubieran lavado con CIF, mientras que los chicos (mapuches) las tenían mugrientas tal como bajaron del cerro”, describió Schraer. A los albatros les tomaron las muestras en la estación de servicio, a los jóvenes mapuches en la PSA, y a Nahuel en la morgue. “La prueba más evidente de que hubo transferencia secundaria es que a uno de los prefectos que no disparó le dió positivo, por las testimoniales sabemos que salió de escena porque se descompuso, y aún así tuvo rastros de pólvora”, dijo el defensor de los mapuches.

Ahora bien ¿en qué términos podría ser anulado el peritaje de estas muestras? El Centro Atómico de Bariloche elaboró un informe técnico en base a normas internacionales que fue enviado al Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que analizó las muestras de Nahuel, Jones Huala, González y los prefectos imputados. El resultado del peritaje ratificó la presencia de los elementos que conforman la pólvora, plomo, antimonio y bario, pero además informó el hallazgo de más rastros que los enviados por Bariloche. Y el punto más llamativo, apartado siete del peritaje según las fuentes consultadas por PáginaI12, indicó que “el soporte magnético y las filmaciones evidencian que debajo del microscopio, cuando pasaban de una muestra a otra, no se cambiaban los guantes”. Este es el punto que podría significar la nulidad del informe, algo que beneficiaría tanto a los prefectos como a los mapuches. La diferencia, en ese caso, será la pericia balística que quedaría como prueba contundente del homicidio de Rafael Nahuel a manos del cabo primero Pintos.

Un peritaje sospechoso

“Llamativamente en el nuevo análisis que viene de Salta salen partículas que antes no aparecían”, dijo a PáginaI12 el abogado de la familia Nahuel, Marcos Miguel, sobre el hallazgo de restos de pólvora en el cadáver de Rafita. Y anticipó que impugnarán el peritaje. Además, pidió al juez federal Gustavo Villanueva que el acusado Javier Pintos sea detenido, al argumentar que no hubo enfrentamiento alguno y que el “albatro” está acusado de un delito cuya pena no permitiría su excarcelación. “El proyectil, identificado con la letra A, extraído de quien en vida fuera Rafael Nahuel, fue producto del arma identificada con la letra B, subfusil marca HK, modelo MP5, calibre 9x19, número de serie 05-C3335508, por lo que queda acreditado de donde provino el disparo que provocó la muerte de Rafael Nahuel. Conforme la autopsia, que estableció que fue un homicidio, y conforme a toda la prueba recolectada que da fe de que no existió un enfrentamiento con armas, no se ha secuestrado ni constatado la existencia de armas/casquillos por parte de los integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, estamos frente a un caso de homicidio por la espalda, un delito gravísimo”, dice el documento al que accedió este diario.


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