Publicado en línea el Miércoles 25 de julio de 2018, por agustin

ATTAC- MADRID tiene como principales fines la reconquista por los ciudadanos del poder que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida política económica, social, cultural e informativa, en todo el mundo, así como la recuperación y/o defensa de los servicios públicos y bienes comunes, ya sean patrimoniales o demaniales, por medio del ejercicio de cuales quiera acciones, incluso de carácter judicial. Por tal motivo, desde hace años, ATTAC-Madrid viene denunciando las prácticas corruptas y dilapidadoras de lo público. Pocas prácticas como el fraude fiscal, suponen mayor rechazo social y evidencian la necesaria colaboración para luchar contra el de todos los actores públicos, principalmente del Ministerio Fiscal, en un momento en el que está en juego la credibilidad de quien ha ostentado la jefatura del Estado Español.

Asimismo, debe señalarse la experiencia en la persecución de los delitos y hechos investigados por parte de ATTAC-Madrid:
En 2014 ATTAC-Madrid se adhirió a la querella presentada por la Asociación de Afectados por la gestión de la Televisión pública madrileña, y es también una de las organizaciones que en el ejercicio de la Acusación Popular presentó la querella criminal contra diversas personas ante el Juzgado Central de Instrucción No 6 de la Audiencia Nacional, en las diligencias previas 91/2016.
ATTAC-Madrid es, asimismo, una de las organizaciones que vienen denunciando desde hace años las actividades sospechosas e irregulares en el Canal de Isabel II. La Plataforma contra la privatización del CYII, de la que ATTAC-Madrid fue fundadora e impulsora, ha venido desarrollando una enorme cantidad de acciones de presión política como el ejercicio de acciones jurídicas, promoviendo una gestión transparente y eficaz de la misma.

Sobre la pertinencia de esta denuncia, nos remitimos a las palabras de la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, delegación de las Islas Baleares:

“Conviene así mismo recordar que si cualquier ciudadano tuviera indicios o constancia de una actuación ilícita (…), debe acudir a las instancias correspondientes y denunciar dicho hecho. No hacerlo, y simultáneamente especular o afirmar la existencia de confabulaciones delictivas dirigidas a la protección de determinadas personas en función de su posición, equivale al “humo” (…)”.

Asimismo, evocando las palabras del profesor Bernd Shünemann, célebre penalista alemán, observamos que frente a los hechos delictivos de gran trascendencia económica y social ha resultado útil, si no imprescindible, investigar las responsabilidades individuales que se han dado oponiendo frente el escepticismo penal y filosófico que empapa hasta los niveles más sutiles y ramificados de la argumentación, las capacidades reguladoras de la sociedad.

 


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