Publicado en línea el Miércoles 2 de octubre de 2019, por agustin

Este artículo es segunda parte y por tanto se recomienda leer la primera previamente.

3. Recuperación de la soberanía financiera, monetaria y democrática por los ciudadanos.

En primer lugar, hay que decir que en el libro de Quero la recuperación de la soberanía democrática sería consecuencia de la recuperación previa de las soberanías financiera y monetaria, por lo que nos vamos a centrar en esas últimas.

En cuanto a la autonomía financiera y dando por descontado la solvencia de los estados emisores, la preocupación de los tenedores de títulos de Deuda pública estaría en poder recuperar su dinero en cualquier momento. Para ello tiene que existir un mercado secundario donde se compren y vendan los títulos antes de su vencimiento. Además, los precios de la Deuda en ese mercado condicionan el tipo de interés que se aplicará en las nuevas emisiones.

Con sus recursos por los depósitos y mediante abonos a la cuenta corriente del Tesoro público, el BCD podría comprar el importe de Deuda pública necesario en cada momento para completar de aquél. También puede el BCD actuar como creador de mercado de Deuda pública, consiguiendo ingresos por el diferencial entre los precios de compra y venta de los títulos. De esta manera, el estado, y por tanto la ciudadanía, podría recuperar su autonomía financiera.

Respecto a la soberanía monetaria el autor parte del fenómeno conocido como la “burbuja inmobiliaria” ocurrido en España en los años 2002 al 2007. Éste se debió, entre otras causas, a que los tipos de interés aplicados en toda la Unión Monetaria Europea (UME) eran muy inferiores a los que, teniendo en cuenta la demanda interna de España, se tendrían que haber aplicado aquí, esto incentivó más al alza de los precios en el mercado inmobiliario. El BCD de haber existido podría haber aplicado a los bancos españoles un tipo de interés más elevado que los de la eurozona, rebajando así la “burbuja”.

Lo anterior no implica necesariamente que el BCD promueva una política monetaria ajena a la de la UME, sino que podría matizar determinadas medidas de esta. Para conseguir la coordinación de las medidas en ese ámbito propone Quero la presencia en el Consejo del BCD de un representante del BCE. Asimismo, aboga una relación muy cooperativa entre el BCD y el Gobierno y el Parlamento españoles.

…en la última crisis, ha supuesto solo en aportaciones los fondos propios de las entidades de casi 63.000 millones de euros, de los cuales ya se han perdido 25.000

Actualmente cuando un banco entra en quiebra técnica, los estados se encuentran ante el dilema de dejarlos caer y liquidarlos o rescatarlos inyectándoles capital en abundancia. Así ha sido en España en la última crisis, ha supuesto solo en aportaciones los fondos propios de las entidades de casi 63.000 millones de euros, de los cuales ya se han perdido 25.000. Los estados a su vez garantizan de hecho a los Fondos de garantía, por lo que la solución de liquidarlos suele ser la más costosa.

Si se aplica el sistema del BCD, al no tener depositantes los bancos, no tendría sentido el dilema que se recoge en el párrafo precedente. Esto no implica que la quiebra de un banco sea indemne para la economía en general o para un sector o un territorio en particular. Pero las pérdidas se asumirían por sus accionistas y acreedores, entre los que estaría el propio BCD, que podría considerar cual sería la mejor decisión en cada caso. Esta solución parece mucho más democrática que la actual.

No obstante, como los bancos captarían directa o indirectamente un elevado importe de fondos a los ciudadanos, la quiebra de alguno de ellos generaría una gran alarma social, igual que la estafa de Afinsa y similares. La pregunta sería que hace diferentes a los depositantes de los que compraran obligaciones de un banco.

Por último, apunta Quero que el modelo propuesto no solo mejora el sistema bancario actual, sino que permite posibilidades no contempladas por este último y que afectan a la inversión pública y a la reducción de la Deuda.

Ya se ha dicho antes de que forma los bancos crean el dinero bancario, el BCD no sería una excepción. Sin embargo, el proceso sería mucho más fácil de gestionar ya que estaría muy centralizado. Esto también lo hacía el Banco de España en el pasado, pero lo tiene prohibido ahora en virtud de la legislación de la UME. Sin embargo, para evitar que la inflación se dispare el proceso debe ser controlado cuidadosamente por el BCD. El mecanismo para cumplir este fin es condicionando el uso de la financiación proporcionada a los otros bancos.

