Publicado en línea el Viernes 18 de marzo de 2016, por Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina – Tras 9 años de lucha, la causa por la muerte de Gabriel Blanco llegó a juicio. El joven de 21 años había sido detenido en marzo de 2007 y su cuerpo apareció en el calabozo de una comisaría del barrio de San Carlos. La policía quiso hacer pasar lo sucedido como un caso de suicidio, pero su familia y organizaciones sociales y de derechos humanos, como la APDH La Matanza, lograron reunir las pruebas que daban cuenta de un asesinato. Desde este miércoles 16 de marzo, el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena están siendo juzgados por torturas seguidas de muerte, mientras que el comisario inspector Claudio Horacio Hundayn y el subjefe de la comisaría Daniel Omar Dos Santos están imputados por encubrimiento agravado.
Previo a esa detención, Blanco venía siendo sistemáticamente hostigado por policías de la zona con el objetivo de que robara para ellos. Ante la negativa del joven, los golpes y detenciones arbitrarias eran moneda corriente.
Aún con la confirmación de la elevación de la causa a juicio oral, el camino no fue sencillo. Uno de los magistrados seleccionados en el primer sorteo de jueces tenía relación con uno de los acusados por lo que el inicio del proceso se retrasó. Sin embargo, el nuevo tribunal, integrado por Gabriela Risutto, Matías Mariano Deane y Pablo Lucero, anuló en diciembre pasado la prisión preventiva de los acusados, otorgándoles el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica.
Durante la primera audiencia, los magistrados dispusieron que las sesiones se desarrollen en una pequeña sala ubicada sobre la calle Marcón, en San Justo. Los defensores de los policías pidieron además que varias personas se retiraran de la sala, solicitud a la que los jueces accedieron. Así fue como Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, debió abandonar la sala junto con los 2 únicos periodistas que habían ingresado. Distintas organizaciones acompañaron el inicio del juicio con una movilización y radio abierta frente a la sala de audiencias; desde allí, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, aseguró: “No quedó nadie que pueda registrar lo que va a suceder. ¿Qué es lo que tienen que ocultar adentro?”.
Sin embargo, y gracias a la insistencia de la familia y los organismos, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, pudo finalmente presenciar la audiencia junto a otras 3 personas. También estuvieron como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM).
Durante la primera jornada se escucharon los testimonios de Teófilo Blanco y Carmen, padres de Gabriel; de su compañera, Yolanda Griselda Silveira; y de su cuñado Sebastián Fabián Abreú. Todos dieron cuenta de la persecución a la que fue víctima Gabriel.
Teófilo declaró que su hijo "era presionado para trabajar para la policía" y que si no se hicieron las denuncias de estos hechos fue "por el temor a las represalias".
La pareja de Blanco habló del maltrato que recibió el joven la noche en que fue detenido y de cómo los agentes le pidieron a ella que se retirara de la comisaría ya que ellos se iban a encargar de tranquilizarlo. Pocas horas después, un patrullero se dirigiría a la casa de la familia Blanco para informarles que Gabriel se había “suicidado” en el calabozo.
Por su parte, el abogado querellante Alejandro Bois dijo que el balance de la primera jornada fue positivo: “todos (los testimonios) refirieron sus dichos a lo que dijeron en su momento". Agregó que el objetivo de la acusación debe centrarse "en la cuestión de las torturas para que se comprueben en el debate oral porque la muerte de Gabriel está relacionada con eso". Señaló que todas las preguntas de los defensores apuntaron a manifestar que no hubo arbitrariedad en la detención de Gabriel ni tampoco torturas, acusando al médico que intervino y denunciando a las organizaciones de derechos humanos de direccionar la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Las audiencias continuarán desarrollándose hasta el 23 de marzo, por lo que desde la familia y los organismos solicitaron acompañar cada jornada, que comienza a las 8.30, con movilizaciones y presencia frente a la pequeña sala donde se lleva adelante el juicio.

Nueva oportunidad para la justicia
Este miércoles 16 de marzo también se dio inicio al segundo juicio contra 5 policías acusados de violar a un menor en una comisaría de Trelew.
El sargento primero Sergio Castillo y los agentes Héctor Ortiz, Aníbal Muñoz, Carlos Treuquil y Carlos Pato son juzgados por los magistrados Marcelo Nieto Di Biasse, Fabio Monti y Ana Laura Servent.
Maximiliano Almonacid fue detenido en la puerta de su casa el 18 de enero de 2012, tras una denuncia telefónica que alertaba por una pelea callejera. Testigos de la detención declararon en su momento que el joven fue golpeado por los policías. Luego de su liberación, Almonacid denunció que había sido abusado en la comisaría por los agentes Muñoz y Treuquil.
Durante el primer juicio, que se desarrolló en marzo de 2013, 3 de los 8 imputados pidieron el juicio abreviado, en el que reconocieron su participación en los hechos y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación. Sin embargo, recién en 2015 fueron exonerados de la fuerza. En tanto, los otros 5 imputados resultaron absueltos.
Tanto la familia Almonacid como el Ministerio Público Fiscal presentaron un recurso extraordinario de impugnación, que llevó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut a revocar la sentencia y volver a llevar a los policías a juicio.
Cabe recordar que hubo un testigo de lo sucedido aquella noche en la comisaría de Trelew, que aseguró haber escuchado los gritos de Maximiliano como así también comentarios de los policías involucrados. Se trata de Bruno Rodríguez Monsalvez, que también estaba detenido en esa dependencia. Tras realizar una declaración anticipada en Cámara Gesell y ser considerado testigo protegido para preservarlo de la policía, Monsalvez decidió irse de Chubut pero fue asesinado de 3 puñaladas el 26 de marzo de 2012; en tanto su sobrino, César Monsalvez de 13 años, se encuentra desaparecido desde el 27 de mayo de 2013.

Fuentes: APDH La Matanza / La Retaguardia / Cosecha Roja / La Vaca


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