Publicado en línea el Viernes 27 de julio de 2018

© Amnistía Internacional La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay por la que absuelve a 11 personas y ordena la liberación de cuatro campesinos que aún se encontraban en prisión, condenados injustamente por la muerte de seis policías en el contexto de un desalojo violento en el distrito de Curuguaty en 2012, representa una gran victoria para los derechos humanos, declaró Amnistía Internacional hoy.
“Tras seis años de lucha por la justicia en este terrible caso, hoy por fin celebramos la absolución de 11 personas campesinas acusadas injustamente de la muerte de seis policías, en uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad paraguaya y la comunidad internacional. La sentencia de la Corte es un triunfo importante para los derechos humanos en Paraguay”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Sin embargo, aún queda pendiente el deber de las autoridades paraguayas de garantizar justicia, verdad y reparación por las muertes de 11 campesinos que se han negado a investigar, así como continuar con la investigación por la muerte de los seis policías.”
El 15 de junio de 2012, un operativo realizado por más de 300 policías para desalojar alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras en Curuguaty, departamento de Canindeyú, resultó en la muerte de 11 campesinos y seis policías.
Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron casos de tortura y el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, por policías durante los hechos ocurridos en Curuguaty. Sin embargo, las autoridades paraguayas investigaron únicamente la muerte de los seis policías, y determinaron la presunta responsabilidad de 11 personas campesinas en un proceso plagado de irregularidades y violaciones del debido proceso. Las muertes de 11 campesinos continúan impunes hasta la fecha.
El 26 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a las 11 personas acusadas, al establecer que no se había demostrado que hubieran cometido los crímenes de que se les acusaba. Los jueces anularon la sentencia contra las 11 personas acusadas, ordenaron su liberación inmediata y descartaron un nuevo juicio.
“La resolución de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recuerda un mensaje categórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: que ante la privación de la vida, el Estado tiene la obligación de investigar efectivamente todos los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de lo contrario, se generarían las condiciones para que tales hechos se repitan en un ambiente de impunidad”, dijo de Rosalía Vega, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay.
En junio de 2016, Amnistía Internacional Paraguay lanzó una campaña con el objetivo de exigir al Estado paraguayo cumplir con su obligación de realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Curuguaty y durante el proceso penal contra las personas acusadas por la muerte de los seis policías.
Amnistía Internacional seguirá instando al Estado paraguayo para que todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso de Curuguaty se investiguen adecuadamente y no queden impunes.


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