Publicado en línea el Lunes 14 de marzo de 2016, por Eduardo Lucita

Continuando la práctica de todos los gobiernos de este tiempo, el actual acaba de validar la deuda con los fondos buitre, con un preacuerdo -porque está condicionado a una serie de exigencias del juez y los acreedores- por demás oneroso que además lesiona la soberanía de la Nación.

Desde 1983 para adelante todos los gobiernos terminaron avalando la deuda externa dejada por la dictadura militar, ninguno se animó a investigarla y auditarla. Luego de planes Brady, megacanjes, blindajes, reestructuraciones y nuevos canjes se llega ahora a este preacuerdo con los fondos buitre -compradores de bonos a precio vil, especuladores de alto vuelo- que de consumarse tendrán una ganancia que según el tipo de bono puede superar el mil por ciento. Están también los llamados “me too”, los que se sumaron con posterioridad al juicio y los que litigan en otras jurisdicciones. En paralelo se acordó con acreedores italianos y se sigue negociando con alemanes y japoneses.

Reintegrarse al mundo

El eje que preside toda la acción del gobierno Macri en su plan de corto plazo es reintegrarse al mundo, romper el “aislamiento” en que habría estado inmerso el país en la última década y volver a los mercados voluntarios de crédito. Léase reintegrarse a los flujos financieros globalizados y reendeudarse. Es claro que la muy baja relación deuda externa-PBI dejada por el kirchnerismo es un incentivo para ello.

Tomar nueva deuda es la viga central alrededor de la cual se sostendría el plan, en tanto que el arreglo con los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 es la llave maestra que abrirá las puertas al poco virtuoso ciclo del reendeudamiento.

El esquema del ministro Prat Gay es muy simple: arreglar con los holdouts (buitres y otros), reendeudarse para pagarles a ellos y hacer frente a otras deudas pendientes luego, con el remanente, financiar parte del déficit y girar algo a las provincias para obra pública. Así, supone, la economía comenzaría a crecer y la inflación a ceder. Y parece no tener un plan B.

El acuerdo

Según informó el ministro en el Congreso los compromisos asumidos requieren que el Estado nacional pague un total de 11.684 millones de dólares (2.190 corresponden a tenedores sin sentencia, 6.562 a los que tienen fallos a favor y 3.311 a los bonos con legislación de otras jurisdicciones) a los que hay que sumarles la friolera de 379 millones que serían los honorarios de los abogados de los fondos buitre. Para esto el gobierno nacional emitirá bonos de deuda a cinco, diez y treinta años a una tasa promedio estimada del 7,5 por ciento anual que deberá venderlos, porque la exigencia del pago es en efectivo. Parece ser que ya hay un compromiso asumido por los Bancos J.P.Morgan, HSBC y Santander para concretar la operación. Según el ministro el monto a pagar implica una quita del 38 por ciento promedio del reclamo original en capital e intereses.

Para que el acuerdo sea efectivo el gobierno debe lograr que el Congreso derogue la llamada Ley Cerrojo -que impide reabrir el canje- y la de Pago Soberano -que obliga a los acreedores a cobrar en el Banco de la Nación. Si se cumplen estas condicione el juez Thomas Griesa se comprometió a levantar la cautelar que hasta ahora trababa el pago a los bonistas ya reestructurados. Recordemos que la Ley de Pago Soberano contenía la formación de una comisión bicameral para analizar la deuda, comisión que nunca se constituyó.

Trámite exprés

El acuerdo ha sido saludado efusivamente tanto por las presidenta del FMI, Christine Lagarde, como por el mediador Dante Pollack (en rigor un representante de los buitres), y otros porque “va a poner fin al largo aislamiento del país en los mercados internacionales de crédito” y “ayudará a restaurar la normalidad de la economía”.

Como lo comprometido debe cumplimentarse antes del próximo 14 de abril, el gobierno ya ingresó en Diputados el proyecto de “Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público” que incluye la derogación de la leyes señaladas más arriba y la autorización para emitir nueva deuda por 15 mil millones de dólares para saldar obligaciones, que pretende se apruebe rápidamente.

Un déficit mentiroso

Prisionero de estas urgencias el ministro Prat Gay ha recurrido a un verdadero chantaje público para conseguir la aprobación de la ley por la oposición parlamentaria: “Es esto o más ajuste”. El argumento pivotea sobre la dudosa existencia de un déficit fiscal del orden del 7 por ciento “el más grande de los últimos 30 años”. Para llegar a ese porcentual el nuevo equipo económico se aferra a la ortodoxia y no contabiliza los ingresos producto de la no capitalización de ganancias del BCRA y las utilidades del Fondo de Garantía de la Anses, y por otra parte computa en los gastos la llamada deuda flotante, es decir deuda que se contrae en un ejercicio pero su vencimiento recae en el siguiente. Por otra parte se trata del déficit total, esto es que incluye los intereses de la deuda. Si no se hicieran todos estos arreglos discutibles y cuestionables el déficit primario estaría entre el 3 y el 4 por ciento. ¿Por qué se lo abulta? sencillamente para justificar el ajuste y el reendeudamiento.

La oposición

El FIT lo rechaza de plano y puede que algún diputado de centroizquierda siga ese camino. En el FPV debaten si darán o no quórum, en tanto que una fracción del kirchnerismo parece decidido a no avalar el proyecto. El resto de la oposición no tendrá problemas en dar quórum y aprobar en general el proyecto de ley aunque sí debatirían cómo se evitaran futuros litigios, exigirían garantías que la nueva deuda no se aplique a financiar déficit y cuestionan el pago de las costas del juicio correspondientes a los fondos buitre. No mucho más.

Desde otra perspectiva me permito reproducir un largo párrafo del historiador y analista Ezequiel Adamovsky, que sintetiza lo que muchos pensamos: “Si se aprueba, el acuerdo Prat Gay-Singer pasará a la historia como una de las estafas más grandes perpetradas contra los ciudadanos de este país, junto con el pacto Roca-Runciman y el Megacanje (en el que, dicho sea de paso, participaron los mismos que hoy proponen este acuerdo y Sturzenegger todavía está procesado). Disparatado desde el punto de vista económico (siete por ciento de los bonistas se lleva la mitad del dinero que recibió el otro 93 por ciento), jurídicamente riesgoso (porque otro juez de Nueva York tranquilamente puede interpretar que la cláusula pari passu ampara a los bonistas anteriores para pedir lo mismo), contrario a derecho internacional (porque las Naciones Unidas estableció hace poco las pautas que deben seguir las reestructuraciones de deuda y lo que hacen los buitres está expresamente prohibido), ruinoso para el país, que queda endeudado para generaciones futuras con los bonos que hay que emitir y con la deuda que va a salir a tomar este gobierno. Y sobre todo, innecesario”.

Dictamen positivo

Al momento de cerrar esta nota el oficialismo accedió a limitar el endeudamiento y que el excedente se vuelque al presupuesto, aceptó constituir una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda e incorporar precisiones que permitirían bajar el riesgo de demandas futuras de los bonistas; con solo esto consiguió dictamen positivo al proyecto que será tratado la semana próxima. Conviene recordar que en la campaña los tres principales candidatos presidenciales prometían resolver el problema y traer al país miles de millones de dólares por lo tanto, más allá del previsible griterío concertado, lo más probable es que la ley será aprobada en ambas cámaras.

Como ha sido señalado desde esta columna en varias oportunidades son los costos de haberse negado reiteradamente a auditar e investigar la deuda. Costos que inevitablemente serán pagados, como siempre, por el pueblo trabajador.


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