Publicado en línea el Sábado 21 de julio de 2018

Leo Correa/AFP/Getty Images La lucha para proteger a los jóvenes brasileños negros frente a la violencia policial y para que las víctimas del pasado reciban justicia sigue siendo tan necesaria y pertinente como siempre, ha dicho Amnistía Internacional en el 25 aniversario de la matanza de Candelária, en la que unos policías fuera de servicio mataron a ocho muchachos negros en Río de Janeiro.El asesinato de los muchachos, que dormían en la calle, cerca de la iglesia de la Candelária, el 23 de julio de 1993, provocó indignación en todo el mundo. Y, sin embargo, actualmente en Brasil la policía brasileña y otros agentes estatales continúan formando grupos de “exterminio” que siguen siendo uno de los principales motores de la violencia en Río.“La violencia policial en Río de Janeiro ha sido estimulada por las propias políticas estatales de la década de 1990, que recompensaba a los agentes en función del número de ‘delincuentes’ que mataban”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.“Las repercusiones de este enfoque inhumano han llegado hasta la actualidad. En lugar de orientar a la policía hacia la protección y la defensa de la vida, el Estado ha reforzado la idea de que su función es matar.”Tras los homicidios de Candelária, Amnistía Internacional denunció las violaciones cometidas por la policía y se unió al movimiento de las familias de las víctimas para conseguir justicia, verdad y reparación.La organización hizo lo mismo cuando, sólo un mes después, un “grupo de exterminio” formado por agentes de policía mató a otras 21 personas, la mayoría jóvenes de raza negra, en la favela Vigário Geral de Río.Los métodos violentos de la policía en la década de 1990 se exacerbaron debido a iniciativas del gobierno tales como la “recompensa al estilo de las películas del vaqueros” —una gratificación económica por la “valentía”, cuantificada en función del número de personas asesinadas— y también por las declaraciones del gobierno en apoyo de las ejecuciones.Algunos de los miembros de esos grupos de “exterminio” de la policía ocupan actualmente puestos destacados en el aparato del Estado, lo cual refuerza aún más la impunidad.El movimiento de las madres en favor de las víctimas de la violencia policialEn respuesta a la violencia sin control de la policía y otros agentes del Estado, surgió un movimiento formado por madres de víctimas.Los grupos se organizaron durante el periodo de luto y lucha por la justicia que siguió a los terribles crímenes de la década de 1990, y desde entonces han aumentado sus redes de apoyo y solidaridad y han conseguido mayor protagonismo.El detallado seguimiento de los casos por parte de las madres y su incesante demanda de justicia las han convertido en piezas clave en la campaña para que las fuerzas de seguridad respondan de las violaciones de los derechos humanos.Los grupos de madres han denunciado el racismo endémico en las fuerzas de seguridad, que ha fomentado los homicidios de jóvenes, especialmente negros y residentes en favelas y otros suburbios pobres.El objetivo de las madres es impedir que otras familias sufran la violencia policial que se cobró la vida de sus hijos.“Las madres han dado visibilidad a cuestiones que anteriormente se trataban con indiferencia en la agenda pública nacional, y su lucha es fundamental a la hora de presionar a las autoridades de Brasil para que creen una nueva política de seguridad pública que valore la vida”, ha señalado Jurema Werneck.“El resto de la sociedad brasileña debe ahora movilizarse junto con las familias de las víctimas de violencia policial para terminar con la lógica de guerra que rige la política de seguridad pública y conduce al asesinato de jóvenes negros brasileños”.
Información complementariaEn el informe de 2003 Candelária y Vigário Geral diez años después, Amnistía Internacional advirtió sobre el incremento del número de homicidios a manos de los agentes de policía, la mayoría de personas de raza negra y residentes en favelas.
En 1990, Brasil aprobó el Estatuto del Niño y del Adolescente, uno de los avances más importantes para proteger a las personas jóvenes que viven en las calles. Sin embargo, casi treinta años después, el Estado sigue sin aplicarlo adecuadamente.​


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