Publicado en línea el Sábado 9 de noviembre de 2019, por agustin

Alberto Fraguas coordinador del Observatorio de Ecología Política de Attac

lapenultima

Como es bien conocido, el cambio climático tiene unos efectos indirectos en los distintos vectores ambientales cuya gravedad en muchos casos no es bien conocida. Uno de los que mayores implicaciones ecológicas y sociales lo es sobre el agua en cuanto a soporte ecosistémico y como factor vital para las poblaciones humanas y muy especialmente en Europa en países del arco mediterráneo como España.

La gestión del agua en nuestro país siempre ha estado teñida de prejuicios ilusorios que dominaron los siglos pasados en cuanto a que con infraestructuras que «lleven el agua a donde se necesite» se resuelve el problema olvidando que hay dos condiciones previas que aunque obvias deben ser recordadas: que, en efecto, haya agua disponible como recurso para llevar, y otra que en múltiples ocasiones se olvida, sea realmente necesaria, medida esta necesidad en términos de eficiencia.

Parecen dos cuestiones de perogrullo… pero sin embargo son trascendentales para orientar la política hidrológica y más ahora en tiempos de crisis climática con próximos procesos de nuevas e intensas sequías. En principio hay que empezar a eliminar ese cliché de que el agua es un recurso renovable tal y como hasta ahora se ha pensado. Las crecientes pérdidas en la cantidad de precipitaciones y escorrentías que llegan a los cauces superficiales y acuíferos, y el descenso de la calidad del agua, hace que debamos considerar el recurso hídrico cada vez como más escaso, y por tanto planificar su uso en función de demandas concretas que lo hagan sostenible.

Todo ello es imprescindible en una nueva lógica cual es que la dependencia de unas infraestructuras cuyo uso queda a la natural incertidumbre de si hay o no recurso hídrico genera evidente inseguridad. Así en los últimos años; embalses, trasvases, canalizaciones, etc… se han visto infrautilizados (en algunos casos inutilizados) por falta de previsión operativa que ha implicado en la falta de garantías de disponibilidad a pesar de los enormes impactos ambientales que su construcción conllevó.

El Cambio Climático crea nuevos paradigmas en la gestión del agua, haciendo derivar la mirada a la eficiencia de la misma, al para qué el agua, a la gestión desde la demanda. El informe de Diciembre del pasado 2018, presentado en el Parlamento español por la Subcomisión de Cambio Climático y Agua, recoge las observaciones de decenas de expertos de nuestro país al respecto de las tendencias que tendrá el clima y sus repercusiones en un recurso tan esencial vital, económica y ecológicamente como es el agua.

Todas las simulaciones y previsiones apuntan, de forma consistente, a notables incrementos de la temperatura media, que dependen del nivel de emisiones que se produzca en el futuro, pero respecto a las precipitaciones, las expectativas en espacios mediterráneos prevén una importante tendencia recesiva que se acentúa en horizontes de finales de siglo y en escenarios pesimistas, en los que se incumplen los acuerdos de París referentes a la lucha contra el Cambio Climático. La conclusión es que, se prevé una reducción de caudales medios, desde 2010 a finales de siglo del orden del 24%, que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40% en las zonas más sensibles (Este y Sureste de la península ibérica).

Esta situación hace que deba extremarse la eficiencia en la gestión del agua, y que esta mejora esté basada en optimizar las técnicas de gestión y gobernanza, a los que nos aboca este nuevo escenario creado por el calentamiento global, en base a una evidencia: no se pueden cumplir los nuevos retos con viejos principios y obsoletas herramientas.

La naturaleza nos está marcando los pasos a dar instando a la necesidad de una profunda revisión de nuestro modelo económico y con él, como parte esencial, nuestro modelo convivencial y de uso seguro y justo (sostenible decíamos hace años) de los recursos naturales; en especial el agua. Negar esta situación es engañar a la ciudadanía y arriesgarnos a colapsos sociales y ecológicos que crearán mayores fracturas económicas y más desigualdades. Las políticas basadas en la sostenibilidad no son ni más ni menos políticas tendentes a la seguridad global y este hecho es palmariamente evidente en cuanto al agua.

La Ecología nos ha enseñado en las capacidades homeostáticas, de equilibrio, de los sistemas. La apelación a la autosuficiencia hídrica (usos/recursos en equilibrio dependiente) es la única forma de minimizar riesgos al sistema global creando las garantías necesarias de equidad social y equilibrio económico.

