Publicado en línea el Lunes 11 de marzo de 2019

Getty Images El nuevo gobierno del Estado de Palestina debe aprovechar la oportunidad para revertir el deterioro de la situación de los derechos humanos que tuvo lugar con el gobierno anterior, y demostrar que está firmemente decidido a cumplir con sus obligaciones internacionales, ha afirmado Amnistía Internacional. Mohammad Shtayyeh, nuevo primer ministro, formará gobierno previsiblemente en los próximos días.
Desde junio de 2014, cuando llegó al poder el gobierno de consenso nacional dirigido por el ex primer ministro Rami Hamdallah, Amnistía Internacional ha documentado una escalada de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, a pesar de que el Estado de Palestina se ha adherido a tratados internacionales de derechos humanos. Tales abusos incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, uso de la tortura y otros malos tratos que ha causado muertes bajo custodia y una campaña intensiva de represión contra la libertad de expresión y la sociedad civil.
“En los últimos años, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han sufrido una espeluznante ofensiva por parte de las autoridades palestinas en Cisjordania y Gaza. El nuevo gobierno de Palestina no debe repetir errores del pasado. En lugar de atacar a las voces críticas, debe garantizar la protección de los derechos y libertades y del Estado de derecho”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“El nuevo gobierno debe demostrar su sincero compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos adoptando medidas de inmediato que garanticen que todas las leyes y políticas protegen los derechos y libertades de las personas bajo su autoridad.”
En su memoria anual sobre los derechos humanos en Palestina, Amnistía Internacional puso de relieve motivos de preocupación relativos a violaciones de derechos civiles y políticos, en particular las cometidas por las fuerzas de seguridad. Según informes de organizaciones locales de derechos humanos, entre ellas la Comisión Independiente por los Derechos Humanos —la institución nacional de derechos humanos de Palestina— y el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa, la detención y reclusión arbitrarias, la tortura y otros malos tratos y las violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión por parte de las autoridades palestinas en Cisjordania y Gaza empiezan a ser prácticas institucionalizadas.
Muchas de estas violaciones de derechos humanos tienen su origen en la represión cada vez mayor de la disidencia en el contexto de las disputas políticas en curso desde 2007 entre los gobiernos de Cisjordania y Gaza. Amnistía Internacional ha documentado acciones selectivas contra medios de comunicación, ONG, manifestantes y otras personas que se oponen a las políticas del gobierno de Fatah en Cisjordania.
En 2017, las autoridades palestinas en Cisjordania promulgaron la Ley de Delitos Electrónicos, que impone estrictos controles sobre la libertad de los medios de comunicación y permite detener y recluir arbitrariamente hasta 15 años a quien critique a las autoridades palestinas por Internet, incluidos periodistas y denunciantes de irregularidades. Con arreglo a esta ley, cualquier persona de la que se considere que ha perturbado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social” se enfrenta a fuertes multas y hasta 15 años de trabajos forzados en prisión. Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de defensores y defensoras, activistas y periodistas que han sido procesados en aplicación de esta ley en Cisjordania.
En Gaza, el gobierno de facto de Hamás continuó aplicando medidas represivas sobre la libertad de expresión y de reunión pacífica empleando fuerza excesiva a disolver manifestaciones pacíficas y deteniendo y recluyendo arbitrariamente a quienes criticaban su gobierno. Los tribunales de Gaza siguieron dictando sentencias de muerte en actuaciones que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos-
Impunidad que fomenta los abusos
La policía y otras fuerzas de seguridad palestinas siguen infligiendo impunemente torturas y otros malos tratos bajo custodia en Cisjordania, y la policía y otras fuerzas de seguridad de Hamás hacen lo mismo en Gaza. La Asociación Internacional para los Derechos Humanos (ICHR) calcula que hay centenares de víctimas.
Las autoridades palestinas de Cisjordania aplican con creciente frecuencia una ley de 1954 que permite la detención sin cargos ni juicio por tiempo indefinido por orden de un gobernador regional. Sólo en 2018, la ICHR documentó 201 casos.
En los casos excepcionales en que las autoridades palestinas han tomado medidas para obligar a los perpetradores pertenecientes a la policía y las fuerzas de seguridad a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas, han recurrido a medidas disciplinarias en lugar de enjuiciamientos penales, incluso cuando se acusaba a los sospechosos de uso excesivo o arbitrario de la fuerza.
“La ausencia casi total de rendición de cuentas con los gobiernos anteriores ha contribuido a crear un entorno de impunidad que ha favorecido que la policía y otras fuerzas de seguridad palestinas hoy sigan haciendo uso excesivo de la fuerza y cometiendo otros abusos”, ha dicho Saleh Higazi.
“La población palestina, cuyos derechos ya eran aplastados sistemáticamente por la ocupación israelí, no debe ser objeto de la brutalidad y la represión de su propio gobierno. El nuevo gobierno debe adoptar medidas eficaces para mejorar la situación de los derechos humanos de toda la población.”
Información complementaria
El 29 de enero, el presidente palestino, Mahmud Abás, aceptó la dimisión del gobierno de consenso nacional encabezado por el primer ministro Rami Hamdallah, que llevaba en el poder desde junio de 2014.
El gobierno de consenso nacional tenía una autoridad mínima en la Franja de Gaza, administrada por el gobierno de facto de Hamás.
La formación del nuevo gobierno obedece a la decisión de disolver el Consejo Legislativo palestino, dominado por Hamás, y celebrar elecciones legislativas en el plazo de seis meses, pronunciada por el Tribunal Supremo Constitucional el 12 de diciembre de 2018.


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