Publicado en línea el Jueves 21 de marzo de 2019

Inti Ocon/AFP/Getty Images En respuesta a la resolución aprobada hoy por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes sobre la actual crisis de derechos humanos de Nicaragua, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Al establecer la supervisión sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha negado a aceptar la impunidad por los delitos contemplados en el derecho internacional y las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Este es un primer paso vital hacia la justicia, que envía un mensaje importante de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que la comunidad internacional no las olvide”.
“Esperamos que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sea firme en su presentación de informes sobre la actual crisis de derechos humanos, e instamos al gobierno de Nicaragua a colaborar plenamente con ella para encontrar una solución que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.”
Información adicional
El 18 de abril de 2018, una serie de reformas al sistema de seguridad social provocó protestas sociales generalizadas en Nicaragua. En respuesta a estas protestas, el gobierno nicaragüense adoptó una estrategia de represión violenta. Al menos 325 personas han muerto, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados progubernamentales; más de 2.000 han resultado heridas; centenares han sido detenidas arbitrariamente, y decenas de miles se han visto obligadas a huir a Costa Rica.
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional de Nicaragua.
Sin embargo, en lugar de aplicar la ley en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, las autoridades nicaragüenses la han utilizado como una herramienta más para criminalizar la protesta social. Además, en respuesta a las críticas, han expulsado del país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
La situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue deteriorándose gravemente con cada día que pasa. Continúa recibiéndose información sobre detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos.


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