Publicado en línea el Martes 17 de julio de 2018, por ANRed

Laura Alonso es la titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, tras los datos obtenidos en una investigación del periodista Sebastian Lacunza, para el medio LetraP, Alonso no solo no estaría cumpliendo sus funciónes, sino que, por el contrario, se vería envuelta en una trama de corrupción, asociada a contrataciones irregulares y fraudulentas.

Desde su puesto, Alonso contrató a la consultora Consualor -vinculada al PRO- como agente de prensa, con contratos que alcanzan los 82.500 pesos mensuales y cifras que llegan al millón de pesos anuales. Consualor fue fundada en 2005 y, de acuerdo a su página web, ofrece un servicio de estrategia comunicacional, de análisis de “riesgo político regulatorio” y de “lobbyng”.

Según afirman las versiones periodísticas, Alonso habría disimulado el vínculo comercial con la consultora a través de dos de sus dueños: Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice. Ambos están señalados por haber recibido contratos similares en al menos 12 organismos del Estado, entre los que figuran los ministerios de Justicia, Trabajo, Medio Ambiente y Defensa.

De acuerdo con lo publicado, Laura Alonso intentó esconder el vínculo con la consultora. Lo hizo mediante una una nota firmada por la Dirección de Gestión Documental del Ministerio de Justicia, en la que “procuró negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Giudice, porque podría afectar ‘la protección de datos de persona”. O sea: Alonso oculta la información para evitar ser investigada.

Una investigación previa, publicada en enero pasado por el diario Página 12, había advertido sobre este tipo de maniobras y apuntado contra la titular de la oficina Anticorrupción. A raíz de esta denuncia, Alonso dio de baja los contratos con los dueños de Consuasor y la consultora eliminó su página web para luego desaparecer de la vida pública.

Además, desde la Secretaria de Ética Pública han revelado que un 10 por ciento de los funcionarios de Cambiemos aún no han presentado sus declaraciones patrimoniales. Por si fuera poco, desde dicha Secretaría han ampliado el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones anuales 2017, hasta el 31 de agosto de 2018.

La trama de corrupción no se detiene ahí, sigue: Consuasor había sido contratada, previamente, por Federico Pinedo para colaborar con el bloque del PRO en Diputados. Además, Sosa Liprandi era asesor personal del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con un sueldo de 40 mil pesos; sumados a otros 50 mil que cobraba de la oficina de Pinedo y otros 30 mil de parte del gobierno de Salta. A su vez, hasta febrero de 2017, había recibido pagos del Ministerio de Medio Ambiente.

El de las contrataciones fraudulentas no es el único caso de corrupción que atraviesa a Cambiemos. A las acusaciones hacia el presidente y varios miembros de su gabinete por tener cuentas en paraísos fiscales, se le suma el de la condonación millonaria de deuda hacia empresas familiares y el de los aportantes truchos a la campaña del PRO. El gobierno que llegó al poder con su “cruzada anti corrupción” está siendo investigado, justamente, por corrupto.


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