Publicado en línea el Lunes 8 de abril de 2019

©AFP/Getty Images Las autoridades de Egipto deben poner fin a su campaña de represión contra las personas críticas que se oponen a las enmiendas a la Constitución egipcia, propuestas por parlamentarios, que no harán sino reforzar la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Muchas de las personas que han criticado los cambios han sufrido detención o han sido públicamente denostadas en los medios de comunicación.
La organización publica hoy un análisis de las enmiendas constitucionales que se están debatiendo actualmente en el Parlamento egipcio. Estas medidas, una vez aprobadas, socavarán la independencia del poder judicial, ampliarán la jurisdicción militar para juzgar a civiles y permitirán al presidente Abdel Fatah permanecer en el poder hasta 2034.
“De ser aprobadas, estas enmiendas constitucionales agravarían la devastadora crisis de derechos humanos que ya está experimentando la población egipcia. Darían al presidente Abdel Fatah al Sisi y a las fuerzas de seguridad libertad absoluta para seguir abusando de su poder y reprimir la disidencia pacífica durante años”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“El Parlamento de Egipto tiene la obligación de preservar lo que queda de la independencia judicial del país y de su adhesión al derecho internacional, y rechazar las reformas propuestas.”En las próximas semanas tendrá lugar una votación parlamentaria sobre las enmiendas y, si son aprobadas, el nuevo proyecto de Constitución se someterá a referéndum.
“Desde que el presidente Al Sisi llegó al poder, el deterioro de los derechos humanos en Egipto ha sido catastrófico. Los aliados internacionales de Egipto no deben permanecer impasibles y en silencio mientras las autoridades egipcias fuerzan la aprobación de estas enmiendas y obligan con intimidación a guardar silencio a todo el que se atreva a criticar los cambios. Las autoridades estadounidenses, en particular, deberían aprovechar la visita de Al Sisi a Washington D.C. esta semana para condenar públicamente los cambios propuestos.”
Al Sisi tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump el 9 de abril durante su visita a Washington D.C.
En su análisis, Amnistía Internacional observa con preocupación que las enmiendas reforzarían la influencia del ejército en el gobierno, suprimirían el requisito de la revisión judicial de los proyectos de ley, conllevarían una lamentable ampliación de la jurisdicción militar para enjuiciar injustamente a civiles y otorgarían amplios poderes al presidente para intervenir en asuntos judiciales y nombrar a jueces superiores.
Otras reformas que han suscitado críticas son los planes de ampliar a seis años el mandato presidencial e introducir una disposición que permita al presidente Al Sisi presentarse para cumplir dos mandatos más.
Represión selectiva de quienes ejercen la críticaLas enmiendas han recibido críticas considerables, incluidas las de personalidades públicas, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y la Asociación de Jueces del Consejo de Estado. La respuesta de las autoridades ha sido intensificar su represión de la libertad de expresión, actuando selectivamente contra personas han expresado públicamente su oposición a las enmiendas mediante detención y reclusión arbitrarias, difamación e incluso ciberataques.
Más de 57 personas han sido detenidas en lo que va de 2019 —las ONG egipcias citan números superiores— por expresar pacíficamente sus opiniones o simplemente porque parecía que lo hacían, y al menos cuatro de ellas por expresar su oposición a las enmiendas constitucionales en redes sociales.
Las detenciones siguen un patrón documentado repetidamente por Amnistía Internacional, según el cual las víctimas son detenidas sin orden judicial a primera hora de la mañana y sometidas a desaparición forzada durante varios días. Más tarde reaparecen ante un fiscal de la Seguridad del Estado que ordena su detención para investigarlas por los cargos de “pertenencia a grupo terrorista” y “difusión de información falsa”.
Varias personalidades públicas —incluidos parlamentarios— que han expresado su oposición a las enmiendas han sido ampliamente criticadas en medios de comunicación públicos y privados, y han sufrido campañas de desprestigio. Algunos opositores han sido objeto de comentarios homófobos y llamamientos a que se los procese por “traición” y se les revoque la nacionalidad egipcia, incluso por parte de colegas parlamentarios.
Asimismo, Amnistía Internacional ha documentado una ola de ciberataques de suplantación de identidad (phishing), probablemente originados en organismos con apoyo gubernamental y dirigidos selectivamente contra organizaciones mediáticas independientes y contra defensores y defensoras de los derechos humanos que informaban sobre las presiones de las autoridades —entre ellas el Servicio General de Seguridad—en favor de las enmiendas constitucionales.
La semana pasada, el 28 de marzo, un tribunal impidió que activistas del Movimiento Civil Democrático, un grupo opositor, realizaran una protesta contra las enmiendas constitucionales ante el Parlamento. El ministro del Interior egipcio solicitó formalmente al tribunal que no autorizara la protesta argumentando que podía representar una “amenaza para la paz y la seguridad públicas”. En su decisión, el tribunal expresó la preocupación de que “elementos antiestatales puedan infiltrarse en la protesta y agredir a los manifestantes para atribuir esos ataques posteriormente a las fuerzas de seguridad”.
“La intimidación y el acoso por la expresión pacífica de opiniones, lo que incluye aquellas contrarias a las enmiendas constitucionales, tiene que acabar ya”, ha dicho Magdalena Mughrabi.
“En lugar de intensificar esta cruel campaña de represión contra personas que ejercen pacíficamente la crítica, las autoridades de Egipto deben retirar estas enmiendas y asegurarse de que ningún cambio propuesto en el futuro vulnera las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por el país en virtud del derecho internacional.”


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