Publicado en línea el Viernes 31 de agosto de 2018

Inti Ocon/AFP/Getty Images Ante la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de expulsar a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un día después de la presentación de su informe “Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua”, sobre la grave crisis que enfrenta el país desde el 18 de abril de este año, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:“Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país ha podido constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, y ha ofrecido al gobierno, a través de su informe, una ruta de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos.”

El gobierno de Nicaragua está evitando el escrutinio internacional para continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión
Erica Guevara, Amnistía Internacional
“El gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Esta postura agrava todavía más la crisis, que ha dejado hasta el presente no menos de 322 personas muertes, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca de protección.”“La expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega para generar un contexto de temor en la población, con el fin de silenciar a las voces disidentes y la exigencia de justicia. Este tipo de acciones no van a impedir que las organizaciones de derechos humanos continuemos exponiendo y denunciando sus tácticas represivas hasta obtener justicia, verdad y reparación para las víctimas”.


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