Publicado en línea el Lunes 25 de febrero de 2019, por amalia

Editorial de La Jornada (México)

El artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es terminante: a la letra, establece que ningún Estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no únicamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Desde hace dos décadas, y de manera particularmente virulenta en los años recientes, un conjunto de gobiernos miembros del organismo regional, siempre bajo la batuta de Estados Unidos, ha mantenido una cruzada contra el Estado venezolano que los pone en abierta y cínica violación del referido y de muchos otros preceptos consagrados en la Carta, la cual establece las obligaciones de los estados americanos en sus relaciones bi o multilaterales.

Por su papel central en dicha cruzada, es insostenible la posición de Luis Almagro como secretario general de la OEA, pues constituye un afrentoso contrasentido que el encargado de hacer cumplir los preceptos del organismo multilateral más importante del continente despliegue una labor injerencista que tira por la borda cualquier intento de conciliación entre las naciones y al interior de éstas, actitud que pone en peligro la paz regional, y con ello las vidas de millones de americanos.

Como se sabe, tal embestida cobró la forma de incitación directa al golpismo y la guerra civil desde el pasado 23 de enero, cuando el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela en una operación previamente acordada con Washington para derrocar al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro. Desde entonces, se han sucedido sin interrupción actos de hostilidad y llamamientos a ejercer la violencia contra Venezuela por parte de la totalidad de los Estados sud y centroamericanos –abrumadoramente gobernados por formaciones de derecha y ultraderecha, incluyendo expresiones francamente fascistas en casos como Brasil y Colombia.

Ayer se dio la última y más descarada muestra de la impunidad con que los estados alineados a los designios de la Casa Blanca trasgreden los más elementales principios por los que dicen regirse en sus relaciones con sus vecinos, como la buena fe que, en el papel, debe guiarlas. En efecto, la presencia de los mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay, así como del inefable Almagro durante el concierto convocado por personalidades del empresariado y el espectáculo de la derecha internacional para respaldar la intervención de Estados Unidos en la nación caribeña, no puede interpretarse en ningún otro sentido que como un acto de agresión desembozada contra Venezuela.

Es imperativo que todos los actores señalados, y en particular los gobiernos colombiano y estadounidense, cesen en su campaña desestabilizadora contra Caracas, dejen de ampararse en una cada día más inverosímil defensa de la democracia para impulsar a los ciudadanos venezolanos hacia una confrontación fratricida y asuman todas las obligaciones en materia de no intervención y respeto irrestricto a la soberanía a que se encuentran vinculados por la Carta cuyos principios pretenden enarbolar.


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