Publicado en línea el Miércoles 19 de septiembre de 2018

© AFP La orden dictada por un tribunal de Estambul de mantener a 24 trabajadores de la construcción y líderes sindicales en prisión en espera de juicio es un flagrante intento de las autoridades por silenciar la protesta legítima. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los trabajadores y los líderes sindicales formaban parte de los cientos de personas que llevaban bajo custodia policial desde el 15 de septiembre, después de las protestas celebradas en Estambul por las condiciones de trabajo en el lugar de construcción de un nuevo aeropuerto, cuya inauguración está prevista en la ciudad el mes que viene. Cuando la policía intervino para poner fin a las protestas, se produjeron enfrentamientos.
“En lugar de sofocar la protesta pacífica legítima con cañones de agua, gas lacrimógeno y detenciones, las autoridades turcas deben escuchar las quejas de los trabajadores y garantizar que éstos cuentan con un lugar de trabajo seguro y digno”, ha manifestado Andrew Gardner, experto de Amnistía Internacional sobre Turquía.
Los trabajadores se quejaban de condiciones de trabajo y de vida inhumanas en el emplazamiento y de la falta de seguridad en el lugar de trabajo, así como de demoras u omisiones en el pago de sus salarios y de las cotizaciones de la seguridad social.
En febrero de 2018, el entonces ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró que 27 trabajadores habían muerto desde que se inició la construcción en mayo de 2015, algunos de ellos por problemas de salud o por accidentes de tráfico en las cercanías del emplazamiento. Sin embargo, los trabajadores y los sindicatos afirman que la cifra es mucho más alta.
Los trabajadores y los líderes sindicales encarcelados están acusados de impedir a los funcionarios del Estado realizar su trabajo, obligar a otras personas a detener o suspender el trabajo o amenazarlas para que lo hagan, causar daños en propiedad pública y participar en la protesta con armas. Sin embargo, en la vista judicial no se presentaron pruebas que fundamenten estos cargos.
“La gente tiene derecho a la seguridad en el trabajo, a organizarse y a protestar de forma pacífica”, ha manifestado Andrew Gardner. El uso indebido del sistema de justicia penal y la intimidación de estos trabajadores no sólo viola sus derechos humanos: además, sólo sirve para incrementar las tensiones.”
Información complementaria:
Miles de gendarmes y policías intervinieron para disolver una protesta organizada por trabajadores de la construcción en Estambul el 14 de septiembre. Utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, y más de 500 trabajadores fueron detenidos por la policía. A la mayoría de los detenidos los arrestaron después de la medianoche del 15 de septiembre, durante una redada policial en sus dormitorios mientras descansaban.
El Colegio de Abogados de Estambul y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía han manifestado que a los abogados no se les permitió el acceso a los trabajadores detenidos, y que a muchos de éstos les tomaron declaración agentes de la gendarmería sin que contaran con asistencia letrada, lo cual es contrario a la legislación turca.
Cuarenta y tres de los detenidos, entre ellos cuatro miembros del sindicato de trabajadores de la construcción (Insaat-Sen), comparecieron ante el Tribunal de Gaziosmanpasa, en Estambul, el 18 de septiembre por la tarde. La fiscalía pidió al tribunal que ordenara la prisión de 28 y dejara en libertad condicional a 15 trabajadores mientras continuaba la investigación contra ellos.
Al atardecer del 15 de septiembre se organizaron en Estambul y Ankara varias protestas de solidaridad. En ellas, más de 30 personas fueron detenidas, incluido al menos un periodista que informaba sobre una protesta organizada en Kadıköy, Estambul. Hubo denuncias de que la policía había utilizado fuerza excesiva contra los manifestantes en Kadıköy y que había maltratado a los detenidos.


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