En política hídrica llevamos demasiado tiempo creando dependencias que excluían otras alternativas de gestión y planificación. Quizás para ello sea necesario desmitificar la utilidad de las falsas soluciones infraestructurales o económicas. La naturaleza está dando ya claras señales de alerta ante políticas hídricas (y en general de uso de recursos naturales) que ahondan en desequilibrios territoriales y económicos y debemos atender a estas señales por la propia cohesión social, por nuestra propia seguridad.

Necesitamos conocer para comprender y necesitamos comprender para tomar decisiones. La base esencial de una nueva orientación de la gestión hídrica a la que nos empuja el Cambio Climático, es revisar muy bien si lo que sabemos es suficiente, auditar lo que conocemos sin «hacernos trampas a nosotros mismos» y ser conscientes de las carencias informativas y por tanto que cualquier decisión que tomemos asentados o a pesar de esas carencias, nos llevará al camino equivocado. En este sentido es imprescindible replantear los procesos de planificación hidrológica en marcha pues en ellos se plantean actuaciones que vienen siendo reivindicadas desde hace años (en algún caso décadas) y cuya puesta en marcha no solo es muy cuestionable en sí (regadíos) sino que podría tener efectos derivados de alto impacto en las garantías de suministro a poblaciones y en el mantenimiento de caudales ecológicos.

La transición hidrológica se debe iniciar desde ahí; revisando y redefiniendo todo lo hecho, huyendo de prejuicios forzados por intereses privativos o incluso societarios o personales inerciales, donde la función pública y sus gestores deben también hacer un esfuerzo para afrontar los nuevos retos, saliendo del inmovilismo y de los hechos consumados que se alejan del aseguramiento del bien común. Para garantizarlo en este proceso de nueva gobernanza del agua la ciudadanía debe ocupar un papel relevante instando a los poderes públicos a que cumplan su función de dotar de seguridad al sistema ante los nuevos desafíos.

Por tanto, los nuevos paradigmas de transición hidrológica y de nueva gobernanza deben partir de un autoexamen objetivo y solo así se puede construir el discurso necesario para adaptarnos al cambio global. Un nuevo Diagnóstico basado en una necesaria nueva información que nos lleve a una gestión del Derecho Humano al Agua como una herramienta de bien común donde la renovabilidad de los ecosistemas hídricos marque las pautas a seguir, considerando la gestión del agua como un Servicio Público que como tal debe primar sobre cualquier otra consideración mercantil y refrendar todo ello en un nuevo marco regulatorio que aporte homogeneidad y garantías de seguridad a la ciudadanía y a los ecosistemas.

Pilares esenciales de la transición hidrológica son, pues, en resumen: La resiliencia ante el cambio climático implica reorientarla planificación hidrológica y las decisiones sobre necesidades infraestructurales. Sobre esta base debe orientarse una cohesión social y sostenida en el tiempo y sostenible en lo ambiental, aportando la necesaria seguridad en ambos aspectos. La revisión de la información existente en cuanto a calibrar los usos y presiones sobre el medio hídrico se hace urgente, integrando en la misma nuevas metodologías y criterios (servicios ecológicos). Esta situación hace que debamos adaptarnos a los principios marcados por la naturaleza, acoplar nuestros objetivos a sus ciclos integrales de renovación de materiales (ciclo en su globalidad). En suma, buscar en materia de agua la autosuficiencia en la relación uso/recurso e invertir en infraestructuras «verdes» que coadyuven en esta política de transición hídrica, entre ellas actuaciones ligadas a restauración de riberas e hidrológicoforestales y de drenaje sostenible. La priorización del agua de consumo humano en cantidad y calidad debe garantizarse en todos sus términos sin afección o riesgo alguno obviamente sobre la salud. La deficiente calidad existente de las aguas sea por mala gestión del territorio y los ecosistemas o falta de depuración debe ser un reto ineludible. La coordinación de las políticas sectoriales (energética, agraria, territorial, …) con la hidrológica, se revela como un aspecto central en el nuevo escenario. La falta de integración es uno de los más claros retos pendientes. La nueva gobernanza implica por una parte mejorar la coordinación administrativa a los tres niveles (AGE, Autonómico y Local) pero también integrar más decididamente la participación ciudadana (y por tanto la transparencia y rendición de cuentas) en las decisiones. Para todo ello, es imprescindible avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al ciclo del agua en sus distintos estudios: desde la incentivación de la regeneración, reutilización, desalación, control de calidad, teledetección, TICs para optimización de gestión y control de concesiones, etc… Asimismo, el uso de energías renovables en la gestión del agua es otro elemento básico para abaratar costes de gestión y minimizar el cambio climático.

Sabemos pues lo que hacer. Ahora toca voluntad para hacerlo …y cada vez queda menos tiempo.


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