Publicado en línea el Lunes 4 de febrero de 2019, por André Chamy

La classe possédante française prend soudainement conscience de l’usage économique que les États-Unis font de leur système judiciaire. Depuis 1993, le secrétariat au Commerce a créé un Trade Promotion Coordinating Committee et un Advocy Center, directement relié aux agences de Renseignement. Plus récemment, le secrétariat à la Justice a interprété les lois de son pays pour étendre son pouvoir à l’étranger et l’exercer avec les autres administrations dans l’intérêt de ses grandes sociétés. De facto, les procès engagés contre des entreprises européennes n’ont aucun rapport avec des délits commis. Ils sont en réalité conçus soit pour les pousser à la faillite, soit pour permettre leur rachat par des sociétés (...)


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