Publicado en línea el Martes 2 de abril de 2019, por agustin

 flyer PPFF 2019 -1Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal

España sufre una crisis de desigualdad y de exclusión social. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. España es, además, el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años.

La recuperación económica está ahondando las carencias sociales y la falta de solidaridad internacional, mientras más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país, y 650.000 hogares no cuentan con ningún ingreso.

Ni la pobreza ni la desigualdad son inevitables. Pero nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan la inequidad del sistema. Y esta realidad se mantiene, cuando seguimos recaudando casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona.

El primer desafío que afrontar es nuestro menor nivel de ingresos fiscales en contraste con la capacidad económica. Debemos recaudar, de quienes no pagan lo que deben, ese

20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea: 80.000 millones de euros que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones de sociales, ambientales y económicas que tiene nuestro país.

La Constitución Española, en su artículo 31 establece que: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Nuestro modelo fiscal no garantiza derechos e incumple con los principios constitucionales : Ni se recauda más de quienes más tienen, ni se ponen cortafuegos al gran agujero que supone el fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Construir una sociedad menos desigual requiere un PACTO DE ESTADO CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Por ello, desde las organizaciones que componemos la Plataforma por la Justicia Fiscal convocamos a todos los grupos políticos a que, de cara a las próximas elecciones generales, se comprometan a:

1. Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal que convoque a todas las fuerzas políticas y cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.

 2. Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.

3. Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.

4. Penalizar la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales.

5. Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal impulsando procesos internacionales ambiciosos y adaptados a la realidad de los nuevos modelos empresariales en una economía más globalizada y digitalizada.

6. Recuperar la responsabilidad institucional reforzando la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan tanto la elusión como la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades off shore o extraterritoriales.

7. Reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.

8. Reorganizar la AEAT revisando los objetivos y ponderando los equipos humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia.Coordinar la AEAT con el conjunto de los departamentos tributarios de las CC.AA., incluyendo el intercambio de bases de datos y registros normalizados, así como con otros países.

9. Convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del gobierno, junto con actores sociales y expertos.

En Madrid, a 26 de marzo de 2019


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