Publicado en línea el Jueves 13 de diciembre de 2018, por agustin

María José Fariñas Dulce – ctxt

España, igual que la mayoría de países desindustrializados, atraviesa una profunda crisis institucional, debido a casos, a veces coyunturales, otros estructurales, de corrupción política en connivencia con el poder económico, al desgaste de algunas instituciones, a la desafección política y al derrumbe de la moral cívica vinculada a lo público, a la obsolescencia de leyes esenciales (Ley Electoral, leyes fiscales e, incluso, la propia Constitución), lagunas legales, como la de la transparencia y acceso a la información pública, que perpetúan la opacidad y el secreto en el funcionamiento de las administraciones públicas, así como a la persistencia de las oligarquías en la estructuración democrática de la sociedad y de las administraciones públicas. Este contexto ha impedido, y sigue haciéndolo, un completo desarrollo democrático de nuestras instituciones políticas y jurídicas.

EL NEOLIBERALISMO DEL SIGLO XXI HA DADO AL TRASTE CON EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD PÚBLICA Y, AL PRIVATIZAR DERECHOS SOCIALES COMO LA EDUCACIÓN O LA SANIDAD, ESTÁ INCREMENTADO LA DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA

Más allá de las coyunturales crisis financieras y/o económicas, estamos asistiendo en las últimas décadas a un ajuste neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político en el ámbito material de las constituciones democráticas de la posguerra, especialmente sobre los derechos laborales y los derechos económicos, sociales y culturales. El neoliberalismo del siglo XXI ha dado al traste con el valor de la solidaridad pública y, al privatizar derechos sociales como la educación o la sanidad, está incrementado la desigualdad socioeconómica. El resultado está siendo demoledor para las clases trabajadoras y populares, que ven cómo sus rentas de trabajo disminuyen, sus condiciones laborales se precarizan, sus derechos se desprotegen, las promesas de ascenso social se frustran y el trabajo deja de ser el elemento central de estructuración de las sociedades. Esto, junto al rechazo evidente de la oligarquía a contribuir a las arcas públicas y a los gastos comunes, está convirtiendo la crisis económica en una crisis de derechos y, consecuentemente, en una amenaza para la democracia. Porque tras el ataque a los derechos económicos y sociales, se va también contra los derechos civiles y políticos. Y con ello, se debilita la estructuración democrática de las sociedades.

Los derechos sociales están transitando desde su inicial reconocimiento constitucional, pasando por una situación de debilidad estructural, hasta su cuestionamiento teórico actual. La mistificación del mercado ha conducido a justificar las desigualdades socioeconómicas como algo natural e inevitable. Y los derechos económicos, sociales y culturales, así como los laborales han pasado a ser catalogados como elementos que “distorsionan” el libre funcionamiento del mercado.

Las actuales políticas de austeridad (en España se constitucionalizaron con la reforma del artículo 135 de la CE en 2011) tienen como consecuencia la progresiva privatización de servicios públicos y la reducción al mínimo de los derechos sociales. Este tipo de respuesta ante la crisis económica se corresponde con una estrategia ideológica. Por ello, aquellas no son coyunturales, sino que persiguen un cambio de modelo, cuyos pilares son la desaparición del Estado Social, un Estado privatizado y corporativo, políticas asistenciales en la pobreza (políticas de pobres), un sistema jurídico más represivo que garantista, priorización de la defensa de la seguridad física de los individuos (la seguridad del orden público, policial e, incluso, militarizada) frente a la seguridad y libertad de los ciudadanos (de nuevo el hobbesiano dilema entre seguridad versus libertad) y la represión de la disidencia y de la protesta social.

De momento, las opciones autoritarias y represivas de la protesta social reflejan un claro estado de ánimo: no se quiere que la calle sea un espacio democrático de ejercicio de derechos de ciudadanía. Al contrario, se pretende convertir la protesta social en un conflicto policial, llegando incluso a intentar la militarización de los conflictos sociales. En España, el desafío del nuevo sistema de penas y medidas de seguridad, recogidas en la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, abre un futuro incierto para las libertades y para la democracia. ¿Implica esto, que se está legislando por encima del Estado de Derecho? ¿O, incluso, con este tipo de legislación no se estaría creando un problema donde no lo hay?

UNO DE LOS ÉXITOS DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL, RESULTADO TAMBIÉN DE LOS FRACASOS REVOLUCIONARIOS, ES LA CONDENA COMO TOTALITARIA DE TODA ACCIÓN COLECTIVA CONSCIENTE, CUYO OBJETIVO SEA IMPONER CIERTO CONTROL SOCIAL

Este tipo de leyes son innecesarias, a mi juicio, porque no existe ninguna demanda social que las justifique, sino todo lo contrario, están siendo utilizadas como instrumentos de lucha ideológica por los gobiernos autoritarios, con el fin de asustar a la ciudadanía. No son leyes para resolver, sino para provocar. Es su respuesta ante la actitud bastante ejemplar de una ciudadanía indignada, que lleva años soportando medidas de austeridad económica, de recortes de derechos, de bajadas salariales junto con escándalos de corrupción política y económica. En definitiva, esta es su manera de asentar las bases del autoritarismo antidemocrático, criminalizando los conflictos socioeconómicos y convirtiéndolos en cuestiones de orden público.

Uno de los éxitos del capitalismo neoliberal, resultado también de los fracasos revolucionarios de antaño, es la condena como totalitaria de toda acción colectiva consciente, cuyo objetivo sea imponer cierto control social. Ha ganado la visión liberal de que es mejor construir socialmente un mecanismo (el mercado) y dejarlo operar ciegamente, aunque nos lleve a la catástrofe ecológica, a la pérdida de derechos y libertades, a la generación compulsiva de desigualdades o a crisis financieras cíclicas. Para frenar esta deriva destructiva necesitamos recuperar una cierta dimensión colectiva de los proyectos emancipadores, que sean capaces de construir nuevos activismos de resistencia frente al neoliberalismo económico y al autoritarismo político globales.

Nuestras democracias necesitan reformas legislativas fuertes, que refunden el enganche legitimador de la ciudadanía con sus instituciones democráticas. De lo contrario, cada vez será más difícil conseguir el apoyo de amplios sectores de la población, que ven reducido su nivel de vida y frustradas sus aspiraciones de mejora social. Y seguiremos teniendo fuertes resistencias sociales, que derivarán en conflictos políticos. Austeridad económica y autoritarismo político parecen ser cada vez más las características de la actual política europea y global. Pero es, sin duda, uno de los peores escenarios posibles para los derechos y para la democracia.

El buen funcionamiento de la democracia requiere tanto de estabilidad económica, como de paz social. Gestionar las desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales constituye el mayor reto político de nuestra era para la estabilidad democrática y para la generación de esperanzas en una ciudadanía deprimida y desesperanzada. Porque no estamos ante una crisis económica convencional o cíclica, sino ante el derrumbe de la última fase de un tipo de capitalismo global neoliberal basado fundamentalmente en la especulación del dinero a partir del dinero. Asistimos a una etapa de cambio o de tránsito paradigmático hacia un nuevo modelo de desarrollo económico. Por tanto, no estamos ante una cuestión meramente técnica de medidas económicas a adoptar (necesarias por otra parte en la coyuntura actual), sino ante un debate ideológico sobre el modelo político en el que esta última fase del capitalismo se ha asentado.


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