Es sabido que la emisión de títulos de Deuda pública perpetuos no cuenta como deuda de los estados. Por tanto, la sustitución de títulos normales por perpetuos mejoraría la situación financiera de España. Esta práctica no sería nueva en España, aunque los títulos perpetuos terminaron por amortizarse anticipadamente, posibilidad que suele reservarse el emisor. El BCD podría comprar toda la Deuda pública perpetua que no se colocara en el mercado.

4. Transición al nuevo modelo.

Ya se ha adelantado antes que no sería fácil la transición del sistema bancario actual al basado en un BCD, en el presente apartado se va a recoger una ruta para alcanzar dicho objetivo, comentando a su vez sus dificultades.

En el caso de que la nueva Ley implicara la reforma de la Constitución, debería ser aprobada en el Parlamento con mayoría reforzada y someterse después a referéndum, existiendo también la posibilidad de tener que disolver las Cortes.

El primer paso para reformar el sistema es la promulgación de una legislación que dé cobertura a la creación del BCD y en la que se fijaría el nuevo papel de los bancos y el proceso temporal de la transición al nuevo modelo. En el caso de que la nueva Ley implicara la reforma de la Constitución, debería ser aprobada en el Parlamento con mayoría reforzada y someterse después a referéndum, existiendo también la posibilidad de tener que disolver las Cortes.

También no solo habría que redactar los artículos de la Ley básica, sino además muchos Decretos y órdenes ministeriales además de modificar muchas de las normas vigentes. Entenderá el lector que no va a ser fácil poner de acuerdo una mayoría de diputados acerca de una Ley que afectaría en extremo a sus postulados económicos de partida.

En cuanto al proceso operativo según el Banco de España, a 31 de marzo del 2019 el importe de los depósitos de otras sociedades no financieras más los de los hogares ascendía a 2 billones de euros y por otra parte el importe de créditos concedidos a los mismos sujetos a 1,8 billones de euros.

En el momento en el cual el BCD se haga cargo de los depósitos de los bancos debe financiar a cada uno de ellos de manera que sus balances no se descuadren. A partir de ahí, el BCD debe fijar para cada banco el importe máximo a financiar a largo plazo, que se podría actualizar según su solvencia. Esto implica fijar un calendario para que los bancos sustituyan los recursos de los acreedores por depósitos por los de los acreedores ordinarios y recursos propios.

No es descartable que muchos bancos para poder cumplir el calendario de sustitución no renueven muchos de los préstamos, de lo que podía derivarse una crisis de un nivel muyo mayor que la del 2011. Para evitar eso el BCD debería crear incentivos para que los bancos mantengan sus inversiones o hacer el calendario de sustitución indefinido, pero así no se cumpliría el principio de que sean los acreedores y accionistas los que asuman los costes de las crisis. Conclusión, se tendría un FROB y un FGD que se llamaría BCD.

Para evitar que todos los ciudadanos tuvieran que acudir en masa a las oficinas del BCD, que además no existirían, se tendrían que abrir de oficio cuentas en el BCD a todos los clientes de todos los bancos. Esto generaría problemas informáticos entre los bancos y el BCD y el proceso en cada banco sería costoso y conllevaría mucho tiempo.

Si el dinero en efectivo no desaparece se plantea el problema de la forma en que los billetes van a llegar al público, labor que ahora desempeñan los bancos en colaboración con el banco de España. El presumible cierre masivo de oficinas bancarias, así como la falta de interés por proporcionar este servicio obligaría a crear un sistema alternativo, lo que no será fácil.

Aun cuando la tendencia actual en el sistema bancario español es cerrar oficinas y reducir el personal, al establecerse el BCD sobrarían aún más empleados en un plazo muy breve. ¿Qué pensarían los sindicatos de esto? ¿Y la Seguridad social?

Aun cuando la tendencia actual en el sistema bancario español es cerrar oficinas y reducir el personal, al establecerse el BCD sobrarían aún más empleados en un plazo muy breve. ¿Qué pensarían los sindicatos de esto? ¿Y la Seguridad social?

