Publicado en línea el Martes 22 de marzo de 2016, por La Tribuna

“Es horrible que yo haya pagado por un delito que no cometí, por haber pedido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde. Porque yo soy el pueblo, yo soy la voz de los que no tienen voz”, exclamó la aguerrida “comandanta”, vestida con la camiseta verde oliva y la gorra negra de su policía comunitaria en rueda de prensa en Ciudad de México.

Vitoreada y acompañada por una cuarentena de sus compañeros comunitarios del municipio de Olinalá, algunos con machete en mano, Salgado aseguró que las autoridades mexicanas se ensañaron con ella en prisión y la tuvieron aislada durante 20 meses, haciéndola sentir “enterrada en vida”, y celebró que su excarcelación demuestre que era una “presa política”.

En agosto de 2013, Salgado fue detenida en Guerrero junto a otros compañeros acusada del secuestro de al menos seis personas, entre ellas tres menores de edad, que habían sido detenidos por comunitarios y que denunciaron haber sido raptados.

Pero la líder del grupo de autodefensas, de 45 años y que cuenta también con la nacionalidad estadounidense, salió libre y sin acusaciones pendientes en su contra, ya que los juzgados que llevan sus causas “han reconocido que es inocente y que forma parte del sistema de seguridad y justicia indígena de Olinalá”, dijeron sus abogados en un comunicado.

Su liberación llegó después de que, en febrero, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas recomendara a México “la liberación inmediata de Salgado y la reparación por las violaciones a los derechos humanos sufridas desde su arresto hasta la actualidad”, señalan los abogados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había pedido atención médica para Salgado al gobierno mexicano.

Grupos de policías comunitarios como el de la “comandanta” se levantaron en armas en 2013 en varios pueblos de las montañas y de la costa de Guerrero argumentando que ejercían la defensa de sus comunidades contra los cárteles del narcotráfico que someten a la población a extorsiones, secuestros y asesinatos.

Estos grupos imitaron a la policía comunitaria creada por indígenas hace 17 años en el municipio San Luis Acatlán de Guerrero, que bajo sus normas de usos y costumbres, asumieron la seguridad de sus pueblos.

LA LUCHA SIGUE
“Yo estoy realmente emocionada porque la libertad de Nestora abre una posibilidad para todas nuestras presas y los presos”, dijo Yolanda Ruiz, del Comité Nacional por los Presos Políticos.

Otros nueve compañeros de Salgado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) están detenidos por causas parecidas a la suya.

“Nos faltan 500 presos políticos y yo voy a luchar por sacarlos. Me voy a sentar donde me tenga que sentar, si es posible crucificarme me voy a crucificar, pero yo voy a lograr la liberación de mis compañeros”, se comprometió la “comandanta” al adelantar que se reintegrará a la policía comunitaria pero antes viajará a Estados Unidos para una revisión médica.

Para Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, la liberación de Salgado es “un símbolo contra la impunidad” y el primer paso hacia “una lucha más ardua por la liberación de más compañeros”.


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