Publicado en línea el Viernes 27 de julio de 2018

Valla de Ceuta © Amnistía Internacional Ante las declaraciones realizadas ayer por el Ministro de Interior Fernando Grande Marlaska en el programa Hora 25 de la Cadena SER en las que aseguraba que, según la legislación vigente, “no ha habido ninguna irregularidad en las devoluciones ” de personas inmigrantes realizadas recientemente en Ceuta, Amnistía Internacional muestra su rechazo por estas manifestaciones públicas del principal responsable de las cuestiones de inmigración en el Estado español.
La organización recuerda que ninguna legislación interna puede vulnerar normas y estándares internacionales de derechos humanos, e insta a la derogación de la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite las devoluciones en frontera sin acceso al procedimiento adecuado y que es la legislación a la que alude el Ministro para hacer sus declaraciones.
“Las expulsiones sumarias y colectivas están prohibidas, de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria, cualquier alegación de expulsión colectiva debe ser inmediatamente investigada”, asegura Virginia Álvarez, experta en migración en Amnistía Internacional España.
“A pesar de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes y a posibles solicitantes de asilo. Esta práctica vulnera las normas internacionales y la propia legislación española, que obliga al acceso a los procedimientos individualizados de asilo que permitan identificar si estas personas necesitan protección internacional. Estas expulsiones podrían vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”.
Amnistía Internacional ha denunciado durante años y de forma reiterada violaciones de derechos humanos en las expulsiones sumarias y colectivas de personas migrantes y solicitantes de asilo que se realizan en las fronteras de Ceuta y Melilla, y que tal y como han denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o el Comisario Europeo de Derechos Humanos entre otros, violan los estándares internacionales de derechos humanos.


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