Publicado en línea el Martes 16 de octubre de 2018, por Jose Luís García Marcos

El plan presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas incluye las medidas pactadas entre el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Gobierno. Gracias a ello, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 abren el camino de una nueva etapa que pone punto y final a una larga década de austeridad, sitúan en el centro las necesidades fundamentales de la sociedad española y nos acercan más a la media europea en términos de Estado de bienestar.

Más allá de los PGE para 2019, debemos seguir insistiendo en que es necesaria una estrategia política completamente diferente a la que venían desarrollado los Gobiernos del Partido Popular, que consistía en situar la reducción del déficit por encima del resto de objetivos, y en lograrlo mediante una disminución del peso del gasto público en la economía, sin medidas para corregir la anomalía que suponen para España unos ingresos fiscales muy por debajo de la media europea. Por ello, hemos insistido desde el principio en que era imprescindible que el Gobierno modificara la senda del déficit prevista por el PP (2,2 % en 2018; 1,3 % en 2019, y 0,2 % en 2020).

Ciertamente, esperábamos más de la negociación entre el Gobierno y Bruselas; baste recordar que el déficit para 2019 se ha fijado en 1,8 %, cuando las previsiones de la Comisión Europea eran que el déficit se situara en el 1,9 %. Pero, desde luego, lo que no tendría ningún sentido es renunciar a ese mayor margen de gasto (unos seis mil millones de euros), como exigen el PP y Ciudadanos. Renunciar a esos seis mil millones de euros de flexibilización negociados con Bruselas significaría someter la economía española —y, en particular, a las comunidades autónomas— a recortes adicionales, algo que sería absurdo, injusto e ineficiente, sobre todo, cuando todas las previsiones indican que el objetivo del 1,3 % de déficit es inalcanzable y que además España reducirá su déficit en 2019 por debajo del 3 % y, gracias ello, saldrá del procedimiento de déficit excesivo.

Gracias al acuerdo alcanzado con Unidos Podemos, la propuesta del Gobierno para 2019 corrige en parte las políticas de años pasados, basadas en reducir el déficit solo por la vía de importantes reducciones del gasto, incluidos los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y protección social). En esta ocasión se proponen medidas por el lado de los ingresos, especialmente, medidas de ingresos orientadas a acabar con los privilegios fiscales de los que disfrutan una minoría. Sigue pendiente una verdadera reforma fiscal que garantice la financiación adecuada de las políticas públicas necesarias para revertir los recortes, reforzar nuestro Estado de bienestar, reducir el desempleo y la desigualdad e impulsar una verdadera transformación de nuestro modelo de crecimiento. No obstante, el acuerdo alcanzado con el Gobierno ha servido para dar un primer paso en materia de reforma tributaria.

La ratio de gasto sobre el PIB prevista para este año es mayor que la anunciada por el Partido Popular en su última actualización del Programa de Estabilidad, y también mayor que la previsión de la Comisión Europea (40,9 % frente al 39,8 % y el 40,0 % respectivamente). El acuerdo alcanzado con el Gobierno ha permitido, por tanto, frenar la preocupante tendencia a la «jibarización» del sector público que veníamos experimentando. No obstante, consideramos necesario, para converger en políticas sociales e inversión pública con la eurozona, que el gasto crezca más que el PIB nominal durante los próximos ejercicios.

La propuesta de PGE para 2019 que contiene el documento remitido por el Gobierno a Bruselas es un primer paso para cambiar las prioridades de política económica de España y superar el marco de la austeridad. Pero queda todavía mucho camino por recorrer. Para blindar y modernizar el Estado de bienestar, es necesario cambiar con mayor profundidad el enfoque que se hace de las prioridades de política económica y de la propia «estabilidad presupuestaria». Esto pasa por cuestionar la lógica del artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y también por diseñar una nueva senda de objetivos presupuestarios distinta a la anunciada por el Gobierno para los próximos ejercicios. Una vez que el déficit se sitúa por debajo del 3 %, deben anteponerse otras prioridades políticas a la reducción del déficit, como por ejemplo la reducción del desempleo, de la pobreza infantil o del déficit social de nuestro país.

 

16 de octubre de 2018

 

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