Publicado en línea el Viernes 15 de marzo de 2019, por Jose Luís García Marcos

La enmienda del PP, de cuyas consecuencias Podemos ya alertó incluso desde la tribuna del Congreso, tenía como objetivo último seguir excluyendo del derecho a voto a parte del colectivo, estableciendo criterios de interpretación de la competencia de las personas con discapacidad para ser votantes.

La diputada de Podemos, Teresa Arévalo, ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) modificar el criterio interpretativo utilizado en la Instrucción 5/2019, relativa a garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, ya que resulta discriminatorio y estigmatizante, y por tanto, contrario a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado. Este viernes, Arévalo ha elevado una reclamación formal a la JEC para que garantice el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

A finales de 2018 se aprobó en el Congreso de los Diputados, gracias al empuje del movimiento asociativo, una reforma de la Ley Electoral que iba a permitir que 100.000 personas en nuestro país reconquistaran el derecho a voto. Aprobarla suponía que España adaptaba su legislación electoral a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Podemos se comprometió con el movimiento a sacarla adelante por suponer un gran avance democrático, pero durante el trámite el Partido Popular introdujo una enmienda que desvirtualizó y descafeinó la reforma. Desde Podemos se alertó entonces de que las exigencias del PP supondrían que la reforma de la Ley Electoral no sería garantista y provocaría inseguridad jurídica. Aún con todo, Podemos votó a favor porque así lo pidió el movimiento asociativo. El texto salió adelante finalmente con la enmienda del PP, perdiendo la oportunidad de convertirse en una reforma garantista e inclusiva.

Ahora, la JEC ha decidido a través de una instrucción (dirigida a las personas con discapacidad) que interventores/as y apoderados/as podrán señalar, apuntando su DNI, a las personas con discapacidad que consideren que no están ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntario. Esto supone una clara discriminación; vulnera los derechos y contraviene el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tratado internacional ratificado por España (los Estados Partes garantizarán a todas las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones).

La enmienda del PP, de cuyas consecuencias Podemos ya alertó incluso desde la tribuna del Congreso, tenía como objetivo último seguir excluyendo del derecho a voto a parte del colectivo, estableciendo criterios de interpretación de la competencia de las personas con discapacidad para ser votantes.

La reclamación formal registrada este viernes por Podemos y dirigida a la JEC pretende aclarar dudas como: ¿En base a qué criterios van a medir los interventores y apoderados la consciencia, la libertad y la voluntad? ¿Y por qué la JEC elabora una instrucción dirigida a las personas con discapacidad en base a esto? ¿Existen instrucciones similares para el resto de la ciudadanía?

 

Viernes, 15 de marzo de 2019

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