Publicado en línea el Sábado 12 de marzo de 2016, por Washington Uranga

A propósito de lo anterior valen dos acotaciones. La preocupación por los problemas económicos afectó el alto nivel de aceptación de la gestión de gobierno y del presidente Mauricio Macri en sus primeros días, pero todavía conserva una elevada imagen. Quizás haya que concluir que el relato oficial que pretende validar todo lo que hace en la “pesada herencia” aún arroja resultados positivos a su favor. El segundo comentario, en este caso referido a la desaparición de la inseguridad como tema del centro de las angustias argentinas, está directamente relacionado con el aporte que el sistema masivo de medios viene haciendo en el último tiempo para sacar estos asuntos de la primera plana. Tarea exactamente inversa a la realizada durante los meses anteriores a las elecciones nacionales del año pasado, cuando cada titular insistía sobre el desamparo de los argentinos frente a los “innumerables” hechos de violencia.

¿Desaparecieron la violencia y la inseguridad desde el 10 de diciembre último?

Está claro que no y a lo ya conocido hay que agregar nuevas causas. Basta repasar los acontecimientos, rastrear en información que no aparece reflejada en los medios de mayor alcance y registrar las muchas denuncias que solo logran eco en circuitos muy reducidos o en redes sociales, pero no logran traspasar el blindaje mediático construido en torno de la gestión macrista.

Y no se trata tan solo de violencia física o de atentados a la integridad de las personas, sino también y sobre todo de violencias simbólicas que surgen de agresiones, omisiones, indiferencias o maltratos evidentes que, en no pocos casos, emergen de los espacios institucionales. Los despidos masivos y sin causa son hechos de violencia institucional; lo mismo puede decirse de los calificativos usados por determinados funcionarios para denigrar o estigmatizar a los cesanteados. También la forma como algunos que ahora están en el gobierno borran con el codo, sin ni siquiera ruborizarse, lo que sostuvieron hace pocos meses (véase tanto afirmaciones como promesas de campaña). Es violento que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, diga ahora que cuando criticó con saña el acuerdo de confidencialidad celebrado entre YPF y Chevron por el gobierno anterior “no tenía información” y que hoy “cambió de posición”. Algo similar puede decirse respecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que mantiene en su cargo a Darío Lopérfido a pesar de sus dichos y de su muy tibio pedido de disculpas en relación con los desaparecidos durante la dictadura militar.

Es violento el ministro Alfonso Prat-Gay cuando apelando a la “responsabilidad” extorsiona a los dirigentes gremiales para que elijan entre conservar los puestos de trabajo y la recomposición salarial. O cuando pretende justificar los despidos en el Estado bajo la acusación de la “militancia” como si la acción política fuese una actividad ilegal condenada por la Constitución y las leyes.

A todo lo anterior habría que sumar: a) en la madrugada del sábado anterior, un local de agrupación La Cámpora de Mar del Plata recibió cinco balazos provenientes de un arma de guerra, según demostraron los peritajes posteriores; b) en Villa Crespo, en la capital, el mismo sábado un local de Nuevo Encuentro que se estaba inaugurando fue tiroteado mientras se realizaba el acto; c) en Santiago del Estero docentes que se manifestaban fueron reprimidos y dos de ellos detenidos; d) en el Bajo Flores una murga de niños fue agredida por personal de Gendarmería; e) trabajadores de Menoyo fueron hostilizados y atacados por una patota mandada por la patronal; f) en La Plata se utilizaron las polémicas pistolas Taser contra auxiliares de educación (porteras y cocineras de escuelas); g) en Quilmes un grupo de niños que estaba haciendo una batucada fueron amedrentados por la policía. La lista es más extensa. Existen muchos casos similares que, salvo honrosísimas excepciones, son ocultados por la “cadena privada de medios de comunicación oficialistas”.

Simultáneamente el discurso oficial habilita (¿alienta?) para que las fuerzas de seguridad se sientan respaldadas y con atribuciones para requisar, indagar y hostigar a los ciudadanos sin ninguna razón aparente o simplemente utilizando el criterio conocido como “portación de rostro”. Lo que antes estuvo contenido por una política pública de seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos, hoy parece avalado por otra política pública que apunta en sentido contrario.

Dentro del clima de violencia no se puede dejar de mencionar la situación de Milagro Sala, injusta e ilegalmente detenida. Después de haber hecho de la “Justicia independiente” una bandera de campaña se aplica aquí la misma lógica utilizada para forzar los argumentos jurídicos en el “caso Nisman” a fin de conducir la causa por carriles que favorezcan la hipótesis oficial. Adolfo Pérez Esquivel está convencido de que “Milagro Sala es una presa política” porque “hay mucha gente que cometió delitos y no está presa” y en este caso “hay un sentido de venganza, discriminación y racismo con una mujer indígena”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habilitó una audiencia para tratar el caso argentino, por las decisiones oficiales en materia de libertad de expresión. Pero hay otras preocupaciones: la utilización abusiva de los decretos de necesidad y urgencia, la actitud del Gobierno en materia de derechos humanos, entre otros. La inquietud en la CIDH va más allá de los temas de comunicación. Si esta fuera la única razón quizás no se habría otorgado la audiencia.

Según Pérez Esquivel “Macri no dijo nada respecto a la política de derechos humanos” y “no hay una política de derechos humanos para el país”. Mientras tanto el Presidente, que como candidato prometió acabar con “el curro de los derechos humanos”, hace equilibrios para no enfrentarse abiertamente con los organismos que han luchado por su defensa.

Es violento que el PRO haya llegado al gobierno hablando de paz, diálogo y reencuentro entre los argentinos –pretendiendo diferenciarse de la administración anterior– y que hoy una de sus principales políticas consista en despidos masivos y reducción de los puestos de trabajo, mientras el Presidente sigue pregonando que uno de los ejes de su gestión es la “pobreza cero”.

En tanto se instrumenta el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, que incluye también medidas para bloquear en lo posible el acceso de los periodistas a los hechos, y se genera clima de intimidación mediante el despliegue de fuerzas represivas con profusa exhibición de armas ante cualquier protesta de ciudadanos acostumbrados a manifestarse libremente en el espacio público.

Un estudio de la consultora Tendencias Económicas revela que en los dos primeros meses del año hubo 110.000 despidos entre el sector público y privado. Desde el costado sindical se denuncian 107.000 cesantías, sumando los diferentes gremios. Y la consultora Manpower, dedicada a la contratación de personal transitorio, afirma que no habrá creación de nuevos puestos de trabajo al menos hasta junio de este año.

¿Alguien podría negar que los despidos masivos, la falta de explicaciones o los argumentos falaces para producirlos, seguidos de las consecuencias económicas y sociales y la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral en tiempos de recesión son una incuestionable violencia?

La alianza que llegó al gobierno con el lema del reencuentro entre los argentinos está generando en la práctica un clima social de violencia con consecuencias hoy impredecibles. ¿Será está la síntesis de la “revolución de la alegría”? ¿O habrá que esperar más en el mismo sentido?


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