Parece por tanto que la creación del BCD generaría el rechazo no solo del sector financiero privado, sino de parte del espectro político y del sindical. También conllevaría muchas dificultades técnicas, que evidentemente podrían superarse, pero que implicarían costes significativos.

Por último, partiendo de la idea de que los bancos de crédito dependerían durante decenios de la financiación del BCD, ¿se puede estar seguro de que desaparecería el denominado riesgo moral, es decir la garantía implícita del estado a los bancos? Aunque nunca hubiera que devolver los depósitos a los ciudadanos, en caso de quiebra de un gran banco el principal perjudicado sería el BCD, es decir todos aquellos.

Como conclusión, aunque la idea del Sr. Quero pueda ser buena, en estos momentos parece impracticable. Quizá por esto muy pocos economistas, que yo sepa, se han pronunciado sobre la misma.

5. Alternativas al modelo de un Banco ciudadano de depósitos.

Las pretensiones básicas del sistema propuesto con el BCD, es arrebatar a los bancos la creación de dinero y evitar el llamado riesgo moral que implica la garantía implícita de los estados respecto al sistema bancario. Las consecuencias positivas del sistema BCD sobre las políticas monetarias y financieras, serían en todo caso secundarias y en cualquier caso alcanzables por otras vías.

Por tanto, se va a plantear, incluso retomando conceptos ya tratados antes, otras aproximaciones para conseguir los mismos fines, pero con menores inconvenientes. No obstante, cualquier solución posible se encontraría la férrea oposición del sector financiero y de la Unión europea.

El primero sería combinar un proceso de narrow-banking con una nacionalización parcial del sistema financiero, en dos fases sucesivas pero muy cortas. En la primera todas las entidades separarían sus actividades de banca minorista y de negocios, mediante la creación de al menos una persona jurídica nueva. En la ley específica tendrían que figurar los criterios para la segregación de las actividades. En el caso de entidades cuya actividad como banca de negocios fuera escasa, no tendría que llevarse a cabo la segregación y se pasaría directamente a la segunda fase.

La segunda fase sería la nacionalización de todas las entidades minoristas, creando un organismo público tenedor de las acciones de aquellas, que se financiaría en el mercado y permutando valores de renta fija por acciones de los bancos nacionalizados. Como propietario de las acciones este nuevo ente nombraría a los consejos de administración de los bancos mediante unos criterios transparentes.

Una vez llevada a cabo la nacionalización se tendría que liquidar los activos y pasivos relacionados con la banca de negocios de las entidades no segregadas. Por último, y ello ya después de consideraciones políticas más generales, se podría plantear una reestructuración global del conjunto de entidades nacionalizadas.

Según la política de préstamos que siguieran los bancos minoristas nacionalizados se generaría más o menos dinero en el sistema, además podrían financiar al estado de forma similar a como lo hacían las cajas de ahorro en su inicio. Salvo una suspensión de pagos del estado en su conjunto todos los recursos ajenos de los bancos estarían garantizados.

Otra solución muy distinta es la propuesta por la escuela austriaca de economía. Según ésta todas las entidades que capten dinero del público deben mantener un importe equivalente depositado en el banco central del estado. De esta manera en caso de crisis todos los depositantes pueden recuperar sus fondos y como todos los depósitos se llevan al banco central no se genera dinero bancario.

La cuestión es que se necesitaría un periodo de tiempo muy largo para pasar del sistema actual al nuevo, y durante ese periodo el banco central tendría que financiar a los bancos para mantener cuadrados sus balances. Se estaría ante una versión del sistema con un BCD, pero sin él, solo que los bancos continuarían gestionado el servicio de cobros y pagos de sus depositantes.

Un gran problema es que hasta que el proceso no hubiera concluido el estado seguiría prestando su garantía implícita a los bancos. La gran ventaja de esta última solución es que es mucho más simple de implementar y su cumplimiento es fácil de supervisar.

Teniendo en cuenta la previsible oposición de la Unión europea a modificar la situación actual, antes de poner en marcha el proceso, en España en nuestro caso, se debe conseguir el apoyo de otros miembros de la Unión europea, si no es así la propuesta estará condenada al fracaso.

José Santos Pulido es miembro de la plataforma por una Banca Pública y socio de Attac Madrid


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