Publicado en línea el Viernes 25 de enero de 2019, por amalia

Albino PradaComisión JUFFIGLO de ATTAC España

A las periódicas alarmas lanzadas por el FMI, la OCDE o la Comisión Europea sobre el oscuro futuro del sistema público de pensiones en España viene a sumarse un análisis del Banco de España sobre Las medidas recientes relativas al sistema de pensiones. En dicho informe se estima que hasta 2030 (en los próximos once años) el actualizar las pensiones por el IPC y el no ajustarlas en su cuantía inicial a la esperanza de vida, supondría un mayor déficit anual del sistema en dos puntos del PIB (unos veinte mil millones). Para el Banco de España esas dos correcciones de la reforma aprobada en 2013 provocarían un grave empeoramiento de la sostenibilidad del sistema, sale así al paso de las negociaciones que, en ese sentido, estarían teniendo Gobierno y sindicatos. El citado informe finaliza con este párrafo: “Si bien las simulaciones anteriores están sujetas a un grado de incertidumbre no despreciable, dado lo dilatado del horizonte considerado, a partir de ellas cabe concluir que, bajo el escenario demográfico y macroeconómico previsto, las medidas recientes adoptadas relativas al sistema de pensiones requerirán actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema, con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera”.

Para no dar aún más oxígeno propagandístico a preocupantes simulaciones sujetas a alta incertidumbre, y partiendo de la base de que lo que procede en España no es reducir los gastos del sistema, me parece básico razonar aquí si –a la vista de lo sucedido en los últimos once años con la economía española– habría sido posible absorber tanto el actual déficit del sistema como el derivado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la adecuación a los ingresos previos a la jubilación.

En definitiva: ¿habría sido posible, entre 2005 y 2016, financiar ese mayor gasto en pensiones?

Para contestar a dicha pregunta bastaría recordar que entre 2005 y 2016 las pensiones de hecho ascendieron en España del 8,8 % al 12,6 % del PIB (estando justo ahora en la media de la UE-27 según datos de Eurostat). Crecieron nada menos que en cuatro puntos del PIB, cierto que con un déficit de ingresos de dos puntos del PIB.

Argumentaré brevemente que un tan intenso crecimiento de los gastos del sistema público podría haberse asumido sin incurrir en déficit alguno y sin saquear el Fondo de Reserva.

Para empezar habría sido así si a lo largo de los últimos doce años los ingresos públicos no fueran ininterrumpidamente en España inferiores en seis puntos del PIB a la media europea (de nuevo datos de Eurostat). Una ausencia de ingresos derivada del constante gorroneo de unas crecientes rentas no salariales, que, entre otros efectos perversos, estuvo provocando un endeudamiento público que se financia en los mercados de deuda a costes muy gravoso. Pues en los últimos doce años los intereses de la deuda crecieron en punto y medio del PIB. Homologarse en ingresos con la media europea aportaría ingentes ingresos (al menos una tercera parte de los cuales serían para la Seguridad Social) y nos evitaría deuda pública y pagos de intereses. En conjunto serían recursos más que suficientes para absorber aquellos dos puntos de PIB de déficit.

Simultáneamente debe tenerse en cuenta que en los últimos once años las rentas no salariales se han apropiado (y nada justifica que así sea, menos aún que lo siga siendo hasta 2030) de tres puntos adicionales del PIB (pues las rentas salariales cayeron del 50% al 47% del PIB). Unas rentas que gorronean impuestos, pero mucho más cotizaciones a la Seguridad Social, pues a día de hoy dichas cotizaciones se calculan sólo sobre la masa salarial. Nada aporta el resto del valor añadido.

De evitar este progresivo gorroneo, pasando a cotizar por todo el valor añadido en cada empresa, se generarían unos ingresos suplementarios de dos puntos del PIB (unos 23.000 millones en 2015, año de esta simulación), compensándose así en parte el actual y progresivo deterioro de la participación porcentual de las rentas salariales en el PIB.

En suma, una propuesta de actuaciones adicionales (tal como las que reclama el Banco de España) por el lado de los ingresos debería incluir:

  • Corregir que el PIB sea acaparado de forma creciente por las rentas no salariales.
  • Evitar la brecha de ingresos fiscales en España respecto a la media europea.
  • Reducir así buena parte de una bola de nieve de deuda pública y sus costes de financiación.
  • Recaudar ingresos para la Seguridad Social en base a todo el valor añadido y no solo sobre la masa salarial.

Solo entonces sería posible blindar el no deterioro de las pensiones (tanto de su poder adquisitivo como respecto a los ingresos previos a la jubilación), así como garantizar una pensión pública mínima digna. Y hacerlo de forma sostenible y sin déficit alguno.

De no hacerlo así, las entidades financieras seguirán consiguiendo publicidad gratuita para sus planes privados de pensiones con la ayuda del recurrente diagnóstico de informes de expertos como éste del Banco de España que nos ocupa. Siempre por una presunta, vaticinada e inexorable inviabilidad del sistema público de pensiones.

Albino Prada es miembro de ATTAC. Su último libro es El despilfarro de las naciones.

 

Publicado en https://www.infolibre.es/


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