Publicado en línea el Viernes 11 de marzo de 2016, por Red Eco Alternativo

(Red Eco) Buenos Aires - El subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena serán juzgados a partir del miércoles 16 de marzo por torturas seguidas de muerte. Sin duda es una buena noticia, sin embargo el camino hacia el juicio no fue sencillo para la familia de Blanco y tampoco está garantizada la realización de un proceso sin dificultades.
El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco de 21 años apareció colgado en su calabozo; había sido detenido pocas horas antes cuando se dirigía a la casa de su hermana. Lo acusaron de haber robado, lo golpearon y se lo llevaron hasta la comisaría de San Carlos donde siguieron torturándolo.
Previamente, el joven había estado preso por robo, pero en aquel momento ya tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones, a pesar de lo cual continuaba siendo hostigado para que delinquiera para la propia policía, algo a lo que él se negaba y por lo que era perseguido y humillado de manera constante.
En la comisaría, a Gabriel se lo escuchaba gritar, por lo que su pareja pidió hablar con él para que viera a su hijo, pero los agentes le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Esa misma noche, un patrullero fue hasta la casa familiar para informar que Gabriel se había suicidado.
Al recibir el cuerpo, los familiares vieron tenía la mortaja pegada, en un intento por disimular la golpiza que había recibido, además le faltaban piezas dentales.
Ante esta situación, se solicitó la realización de una segunda autopsia y una reconstrucción del hecho que determinaron la falsedad de la versión del suicidio.
“Lo hicieron pasar como un suicidio, dijeron que había usado los cables de luz para ahorcarse, pero la comisaría tiene 40 años y los cables son viejos por lo que no coincidían con el cable nuevo que decían que había usado para ahorcarse. Además, Gabriel medía como un metro ochenta y pico y la altura de la cama de cemento con la reja por donde habría pasado el cable no llega al metro veinte, yo mismo lo comprobé”, explicaba Teófilo Blanco, papá de Gabriel, a Red Eco en una entrevista realizada hace poco menos de un año.
Tras la muerte del joven, patrulleros pasaban permanentemente por la casa de la familia Blanco haciendo sonar sus sirenas. También se presentaban efectivos en la vivienda del Barrio “La Borward” preguntando por Gabriel.
El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictó prisión preventiva para el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte. Una primera apelación fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. A su vez, se procesó por encubrimiento al comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y al capitán Daniel Omar Dos Santos.
Sin embargo, a partir del avance de la causa, los defensores de los efectivos comenzaron una campaña en contra de la APDH de La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria, que desde un comienzo acompañaron a la familia Blanco. Los acusaron de extorsión y denunciaron que los organismos les habían ofrecido “beneficios procesales” a los presos que habían estado en la comisaría la noche en que Gabriel murió para que declarasen en contra de los policías.
Según aclaró desde un principio Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza, se dirigieron efectivamente a la comisaría para dialogar con los detenidos y saber qué había pasado. La mayoría de los presos aseguró haber escuchado, durante la noche en que murió Blanco, a un joven que gritaba desesperadamente.
Además, la APDH La Matanza debió presentar un habeas corpus colectivo preventivo a partir de las amenazas, agresiones y hostigamientos que sufrieron varios de sus integrantes.
Algunos fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a sus casas, les apuntaban con armas y sin decirles nada se retiraban; otros fueron seguidos en autos, golpeados, etcétera.
Todos estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de La Matanza, que sin embargo sí dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea. Se realizaron varias movilizaciones multitudinarias, e incluso Pimentel mantuvo una audiencia con el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Finalmente, el fiscal José Luis Claudio Longobardi archivó la causa en su contra, aunque advirtió que si durante el juicio aparecían nuevos elementos, volvería a abrir el expediente.
Cabe recordar que hace varios meces ya se había realizado un primer sorteo de jueces para juzgar a los policías, pero uno de los magistrados tenía relación con uno de los acusados por lo que el inicio del proceso se retrasó. Ahora, el encargado de juzgar a los policías será el Tribunal en lo Criminal Nº 5 (TOC 5); de todos modos sus integrantes ya tomaron algunas decisiones que podrían caracterizarse sin dudar como parciales. Primero, el 22 de diciembre de 2015 anularon la prisión preventiva de los acusados, otorgándoles el beneficio de la prisión domiciliaria. Luego, declararon nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque los policías hoy acusados participaron de ese operativo como testigos, ya que en ese momento no habían sido aún imputados por la muerte de Gabriel. Para los jueces, entonces, no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.
Los abogados defensores solicitaron además que tampoco sea tenida en cuenta la re-autopsia efectuada al cuerpo de Gabriel que confirma la inverosimilitud de la versión del suicidio.
“Nosotros entendemos que los defensores de los policías van a presentar todo tipo de medidas para que sus defendidos no sean culpados, pero por ejemplo una de las presentaciones que hicieron fue para que no se tuviera en cuenta la reconstrucción del hecho, porque aparentemente no se ajustaría a la reglamentación, ya que se había convocado a los policías que actuaron en ese momento, a los que estaban trabajando la noche en la que Gabriel Blanco aparece muerto. Se los convoca justamente para que den su testimonio, no estaban imputados, eran testigos, pero después sí se los imputa por el hecho entonces dicen que esto invalida la reconstrucción y que no se debe tener en cuenta. Pero los abogados no solamente pidieron eso, sino que también solicitaron que no se tenga en cuenta la pericia de la re-autopsia, y eso realmente lo vemos como muy grave porque en esa pericia, que se hace a los 3 meses del hecho, se pudo determinar que se habían encontrado golpes vitales, entonces si no se va a tener en cuenta esa pericia se puede complicar”, afirmó al respecto Pablo Pimentel en una entrevista realizada por La Retaguardia.
Este accionar de los magistrados fue denunciado durante una conferencia de prensa que se realizó el lunes 7 de marzo. En este marco, José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre afirmó: “la causa que nos convoca es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en Seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli en 2014, y con la constitución por decreto de las policías locales. Todo esto generó una situación, para finales de 2015, que la Comisión Provincial por la Memoria caracterizó como un 'colapso de los derechos humanos’”.
A su turno, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó: “la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar”.
Sobre el accionar del TOC 5 en casos similares, el doctor Alejandro Bois, integrante de APDH La Matanza, señaló: “(actuó) en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los 5 efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como partícipe en un robo y que fue linchado por 5 vecinos a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda”.
Respecto a la causa por la muerte de Blanco, Bois afirmó: “muchas de nuestras conclusiones se nutren de la reconstrucción ahora anulada, la misma que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa. (Este tribunal) no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta. (…) Así el resultado del juicio está un poco anticipado”.
A pocos días del inicio del juicio y ante el panorama adelantado por las acciones de los integrantes del tribunal que juzgará a los acusados por la muerte de Gabriel, desde la APDH La Matanza aseguraron: “si los policías acusados quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración de poder de la corporación policial, judicial y política. Una forma de disciplinar a los pobres que se rebelen ante el abuso de poder y la violencia institucional”.


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