Publicado en línea el Jueves 17 de marzo de 2016, por Darío Aranda / Página12

Las grandes compañías inmobiliarias-constructoras, impulsoras de la proliferación de barrios privados, son señaladas por su responsabilidad en la provocación y agravamiento de inundaciones. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, confirmó ese impacto empresarial en el ambiente y solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que paralice todas las obras de countries. “Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados asentados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”, afirmó el fiscal. Organizaciones sociales, que impulsaron la denuncia, marcharán mañana hasta las puertas de Eidico, una de las empresas denunciadas.

La causa fue iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientes y vecinales de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná, que apuntó a la ilegalidad de los emprendimientos, muchos construidos sobre “dominio público natural” (como son los cauces de ríos) y sin evaluación de impacto ambiental.

El 19 de febrero, el fiscal federal Domínguez solicitó a la jueza Arroyo Salgado la paralización precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios cerrados y clubes privados”. Abarca los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.

El fiscal advirtió: “Las gravísimas consecuencias muy probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades competentes soluciones de fondo”.

Entre la fundamentación resalta el derecho humano fundamental de todos los habitantes a gozar de un “ambiente sano y equilibrado” (artículo 41 de la Constitución Nacional). Precisó que los delitos (de empresarios y funcionarios) serían daño agravado, estrago seguido de muerte e incumplimientos de los deberes de funcionario público.

Organizaciones sociales e investigadores caracterizan a los barrios privados como parte del modelo extractivo, donde comparten una avanzada territorial, imposición del capital por sobre la población y la naturaleza, y con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Un factor fundamental son los humedales, ámbitos naturales que actúan como esponja y ayudan a mitigar los efectos de las fuertes lluvias.

Los barrios cerrados avanzaron de manera sistemática sobre los humedales. En 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 141/10 dirigida a los municipios de Tigre, San Fernando, Escobar, Campana y Zárate que exhortó a no habilitar emprendimientos inmobiliarios sobre humedales. En 2014, organizaciones de vecinos de Tigre, Escobar y Pilar presentaron a los Concejos Deliberantes proyectos de ordenanza para prohibir los barrios privados. En 2015, la Cámara de Diputados de la Nación dejó sin tratamiento el proyecto de Ley de Humedales (que ya tenía media sanción de Senadores) y perdió estado parlamentario.

La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), una de las denunciantes, remarcó que la invasión de barrios privados “sólo fue posible por la connivencia entre las autoridades de los tres niveles del Estado y los desarrolladores inmobiliarios, con consecuencias reiteradas de inundaciones y destrucción de fuentes de agua dulce, atentando gravemente contra la salud y la integridad física de millones de personas”.

La denuncia inicial, de 2012, fue por el emprendimiento inmobiliario Colony Park (en Tigre), y el daño ambiental provocado (el proyecto fue finalmente paralizado). En la causa se destacó que las urbanizaciones sobre el río Luján generaron “un efecto acumulativo por el endicamiento de miles de hectáreas, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas”. Sobrevino la inundación de octubre de 2014, donde falleció Daniel Quintana (en San Fernando) y Nahuel Reyes (en Luján). Luego de las inundaciones de agosto de 2015, donde fallecieron al menos otras dos personas, ampliaron la denuncia.

En los últimos 20 años, aumentó geométricamente la cantidad de barrios privados. Sólo en Pilar existen 152 barrios cerrados, que ocupan el 24 por ciento del partido.

“Basta de inundarnos con barrios privados”, será la consigna de la marcha de mañana a la tarde en Tigre, en las puertas de la empresa Eidico (en la rotonda de acceso a Villa La Ñata y Benavídez). Impulsada por organizaciones vecinas, ambientales y de pueblos originarios de la cuenca del río Luján, denuncian a Eidico (presidida por Jorge O’Reilly) de ocasionar “daños sociales, culturales y ambientales” con sus emprendimientos inmobiliarios. También, en base al dictamen del fiscal federal de Tigre, exigirán a la jueza Arroyo Salgado que aplique la medida cautelar que frena la construcción de barrios cerrados. “Sólo en Tigre, Escobar y Pilar (cuenca baja del río Luján), se han destruido unas diez mil hectáreas de humedales”, afirmó el Movimiento en Defensa a la Pacha de Punta Querandí (Tigre).

Viviana Rebasa, de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, remarcó que los barrios privados implican dos hechos fundamentales: daño ambiental (tanto inundaciones como contaminación de vitales reservas de agua dulce) y apropiación del espacio público, “que es de todos”, por parte de millonarias empresas inmobiliarias-constructoras.


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