Publicado en línea el Martes 30 de abril de 2019

Patricia Gualinga © Amazon Watch/Caroline Bennett La falta de capacidad y de voluntad política de las autoridades ecuatorianas para garantizar la protección e investigar de manera adecuada y efectiva los ataques y amenazas contra defensoras del medio ambiente pone en riesgo sus vidas, y las de otras personas que protegen la Amazonía frente a intereses políticos y económicos vinculados a proyectos extractivos de gran escala en territorios indígenas, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“No nos van a detener” Ecuador: Justicia y protección para las Mujeres Amazónicas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente expone las fallas de la Fiscalía General de Ecuador en respuesta a una serie de ataques y amenazas de muerte registrados en 2018 contra Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar. Las cuatro son integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas, conformado por decenas de mujeres de Ecuador que defienden el medio ambiente en la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas.
“A pesar de las promesas del gobierno del Presidente Moreno, la falta de voluntad política de investigar seriamente los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y de darles una protección adecuada envía un claro mensaje a la sociedad: que estos delitos son tolerados en Ecuador. Esto es inaceptable”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El trabajo de las personas que defienden el medioambiente, como las Mujeres Amazónicas y otras organizaciones de los pueblos indígenas, es urgente y necesario en Ecuador y en el mundo entero, ante los impactos cada vez más evidentes de la crisis ambiental global en los derechos humanos de todas las personas”.
Las líneas de investigación y las medidas de protección que las autoridades ecuatorianas les han ofrecido a las victimas parecen ignorar posibles móviles de los ataques vinculados a su desafío a intereses económicos de gran escala y a roles tradicionales de género, a través de su rol como lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos.
“Este ataque es represalia por mi lucha para defender la vida y nuestros territorios contra la amenaza de la explotación petrolera”, declaró Salomé Aranda, después de que varios desconocidos amenazaron y atacaron con piedras a ella y su familia mientras se encontraban en su casa en mayo de 2018.
Las Mujeres Amazónicas señalan que las autoridades encargadas de investigar no recolectan ni analizan a tiempo evidencia crítica que, incluso, podría ayudar a identificar a los responsables de los ataques en su contra. Ante estas fallas, las defensoras terminan en la práctica asumiendo la carga de la investigación.
Las Mujeres Amazónicas también critican que las medidas de protección que les han ofrecido son inadecuadas e insuficientes frente a las necesidades particulares y los riesgos excepcionales que enfrentan cada día.
Independientemente de las posibles causas de estas fallas, sus consecuencias sobre la vida de las personas defensoras en Ecuador son claras y concretas. En un país en que los ataques contra ellas no son castigados y en que las autoridades no asumen su responsabilidad de garantizar su seguridad, muchas personas se enfrentan al dilema permanente de arriesgar su vida y la de sus familias para defender los derechos humanos y la naturaleza.
“El Presidente Lenín Moreno y la nueva Fiscal General, Diana Salazar, tienen en sus manos la oportunidad de poner fin a esta grave situación y garantizar justicia y protección para las Mujeres Amazónicas y cualquier persona que defienda los derechos humanos en Ecuador. Para esto, deben implementar una política nacional de protección y un protocolo de investigación de delitos contra ellas”, dijo Erika Guevara Rosas.

A pesar de la impunidad y la falta de protección, Patricia Gualinga asegura que no se rendirán: “Estamos unidas y vamos a continuar en nuestra lucha por la defensa de la Madre Tierra.”


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