Publicado en línea el Sábado 12 de marzo de 2016, por Asamblea en Defensa del Humedal

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La manifestación tiene por objetivo repudiar los daños sociales, culturales
y ambientales de los countries desarrollados por EIDICO en distintos Municipios
del Gran Buenos Aires. También pedir a las autoridades políticas y judiciales
un freno urgente a los emprendimientos inmobiliarios de estas características.

Sólo en Tigre, Escobar y Pilar (Cuenca Baja del Río Luján), se han destruido
unas 10 mil hectáreas de humedales, según la evaluación que hacen especialistas
como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional
de La Plata.

Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por
lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio
natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento
de las inundaciones y la destrucción de la principal reserva de agua nacional.
Además, este proceso ha sido acompañado por la privatización de tierras, calles,
caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo
sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios.

Un ejemplo es la pérdida de los accesos públicos a la zona del sitio sagrado
Punta Querandí, motivo por el cual la Asamblea en Defensa del Humedal realizó
una movilización a la puerta del country San Benito, el pasado 14 de febrero. Otra
preocupación es la inminente pérdida del campo de La Bellaca (un pulmón verde
y zona arqueológica) en la entrada de Villa La Ñata, donde EIDICO está vendiendo
lotes del futuro barrio privado Santa Ana, resistido por vecinos de la localidad
de Dique Luján.

Mientras cada vez más sectores piden detener este modelo de injusticia ambiental
y territorial -que se apodera y transforma bienes del dominio público natural-,
empresas como EIDICO continúan avanzando con la complicidad de autoridades municipales,
provinciales y nacionales.

EIDICO, cuyo presidente es Jorge O’Reilly, se caracteriza por su hipocresía
y suele brindar conferencias por el mundo contando sus “logros”. Según su propio
relato, son una empresa “cada vez más humana, generosa y cristiana” (http://goo.gl/J8wFwN).
Sin embargo la realidad los muestra actuando en la ilegalidad, sin habilitaciones,
con prepotencia y sin dudar en recurrir a las amenazas cuando es necesario.

En febrero de 2016, el Fiscal Federal de San Isidro Fernando Domínguez, solicitó
a la Jueza Sandra Arroyo Salgado que ordene paralizar las obras de los barrios
privados. El Fiscal fundamentó: “Se ha demostrado que la construcción de barrios
cerrados y clubes privados asentados en la planicie de inundación del río Luján
y en el Delta del Paraná no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han
producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad
pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron el anegamiento
de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas humanas y un
impacto que se hace cada vez más intenso”.

También son engañadas y estafadas muchas familias que confían en este tipo
de “productos”. Por eso es importante que toda la sociedad se informe: ese sueño
que las inmobiliarias venden como “contacto con la naturaleza y vida en armonía,
en paz”, es una mentira. La naturaleza es destruida y reemplazada por un ambiente
artificial. Los propietarios de los lotes quedan rehenes de la empresa, sufren
los problemas de una construcción deficiente en un lugar inadecuado y heredan
un conflicto social con los pobladores preexistentes.

ANTECEDENTES

En el 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 141/10
dirigida a los Municipios de Tigre, San Fernando, Escobar, Campana y Zárate
que exhortó a no habilitar emprendimientos inmobiliarios sobre humedales.

En el 2014, organizaciones de vecinos de Tigre, Escobar y Pilar, presentamos
a los Concejos Deliberantes proyectos de ordenanza para prohibir los barrios
privados y otros emprendimientos que atentan contra nuestro patrimonio natural.

EIDICO ha generado movilizaciones en su repudio en otros puntos del país. En
el 2013, los vecinos de Luján lograron que la empresa suspenda su proyecto “San
Felipe”. Ese mismo año en Villa La Angostura (Neuquén) fue denunciada por querer
violar la ley de bosques nativos. Además ha estado envuelta en denuncias con
pobladores mapuche en Chubut por el incendio de miles de hectáreas a comienzos
de 2015.

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