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Pendiente, definir el modelo de UM posible y necesaria

Sábado 5 de enero de 2019, por Raúl López Tellez

El modelo de una Universidad Michoacana posible y necesaria es un proceso pendiente y necesario, de acuerdo con varios sectores que se pronuncian por la democratización en las decisiones que involucren a la comunidad en su conjunto -como es el proceso de sucesión en Rectoría, que se desarrolla bajo la opacidad en estos días-, y aborde con nuevos enfoques la vigencia de sus funciones sustantivas.

La necesidad de renovar la estructura de la institución centenaria, no solo financiera, sino académica y operativa, es una coincidencia expresada por docentes, investigadores y consejeros universitarios, además de advertir que la elección del rector debe estar a cargo de la comunidad en su conjunto como elemento de la reforma necesaria en la UM, lejos de la decisión cupular de los ochos integrantes de la Comisión de Rectoría como lo establece la Ley Orgánica universitaria, y el que la operatividad institucional quede fuera de grupos internos y externos de poder.

Poca evaluación y desvinculación: Transformación Universitaria

El grupo Transformación Universitaria propuso a mediados del 2017 iniciar un proceso de análisis sobre la situación en la Casa de Hidalgo en lo académico, para la formación de profesionistas críticos, promover el desarrollo social e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en su manejo administrativo.

“Debe plantearse un modelo de Universidad que sea pertinente y que proponga alternativas de desarrollo y oportunidad en este siglo XXI”, que atienda la problemática detectada “dentro de las dependencias universitarias y que en gran medida se dan por la falta de un modelo educativo explícito y formalmente establecido”, donde identifican los siguientes ejes: Rigidez y desvinculación, al mantener prácticas educativas centralizadas y conservadoras; organización académica fragmentada, con dispersión en la aplicación del conocimiento y “dificulta la creación de redes y la práctica de la interdisciplinariedad”; insuficiente vinculación entre programas educativos, con “falta de conexión entre los distintos niveles de educación que ofrece la Universidad”, señalan académicos y consejeros que integran este grupo.

Como causas de esta situación, Transformación Universitaria identifica el que las funciones sustanciales de la UM, academia, investigación y extensión de la cultura, “no se apegan a la misión y visión actual de la Universidad”; hay poca disposición para evaluar, “incluso con el más mínimo rigor, las prácticas educativas interna y externamente”; existe “una visión ambigua de los principios filosóficos que sustentan el modelo educativo que se supone opera en la Universidad, al igual que la tendencia a priorizar “la formación casi exclusiva para un mercado globalizado, en deterioro de la función social de la Universidad”.

Carencias presupuestales y “usos y costumbres”

“El problema es que nosotros solo vemos hacia adentro”, señala por su parte el investigador y titular del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacana, Horacio Cano Camacho. “Los conflictos internos se pueden corregir, es cuestión de que nos sentemos y hablemos, y con transparencia, reorganicemos lo que haya que reorganizar”.

Lo que destaca el investigador, “es el trato discriminatorio que sufre la Universidad Michoacana” presupuestalmente por la federación y el estado, como la dinámica en la que la que más se concentra actualmente la comunidad, al igual que “usos y costumbres” entre grupos internos como factores que retrasan el delinear el modelo de Universidad Michoacana necesaria, que se concilie en su pasado histórico pero que atienda esquemas de mayor operatividad y eficacia, al igual que asuma actitudes de responsabilidad hacia el entorno social.

“No veo un movimiento organizado de cambio verdadero en la Universidad, de un nuevo modelo de Universidad, que creo es a donde debemos de transitar; la propia sociedad debe entender la importancia fundamental que tiene la Universidad, en y para la sociedad, en ese sentido podemos exigir muchas cosas”, entre ellas la asignación de mayor presupuesto por estudiante que, reitera, debe salir del criterio discriminatorio: “un trato heredado de los años 70, modelo de que había que dividir al país en zonas y darle dinero a las zonas más desarrolladas y dejar prácticamente en el abandono a las zonas más desarrolladas, esto es incluso anticonstitucional”.

“Nosotros vemos hacia adentro y creemos que es desde adentro en donde deben de cambiar las cosas”, insiste, al considerar esta actitud como “delicada” en un contexto de dificultad a las universidades estatales. Alude a que se rediscuta incluso el concepto de autonomía, “nosotros no somos otro estado dentro de un estado”, y alude a que la administración universitaria debe sujetarse a la transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos que recibe.

“El asunto es tener un diagnóstico sobre un nuevo modelo de Universidad, que debería salir de toda esta lección. ¿Qué tipo de Universidad queremos, hacia dónde vamos, cómo vamos a insertarnos en el desarrollo social?”, considera que son las cuestionantes que deben discutirse primordialmente en busca de ese modelo; “hay modelos de universidades muy conectadas con empresas; otros, modelos ligados al desarrollo de la comunidad, con el Ayuntamiento por ejemplo”, refiere.

El modelo lo marca la Ley Orgánica: FDUP

Eduardo Nava Hernández, académico investigador de la Facultad de Economía e integrante del Frente en Defensa de la Universidad Pública (FDUP), considera que el modelo deseable de Universidad debe surgir de la reforma integral pendiente en la institución, aunque defiende que varios de sus ejes se encuentran ya en la actual Ley Orgánica, “una Ley que en su mayor parte sí es democrática”.

“El Consejo Universitario, con representación de todos los sectores, el SPUM, que fue muy activo en el proceso de 1984 y 10985, y también con la Coordinadora de Universitarios en Lucha como la organización más activa del sector estudiantil, fueron quienes presentaron las iniciativas que conforman la Ley Orgánica de aquellos años y de ese debate sí surgió una Ley que en su mayor parte si es democrática, que reconoce a las Casas del Estudiante, que garantiza el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y que en su mayor parte debe ser preservada, si bien debe ser actualizada en muchos aspectos; lo que sí está totalmente en contra del espíritu y de la letra de la propia ley, es la reforma hecha por Luis Martínez Villicaña y Genovevo Figueroa el 18 de septiembre de 1986 y que le da su forma actual a la Comisión de Rectoría”.

Alude a que las condiciones financieras, en principio, más la reforma al artículo 143 de la Constitución por diputados locales, le imprimieron a la Universidad una dinámica que impidió a sus sectores concentrarse en la reforma universitaria, que considera “necesarísima” en términos de abordar las funciones de la Comisión de Rectoría y en el que afirma que se insistirá por parte de la CUL y el FDUP, “esperamos que esta sea la última ocasión en que pueda designar con esa liberalidad al rector como lo ha hecho hasta ahora y que deje de existir como órgano de gobierno en la Universidad”.

En el caso de la reforma al artículo 143, cabe recordar que fue impulsada por la diputada priísta Rosa María de la Torre Torres en la anterior LXXIII Legislatura y modifica sustancialmente el carácter de la máxima casa de estudios, al eliminar su carácter de institución pública descentralizada del estado, al igual que condiciona la asignación presupuestal a la matrícula captada y la disponibilidad de recursos del gobierno estatal, sin considerar que deba ser “suficiente y oportuno”.

A juicio de Nava, en este modelo planteado por la ruta legal estaría la permanencia de las casas del estudiante y la defensa de la autonomía universitaria, “que incluye la autonomía presupuestal”, con transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de recursos, a lo que agrega que en el caso de la designación del nuevo rector, en curso, el representante de la Universidad no debe asumir “ningún compromiso con los sindicatos”.

 

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