Publicado en línea el Martes 15 de marzo de 2016, por Página 12

Argentina. Volvemos a los años más oscuros de la cipayería

Los privilegios entregados a los buitres más agresivos.
Por Alfredo Zaiat / Resumen Latinoamericano / Página12 / 13 marzo 2016.-

Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto : menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo :

Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre,
cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total,
consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina,
obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando,
exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda,
tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo.

Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano.
De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo.
La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda.
En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones.
Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:

– Argentina (N.del R. es decir el pueblo argentino) reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.

– Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.

– Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

– En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.

– Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.

– La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.

– Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.

Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”.
Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”.
El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.

El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres:
la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”.
Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.

Tomo todo
El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles.
O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York.
Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”.
“La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.

El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.

Pagar la cuenta
Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.

El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para
(a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y
(b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.

El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento.
Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina.
También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley.
O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.

Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa.
Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional.

Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.
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Sergio Massa : "Mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo"
Página 12
Lunes, 14 de marzo de 2016

Massa confirmó que su bloque acompañará al oficialismo

Tras una reunión con referentes de su bloque legislativo y representantes del oficialismo y del ámbito judicial en el Congreso, Massa confirmó que los diputados del Frente Renovador darán quórum y votarán a favor de los proyectos del gobierno para facilitar el pago a los fondos buitre.

"Mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo", dijo el diputado, quien adelantó que presentarán disidencias en la discusión en particular.

En una conferencia de prensa dada en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, Massa confirmó que el oficialismo aceptó incluir una modificación "en el artículo 2" que hace referencia a la autorización del Congreso para negociar con los bonistas, pero advirtió que sin un stay firme "no se paga a los holdouts y los acuerdos no son válidos".

"Nosotros lo que tenemos que tener en claro es que mañana no votemos una ley y después se caigan los acuerdos y dejamos a los buitres con más derechos", argumentó el diputado.
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La grave responsabilidad de endeudar una vez más a la Argentina

El tercer ciclo
Por Horacio Verbitsky

Es incomprensible que el gobierno y los bloques opo-ficialistas hayan ignorado la ley que en noviembre declaró de orden público los principios de Naciones Unidas para la reestructuración de deuda soberana. Este podría ser el origen de nuevos reclamos contra la Argentina por parte de quienes negociaron de buena fe peores condiciones de las que ahora se reconocería a los fondos buitre, extendiendo y agravando el problema que se pretende solucionar.

Con el apoyo de los bloques opoficialistas de Sergio Tomás Massa, Diego Bossio y Margarita Stolbizer, el gobierno nacional confía en obtener la media sanción de la Cámara de Diputados para cumplir con el ultimátum del juez de Wall Street Thomas Griesa.

El dictamen de mayoría firmado la semana pasada incluye la derogación de la ley cerrojo (por la cual el Estado no podía mejorar a los fondos buitre la oferta hecha al 93 por ciento de los acreedores que en los canjes de 2005 y 2010 aceptaron reestructurar sus deudas) y la de pago soberano (que en lugar del Bank of New York designó a Nación Fideicomisos como agente fiduciario para esos pagos).

Una parte significativa de los debates en las comisiones del Congreso giró sobre la posibilidad de que pudieran abrirse nuevos juicios por parte de quienes recibieron un trato menos favorable en los canjes voluntarios. El Frente para la Victoria afirmó que ese riesgo era alto e incluso intentó cuantificarlo. El gobierno minimizó esa hipótesis, y explicó que desde el primer día de 2015, cuando venció la cláusula RUFO, no existen restricciones para mejorar la oferta previa. Pero ni siquiera el ministro Alfonso de Prat Gay se animó a garantizar que no hubiera nuevas demandas.
Lo llamativo es que el oficialismo haya ignorado una tercera ley, por añadidura más reciente, promulgada hace apenas cuatro meses, que provee de argumentos a los bonistas reestructurados para exigir igual trato que los buitres.

