Publicado en línea el Miércoles 24 de octubre de 2018

Acto frente al Congreso / Guillermo Sanz Es sumamente decepcionante que, en su comparecencia, Pedro Sánchez no haya anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí que se puedan usar en el conflicto de Yemen, tal como le han reclamado diversos grupos parlamentarios.
El Presidente no se ha pronunciado sobre si va a promover de forma proactiva una posible posición común europea de cese de la venta de arma a Arabia Saudí, reclamada por diversos grupos parlamentarios. El Grupo de Trabajo sobre Armas Convencionales del Consejo Europeo se reúne el 13 de noviembre en Bruselas y es una pena que el Ejecutivo no haya anunciado qué postura adoptará en esa reunión. Sánchez ha dicho que no queda ningún contrato pendiente, pero quedan licencias aprobadas por el Gobierno de Rajoy. Las ONG que conforman la campaña Armas Bajo Control piden al Presidente Sánchez que diga públicamente si va a revocar las autorizaciones concedidas por el Gobierno anterior del PP desde marzo de 2015, cuando comenzó el conflicto en Yemen, hasta 2017. Actualmente, esta es la peor catástrofe humanitaria y está a un paso de ser la mayor crisis de hambre en los útimos cien años.La “seguridad jurídica” de los contratos no es óbice para que se revoque su autorización si éstas son ilegales y cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas, como las decenas de crímenes de guerra en Yemen ampliamente documentados por las Naciones Unidas. Pedro Sánchez ha declarado que “este gobierno no ha vendido nada nuevo”, pero no ha aclarado qué hará si se plantean nuevas solicitudes de exportación. Dado que las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDDU) son secretas, no se podrá saber si finalmente se autorizan más licencias a Arabia Saudí hasta que el Gobierno publique el próximo informe sobre venta de armas.

Lo más preocupante de la comparecencia ha sido escuchar a la portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, declarar que el Gobierno no encontró motivos para cancelar el envío de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas. Con esa decisión, el Gobierno de Sánchez corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra en Yemen ya que viola flagrantemente el artículo 6 del Tratado sobre Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas cuando un Gobierno sabe que las armas podrían usarse para cometer crímenes de guerra. Diversos informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organizaciones yemeníes de derechos humanos como Mwatana y la propia ONU han documentado el uso de ese tipo de bombas de precisión en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra.Un anuncio positivo del Presidente Sánchez, la elaboración de un protocolo de verificación ex post de las exportaciones de armas, similar al de EE.UU., Suiza y Alemania, es muy positivo a medio y largo plazo, pero insuficiente por su nulo impacto inmediato ante la mayor catástrofe humanitaria mundial. Esta medida supone una modificación del Reglamento de la Ley 53/2007 y no entrará en vigor hasta bien entrado 2019.Representantes de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón) se han concentrado esta mañana frente al Congreso de los Diputados coincidiendo con la comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez sobre la venta de armas a Arabia Saudí.Notas para editoresAmnistía Internacional, FundiPau, Oxfam Intermón y Greenpeace son las cuatro ONG que impulsan la campaña Armas Bajo Control en España desde hace más de diez años. Trabajan en alianza para denunciar el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos y se encargan de dar seguimiento al desarrollo de la ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia.


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