Publicado en línea el Lunes 16 de septiembre de 2019, por agustin

lamarea

Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

“La economía española ha generado cerca de dos millones de empleos entre 2014 y 2018: un crecimiento acumulado en el período del 12%. Pero la precarización se impone”

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de horas extraordinarias semanales realizadas en el segundo trimestre de 2019 ascendieron a más de seis millones, de las cuales el 52% han sido pagadas y el 48% restante no han recibido ninguna retribución. Si se compara este dato con el del mismo trimestre de 2018, la cifra se ha reducido en un 12%; reducción que, sobre todo, corresponde a las pagadas, un 19%. Se llega a la misma conclusión cuando se comparan los dos trimestres de este año con los de 2018.

Una evolución sin duda positiva, posiblemente influida por la aprobación por parte del gobierno socialista de un decreto que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral y a guardar ese registro durante cuatro años. En todo caso, con ciertas fluctuaciones, el volumen de horas extraordinarias se ha mantenido en niveles altos. Y eso que el dato real de las no pagadas es, con toda seguridad, mucho peor; ante la amenaza y la posibilidad cierta del despido, muchos trabajadores no tienen otra alternativa que someterse a este atraco.

Trabajar más horas por el mismo salario significa una reducción sustancial del mismo. En cuanto a las pagadas, habría que saber, y el INE no proporciona esa información, cuántas de esas horas se abonan al salario normal, sin el plus que corresponde a su carácter extraordinario.

Además, asistimos a una prolongación de la jornada y más intensidad en la realización de las tareas y en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa, a través del aumento de los ritmos de trabajo y de la reducción o eliminación de los tiempos muertos. El European Working Conditions Survey de 2015 señalaba que más del 60% de las personas encuestadas decía realizar su trabajo a un ritmo elevado y con plazos muy ajustados.

Con todo, la economía española ha generado cerca de dos millones entre 2014 y 2018: un crecimiento acumulado en el período del 12%. Pero la precarización se impone. La suma de los contratos temporales y a tiempo parcial superó ampliamente en este último año los 7 millones, lo que supone el 37% del empleo total. Han crecido, muy especialmente, los primeros, en 2,8 puntos porcentuales. Destaca, asimismo, que una parte importante de las personas contratadas a tiempo parcial (el 56% en 2018) desearía trabajar más horas.

En ese período, 2014-2018, la compensación real por empleado -en un contexto de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de acelerada creación de empleo; es decir, en un escenario donde parecería lógico que aumentaran los salarios de la clase trabajadora- retrocedió un promedio de un 1,5%, según la Oficina Estadística Europea, con el resultado de que su peso en la renta nacional disminuyó en un punto porcentual. No es, pues, de extrañar que el porcentaje de trabajadores pobres haya seguido creciendo; se encontraba en esta situación en 2018 el 13% del empleo. El INE informa de que cerca de 5 millones de trabajadores, el 30% del total, percibía en 2017 ingresos inferiores a 1.200 euros mensuales; más de 3 millones, el 20%, no llegaba a los 1.000 euros; y 1,6 millones, el decil inferior, ganaba menos de 500 euros.

Esta dinámica ha podido contribuir a mejorar las cuentas de resultados de las empresas a corto plazo, pero tiene costes muy elevados. Supone una importante merma de capacidad recaudatoria, especialmente perjudicial para las cuentas de la seguridad social y el sostenimiento del sistema público de pensiones; lastra la creación de empleo decente y de calidad; da por buenas las prácticas empresariales más conservadoras basadas en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; hace muy difícil compatibilizar los trabajos de cuidados y abordar proyectos personales de vida; y explica el avance de diversas patologías cuyo origen se encuentra en el estrés laboral.

Estamos asistiendo, en consecuencia, a una profunda degradación de las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, las relaciones laborales y los espacios de negociación colectiva, reflejo de un profundo cambio en las relaciones de poder en beneficio del capital y las elites empresariales. Todo un símbolo de un capitalismo y un proceso de acumulación crecientemente depredadores y extractivos que ha venido para quedarse. En un contexto de débil e insuficiente crecimiento del PIB y de avances moderados en la productividad del trabajo, se impone la confiscación de renta, riqueza y recursos. Es en esta perspectiva, en clave de economía política, donde mejor se entiende el panorama laboral que emerge de la crisis.


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