El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor contra seis en contra (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá e Israel) y 41 abstenciones los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Incluyen el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas; la buena fe y la transparencia en las negociaciones; la igualdad entre los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros; el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho. También debe contemplarse “el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales”, y “respetando los derechos humanos”. Los acuerdos de reestructuración “no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”.
El 4 de noviembre el Congreso sancionó la ley 27207/15, que el Poder Ejecutivo promulgó el 9 de noviembre. Su único artículo dispositivo declara “de orden público” esos Principios Básicos, que acompaña en anexo, “los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Para el lego, la declaración de orden público puede resultar opaca o incluso incomprensible. Pero en el derecho internacional privado, que dirime los conflictos de jurisdicción internacionales, regula la incompatibilidad de una ley extranjera con los principios y valores fundamentales del ordenamiento interno, como es el caso del arbitrario fallo del juez Griesa. Si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las Naciones Unidas, es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en negociaciones transparentes y formaron una mayoría del 93 por ciento de los acreedores para un acuerdo que, además del interés de los acreedores, permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con respeto por los derechos humanos de la población, se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría no representativa de apenas el 7 por ciento de los acreedores, y busquen que otro juez declare la igualdad entre todos los acreedores y potencie el problema que el gobierno desea clausurar.

Banqueros y lobbystas

En la larga audiencia conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, del lunes 7, casi todas las exposiciones favorables al proyecto oficial insistieron en que por caro que fuese cualquier arreglo con los buitres resultaría conveniente en comparación con los beneficios que obtendría el país con un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Pero ninguno analizó el anteproyecto de ley sometido a discusión ni los borradores de acuerdo con cada acreedor, traducidos del inglés. Ante las insistentes preguntas del diputado Axel Kicillof varios admitieron no haberlos leído. El economista radical Nicolás Dujovne fue presentado como un experto, sin referencia a su histórica relación con el Banco Galicia, que tuvo doble representación, ya que también expuso su presidente, Sergio Grinenco, en representación de la asociación de los banqueros locales, ADEBA. Como un artículo de fe y sin mostrar los datos de su cálculo, Dujovne dijo que el costo del arreglo con los buitres sería inferior al de las reestructuraciones de la década pasada. Grinenco se presentó en compañía del director ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti.

Allí se cruzó con el economista Jorge Gaggero, uno de los críticos más incisivos del proyecto oficial. En un artículo publicado en 2009 en la revista Movimiento, Gaggero recordó que cuando la dictadura militar convocó a distintas fuerzas políticas y económicas a una consulta sobre la continuidad del régimen, Peruzotti presentó en nombre de ADEBA una propuesta de reforma institucional que establecía el “voto calificado”. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín integró un denominado Club de la Constitución, cuyo texto inaugural pidió una amnistía para la pacificación nacional.

Peruzzotti ya era director ejecutivo de ADEBA en 1975, el año del fallido intento de imposición de un programa neoliberal por el fugaz ministro de Economía Celestino Rodríguez, y su vice, Ricardo Zinn, quien fue director del Banco de Italia y el Río de la Plata junto con Franco Macrì, padre del actual presidente. Entonces, Gaggero formaba parte de un grupo de reflexión política y económica que asesoraba al secretario de prensa de la CGT, Adalberto Wimer. Como tal, participó en la redacción de la solicitada en apoyo de la movilización que precipitó el alejamiento de José López Rega, en la que la CGT alabó el plan económico de José Gelbard y la CGE, durante la última presidencia de Perón, lo cual remite a un alineamiento afín al actual. Otro tanto puede decirse del estallido inflacionario que sucedió a la salida de Gelbard, a quien la ortodoxia intentó responsabilizar por la disparada de los precios, pasando por alto la devaluación y los aumentos tarifarios dispuestos por Rodrigo. Los planes de vivienda fueron un componente importante del Pacto Social de aquel gobierno. Quien los manejaba era López Rega, de cuyo Ministerio de Bienestar Social dependían la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario, ambos a cargo de su colaborador Juan Carlos Basile. Uno de los principales contratistas fue SIDECO, la empresa de los constructores italianos Franco y Antonio Macrì, en la que trabajó Gaggero.

