Publicado en línea el Viernes 15 de noviembre de 2019, por agustin

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El próximo 10 de noviembre, elegiremos un nuevo gobierno que tendrá que afrontar problemas pendientes y dar respuestas a muchos procesos clave. La pérdida de lo público y la corrupción en la contratación pública es indudablemente uno de estos retos urgentes. Las futuras políticas afectaran a la actual y siguientes generaciones y la calidad de nuestros servicios y bienes públicos.

Tras las advertencias de la UE sobre las deficiencias del Estado español en la supervisión y regulación de este tipo de contratos, primero el gobierno del PP creó la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) -que no produjo ningún resultado-, y luego el gobierno del PSOE, en junio de 2018, puso en marcha de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon) , cuya misión es velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública. A fecha de hoy, todavía no se ha publicado un calendario para la elaboración de informes de supervisión con los incumplimientos detectados, las aplicaciones incorrectas de la legislación o con casos de fraude y corrupción, mientras los escándalos no cesan: el pelotazo del proyecto Castor , el cartel de Adif y el reabierto cartel de la basura o las vergonzosas condiciones laborales de personas con discapacidad en el Palacio Real Todos estos casos además, tienen protagonistas recurrentes; entre ellos ACS y su entramado corporativo.

Las CPPs son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos.

Nacieron en 1992 en el Reino Unido como una treta contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, y desde entonces se ha experimentado un auge de este modelo en todo el mundo, promocionado por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y gobiernos tanto del Norte como del Sur Global. A medida que en Europa, y el resto del mundo, se comenzó a limitar el endeudamiento público con la aplicación de medidas de austeridad, -especialmente tras la crisis financiera de 2008-, también se disparó la utilización de las CPPs como un componente de la política de privatizaciones y una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento. Hablando en plata; son privatizaciones encubiertas. Las prácticas contables de las CPPs permiten a gobiernos mantener estos proyectos fuera de sus cuentas (no son transparentes ni auditables), ya que es el sector privado -y no el gobierno- el titular del préstamo que financia el proyecto. Una maniobra de contabilidad creativa, donde el coste real de un proyecto queda escondido, hasta que algo falla y todo revierte sobre lo público, o sobre los bolsillos de la ciudadanía.

Este gran empuje de las CPPs también viene enmarcado en la creciente demanda por parte de grandes inversores del mundo, con trillones de dólares, y que están buscando una cartera diversificada de inversiones en infraestructura con atractivos rendimientos. Estos grupos han ejercido presión para abrir fondos especializados en infraestructuras, contribuyendo así a la «financiarización» de nuestra infraestructura, y poniendo en tela de juicio la necesidad real de muchas de estas inversiones más allá de los beneficios corporativos.

Ante este escenario, es urgente una estricta regulación, supervisión, control democrático y transparencia del modelo CPP, mientras se transita hacia un modelo 100% público y público-comunitario. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), en colaboración con La Hidra Cooperativa y Audita Sanidad, ha publicado el informe “Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización» que apunta a la falta de regulación específica para proyectos CPPs en el Estado español y a la ausencia de una autoridad a cargo de estos proyectos que sea operativa, estudiando el marco legislativo de estos contratos y profundizando en el caso de las infraestructuras (con el caso de la autopista de peaje del Mediterráneo AP7 y el conflicto entre Abertis y el Estado), la sanidad (con Quirónsalud) y la educación (concertada).

La opacidad y la corrupción afectan a la calidad de los servicios ofrecidos, dañan las arcas públicas, tienen un grave impacto sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras, y afectan a los derechos económicos, culturales, ambientales y de género de la ciudadanía. Este estudio se suma a estudios de casos de todo el mundo que continúan demostrando que cuando gobiernos optan por la inversión privada para la construcción y la prestación de servicios en la salud, el transporte, la educación o la energía, el acceso a servicios esenciales se ve restringido y las desigualdades tienden a aumentar .

El consenso en torno a los beneficios de la expansión de los instrumentos de financiación privada, como es el caso de las CPPs, parece desmontarse. El rechazo público aumenta a medida que sus efectos se vuelven más evidentes con el tiempo. Algunos países europeos ya están empezando a poner límites, como es el caso de Francia, donde en marzo de 2018 la Ministra de Justicia, Nicole Belloubet, anunció el abandono de las CPPs para la futura construcción de prisiones y tribunales. Su argumento principal fue que consideraba esta opción «demasiado cara». El mismo mes, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe especial que expone el fracaso de las CPPs y critica el apoyo de la Unión Europea a este modelo a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fondos de la UE a través del Plan Juncker y sus «project bonds«. El Tribunal declaró que las CPPs «no siempre se gestionan eficazmente y no proporcionan una relación calidad-precio adecuada».

Con este panorama, esperamos que el nuevo gobierno inicie un proceso de reflexión y acción sobre las prioridades a la hora de gestionar nuestros bienes y servicios públicos. La salud, la educación, el transporte o la infraestructura, entre otros, son servicios y bienes comunes de toda la población. Derechos que deben estar blindados en la Constitución como fundamentales y protegidos ante los intereses privados.

Publicado en Observatorio de la deuda en la globalización.


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