Publicado en línea el Viernes 28 de septiembre de 2018

© GTRES Amnistía Internacional sigue de cerca la investigación judicial de algunos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía cometidos durante el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. “Un año después, aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales. Los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde en la investigación”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La organización trabaja sobre tres casos graves: los de Alejandra Rayas (que esperaba pacíficamente para votar delante de la Escuela Mediterrània, en Barcelona, cuando un agente de la Policía Nacional la golpeó en la cara y el cuello sin razón aparente) y Roger Español (que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional en el cruce de la Calle Calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona), investigados por un juzgado de instrucción de Barcelona, y los sucesos de Aiguaviva, investigados por un juzgado de instrucción de Girona. En los últimos meses se han producido algunos avances judiciales, entre los que destaca la citación como investigados de agentes presuntamente implicados en los abusos policiales, como los sufridos por Alejandra Rayas y Roger Español. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa la falta de iniciativa de la Fiscalía, ya que un año después no ha solicitado la práctica de ninguna diligencia de investigación dirigida al esclarecimiento de los posibles abusos cometidos.
Amnistía Internacional ya ha mostrado su preocupación por la falta de impulso procesal por parte de la Fiscalía con relación a la investigación de otros casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el pasado; y ahora observa con preocupación que esta pauta se repite también en relación al uso excesivo de la fuerza y uso inadecuado de material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre. “Esta situación debe cambiar radicalmente. Si hay verdadera voluntad de esclarecer los hechos, la Fiscalía debe asumir un rol activo en los procedimientos judiciales en curso”.
Por otra parte, el Ministerio del Interior, en términos generales, está colaborando con los juzgados de instrucción, a pesar de que falta aportar información relevante. “Es obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración decidida con los tribunales encargados de investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre, sin dilaciones indebidas y con todo el detalle disponible que permita el esclarecimiento de los hechos”, insiste Beltrán. Además, la organización sigue sin tener conocimiento de que el Ministerio del Interior haya abierto investigaciones internas sobre estos sucesos, algo que debería hacer para determinar la responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan.
"Todo operativo policial de control de manifestaciones en el que se haya recurrido a la fuerza debe ser objeto de revisión, tanto a través de investigaciones judiciales, cuando se hayan producido actos de violencia o personas hayan resultado heridas, como internas, con vistas a establecer la responsabilidad tanto de los agentes que han participado como de los distintos niveles de la estructura de mando” recuerda Beltrán.
Por otro lado,el juzgado de instrucción encargado de la investigación de los operativos desplegados en Barcelona el 1-O ha archivado un número importante de denuncias. En algunos de estos casos, las investigaciones se han cerrado por la falta de material audiovisual, lo que, a juicio del juez, impedía valorar la actuación policial o identificar a los agentes responsables. En otros casos, y pese a reconocerse la existencia de hechos posiblemente constitutivos de uso excesivo de la fuerza, se han cerrado por la imposibilidad de identificar a los agentes. Finalmente, algunas denuncias han sido archivadas por considerar el juez que el uso de la fuerza había sido proporcionado.
Información adicional
El pasado 2 de octubre de 2017 Amnistía Internacional denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con motivo del operativo desplegado el 1 de octubre para impedir la celebración de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
La organización envió una delegación a Barcelona, que pudo confirmar sobre el terreno que miembros de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, al cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que impedía la votación.
Amnistía Internacional también documentó casos en los que algunos agentes encargados de hacer cumplir la ley hicieron un uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como el empleo de pelotas de goma por agentes de la Policía Nacional en el cruce de la calle Sardenya con la calle Diputació, en Barcelona, o porras de goma en su actuación en varios colegios como Pau Claris, Àgora o Mediterrània también en Barcelona, o la utilización de sustancias químicas irritantes en Aiguaviva (Girona), entre otros.
El 10 de mayo de 2018, Amnistía Internacional hizo público un informe en el que analizaba la rendición de cuentas por los casos de uso excesivo de la fuerza producidos durante el 1 de octubre. En ese informe, la organización analizó las investigaciones judiciales por los casos graves documentados por la organización, y formulaba recomendaciones al Ministerio del Interior y al Ministerio Fiscal con el objetivo de que se realizaran investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza. La organización también pidió que se garantizase que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el día 1 de octubre recibían reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, sin que dicha reparación dependiera de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presentaran una demanda civil en los tribunales, algo que todavía no ha ocurrido.


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