En octubre de 1975, el secretario general de la CGT, Casildo Herrera, le pidió a Wimer que sus asesores recibieran a una persona que tenía una propuesta muy interesante para hacer. Era el banquero Julio Gómez, quien expuso el plan económico que a partir del muy próximo golpe de 1976 ejecutaría José Alfredo Martínez de Hoz.
Ante las objeciones de sus interlocutores, les dio un consejo: “Muchachos, no hay otra cosa. Para evitar males mayores, acepten esto. Es lo único viable, lo único factible. Es bueno que lo hagan suyo”, el mismo argumento que hoy se esgrime para justificar el acuerdo con Griesa. Entre marzo y junio de 1981, Gómez fue presidente del Banco Central con el dictador Roberto Viola.

Más allá de los matices que en distintos momentos expresaron los bancos locales y las filiales de los extranjeros, hoy vuelven a coincidir a favor de lo que Gaggero llamó “el tercer ciclo largo del endeudamiento argentino”.
El primero, de nada menos que 124 años, arrancó con el banco de los hermanos Baring en 1823 y terminó en 1947 con la cancelación final de toda la deuda.
El segundo ciclo, “comenzó con la dictadura cívico-militar en 1976, que nosotros creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de Kirchner de 2005 y 2010”, agregó.
Ahora “temo que vamos a un tercer ciclo largo de endeudamiento”.
En la historia argentina con pocas excepciones “los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios, de facto, reaccionarios, y los pagadores los gobiernos democráticos populares”.

Para el economista, la racionalidad con que se convocó al Congreso es la de la futura deuda a tomar por la Argentina. Los diputados deberían preguntarse para qué.
Un juez de un país extranjero puede decidir sobre esa deuda pero es inadmisible que ponga como condición que el Congreso soberano argentino derogue dos leyes y en un plazo perentorio. En esas condiciones “están burlándose de la soberanía argentina, y en particular de las responsabilidades del Congreso”.

Las curvas paralelas

En la exposición más sustancial escuchada, Gaggero advirtió contra el riesgo de que se repita lo sucedido en el ciclo de 1976 a 2001, cuando las curvas del endeudamiento externo y de fuga y acumulación de dinero negro fuera del país fueron paralelas.
La única manera de evitarlo es evaluar los proyectos de inversión, incluirlos en el presupuesto y recién entonces tomar deuda para financiarlos. El gobierno debería presentar las obras importantes con un horizonte trienal, como mínimo. En cambio se están eliminando controles incluso a los capitales de corto plazo e “inventando en el aire programas de inversión, por ejemplo, el programa Belgrano”. Si el Congreso no lo controla, la nueva deuda no va a tener aplicación eficaz, “será de corto plazo financiero, alimentará la bicicleta y, lo que es peor, estimulará la fuga estructural del dinero ilegal que nuestro país sufre. Estimó que el stock de plata negra argentina en el exterior ya supera los 400 mil millones de dólares. En 2012 fue de 30 mil millones de dólares, la mitad como fuga financiera por parte de argentinos, y la mitad mediante otros mecanismos que utilizan las multinacionales: precios de transferencia, préstamos que en realidad son equities, que dan lugar a la remisión de utilidades que no son tales.

Objetó que el proyecto no estableciera el monto definitivo de la deuda que vaya a acordarse con el total de los holdouts y que le hubieran enviado un proyecto sin un mensaje de exposición de motivos. Cuando lo reclamó, le permitieron leer de apuro una recopilación minuciosa de antecedentes legales, pero nada sustancial, sobre el pasado, sobre el presente, y menos una perspectiva sobre el futuro.
Aclaró que como economista bien formado no se oponía a la deuda, sino a las condiciones en que se la plantea, para que el Congreso otorgue facultades sustanciales cuando no se conoce el monto definitivo y ni siquiera los protagonistas, de modo que algunos que no entren en este acuerdo podrán seguir litigando y “llevándonos en el futuro a encerronas como esta”, pero peor aún: los mismos holdouts con los que ahora se acordaría, pueden tener deudas que no entran en este paquete y no hay ninguna restricción que limite esa posibilidad. Con lo cual lejos de una solución se estaría agravando el problema. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes suspendió la aplicación del fallo de Griesa para que otros acreedores puedan continuar negociando con la Argentina, muestra que esta advertencia tiene sólidos fundamentos.


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