Publicado en línea el Sábado 7 de julio de 2018, por APeL, Liliana Alaniz

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó el dictado de prisión preventiva contra nuestros compañeros Dimas Ponce y César Arakaki.

El fallo, por unanimidad de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que imponía la prisión preventiva a los militantes del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Ponce, en la causa por la represión del 18 de diciembre, en el marco de la gigantesca movilización al Congreso contra la reforma previsional.

La Cámara hizo lugar al planteo de la defensa respecto que la resolución era infundada y arbitraria ya que no se había considerado las circunstancias que rodeaban el caso. Es decir, el hecho que los compañeros estuvieron desde el principio de las actuaciones a disposición de la justicia, reivindicando que se presentaron voluntariamente ante los trascendidos periodísticos. Por otra parte, demolió los falsos argumentos de la Cámara de Apelaciones acerca de que los compañeros podrían entorpecer o alterar la investigación. Destacó además, que la arbitrariedad llegó a un punto tal que se pretende utilizar un recurso de última ratio, como la privación de la libertad por delitos que admiten la excarcelación. 

En enero, el juez Torres había dispuesto la excarcelación de César y Dimas, quienes pasaron entre un mes y quince días detenidos respectivamente, aunque los mantuvo procesados por intimidación pública “y “atentado a la autoridad”, entre otras imputaciones. Un mes después, la Cámara de Apelaciones redujo estas acusaciones a delitos menores, ordinarios y excarcelables, pero al mismo tiempo ordenó su prisión preventiva, con la acusación de que “podrían obstaculizar la marcha de la causa”.

La intensa campaña desarrollada por el Partido Obrero, acompañada por el movimiento de derechos humanos, organizaciones sindicales, la Asociación Argentina de Actores, entre otros, le ha dado un revés a la política de criminalización del gobierno, que desarrollando una abrumadora operación desde los medios de comunicación y su ejército de trolls quisieron utilizar el caso como una forma de aleccionar al movimiento obrero que se movilizó masivamente contra la reforma previsional. La defensa de las libertades democráticas y el derecho de manifestación se vuelve aún más imperiosa en momentos en que el gobierno ha suscripto un acuerdo con el FMI que asegura nuevos ataques a las condiciones de vida de los explotados. 

Sigamos la lucha hasta la absolución definitiva de los compañeros.
 

Para ver la resolución de la Cámara de Casación, hace click aquí


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