Publicado en línea el Martes 22 de marzo de 2016, por Jorge Altamira - Partido Obrero

Nota publicada en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/539779159536283:0

Una forma de poner en contexto la crisis política en Brasil es destacar que sería el tercer golpe parlamentario que se consuma en América Latina desde 2010. La técnica del golpe de estado no es privativa de los militares. El primero fue el derrocamiento de Zelaya, en Honduras, para desbaratar un acercamiento al bloque bolivariano. El segundo fue el del paraguayo Lugo. El infortunio de Zelaya fue seguido por una prolongada crisis internacional, cuyo epicentro fue, en determinado momento, la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que alojó a Zelaya y fue enseguida cercada por las fuerzas armadas hondureñas. Lo de Lugo fue más modesto; una queja diplomática de Argentina, Brasil y Venezuela desde la ciudad de Córdoba. La secuela de la caída de Lugo fue un boom de la economía paraguaya, impulsado por capitales sojeros de Brasil y de Argentina, sin que la minera Río Tinto alcanzara su objetivo de apoderarse del excedente de electricidad de Paraguay para instalar su explotación de aluminio – otro de los objetivos del golpe institucional (sic). La destitución de Dilma Rousseff, a partir de un juicio político, no levanta olas, sin embargo, en el ámbito de la diplomacia regional; a lo sumo, una suerte de denuncia de Evo Morales y de Rafael Correa. Si se agrega el caso de un activo protagonista en la política latinoamericana, Irán, el cambio de tendencia política no podría ser más completo: el nacionalista Amadineijad y su guardia republicana dieron paso a una administración ‘reformista’, que se abocó de inmediato a cerrar el acuerdo nuclear que le exigía la Otan, con el apoyo de Rusia y China. Para cerrar, Macri se hizo cargo del gobierno de Argentina. Obama celebra su exitosa ‘muñeca’ internacional con un paseo por Cuba y Argentina, aunque todavía tiene pendiente el cambio de régimen en Venezuela. Todo esto, sin embargo, podría convertirse en un bumerán para este primer presidente de color de Estados Unidos si Donald Trump acabara derrotando a Hillary Clinton en noviembre próximo. No sería un golpe parlamentario, pero sí un golpe electoral.

Es hora, entonces, para que la izquierda revolucionaria convoque a una conferencia latinoamericana para tomar la iniciativa frente a este proceso político con una posición homogénea. De otro modo quedaría a merced de los acontecimientos, cuando en realidad la enormidad de la crisis en curso le ofrece una oportunidad política excepcional. Esta iniciativa en el campo de la lucha de masas debería manifestarse también en el ámbito parlamentario.

Política y Petróleo

Otra forma de poner en contexto la crisis política en Brasil es simplemente informar que el Senado brasileño deberá votar, próximamente, dos mociones acerca del régimen de explotación petrolera, que no casualmente en un fruto directo de la crisis de Petrobras y del llamado “petrolao” o “lava jato”. Una de las mociones es retirar la obligación de Petrobras de presentarse a todas las licitaciones para la explotación de la plataforma marítima pre-sal. La otra va más allá: sustituir por completo el régimen de participación con Petrobras por el retorno al sistema de concesiones –el cual permite anotar las reservas comprobadas de petróleo en el patrimonio de las empresas beneficiarias. La razón por la cual un sistema aceitado de coimas que data de los ‘90 salte ahora y que entre los golpistas se encuentren en masa corruptos notorios y denunciados, es precisamente ese: rematar el capital petrolero acumulado por Petrobras, una empresa mixta entre el Estado brasileño y las bolsas de Sao Paulo y Nueva York. La votación en el Senado pone fin a la tentativa pseudo industrialista del gobierno brasileño entre Petrobras y las grandes constructoras y compañías de ingeniería de Brasil. El gobierno de Dilma Rousseff se ha adelantado a este vaciamiento petrolero con la venta de activos y un programa de desinversión, para hacer frente a una deuda dolarizada de 250 mil millones – diez veces mayor que su capital bursátil. Este fracaso se pone de manifiesto igualmente en el campo de la minería, donde la primera productora mundial de mineral de hierro, Vale do Rio Doce, obstruyó todos los proyectos para industrializar la materia prima en el país, y ahora se hunde bajo el peso de la caída del precio internacional del mineral y una fenomenal acumulación de deudas.

Detrás de las pretensiones judiciales de castigar la corrupción, está presente el derrumbe industrial de Brasil y la disputa por los despojos de sus industrias más significativas –públicas y privadas. En el marco de la crisis en el mercado petrolero internacional, un retiro de Petrobras sería funcional a un reacomodamiento de precios a favor de los principales monopolios petroleros y el ‘shale oil/gas’ norteamericano. Es necesaria una caracterización materialista de la crisis, para despojarla de sus vendas y falsificaciones jurídicas. Después de todo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil no nació ayer.

Etapa política y gobiernos de recambio

Un tercer contexto fundamental de la crisis en curso, es el golpismo declarado de las corporaciones patronales más influyentes, en primer lugar la Federaçao de Industrias de Sao Paulo, Fiesp –aunque otras, como la Confederaçao Nacional de Industrias, siguen tibiamente en el campo oficial. Es que la crisis de la industria es enorme: ha perdido peso en el PBI y su poderoso sector siderúrgico registra pérdidas crecientes. El capital acerero exige poner fin a la competencia de China, de la cual dependen, sin embargo, los exportadores de materias primas agrícolas y mineras. La industria brasileña reclama un rescate financiero en gran escala –sea del Estado como del capital financiero internacional. Necesita, entonces, pasar de un régimen político de contención y domesticación de los trabajadores, por medio de la cooptación de las direcciones de las organizaciones populares, a un régimen político de franca ofensiva. Para eso necesita un ajuste violento del déficit fiscal, en primer lugar mediante un fuerte recorte del sistema previsional. El golpismo de la gran industria brasileña deja a la luz el anacronismo político del régimen que la sirvió espléndidamente durante cerca de una década. El alineamiento contundente de la burguesía nativa con un golpe, convierte a la salida de Rousseff en irreversible, porque la derrota del golpismo, en semejantes condiciones, sólo podría conseguirse mediante un ataque a fondo a la propiedad privada del gran capital que opera en Brasil.

En toda América Latina se manifiesta el tránsito entre gobiernos de contención de las masas a gobiernos cuyo propósito es desarrollar una iniciativa directa contra ellas. Los recursos

políticos y económicos para conseguir el éxito de este tránsito, sin embargo no existen; ni ayuda la crisis mundial ni existe una desmoralización popular que lo haga factible. Por eso, como se ve en Brasil y también en Argentina, ese tránsito podría enfrentar situaciones pre-revolucionarias.

La denuncia indiscriminada de coimas es una expresión irrefutable de la caducidad del régimen político vigente, una coalición entre el PT y partidos patronales y derechistas, que no podía operar sin un sistema generalizado de prebendas. Bajo el gobierno de Lula fue a la cárcel su jefe de gabinete, Jose Dirceu, el mandamás del PT, que repartía sueldos adicionales (mensalao) a los legisladores, para conseguir el pasaje de proyectos de ley. El ‘lava jato’ ha dejado al desnudo un sistema extraordinario de coimas repartidas desde el gobierno petista-pemedebista. Este era el carácter “do governo popular”, que desde toda la vida impulsó el stalinismo y la izquierda democratizante. No es la primera vez que tomará su propia medicina: lo liquidan sus aliados (el parlamento del Frente Popular, en Francia, expulsó en 1939 al PC de su ámbito y entregó el gobierno al fascista Pétain). Entre las masas obreras y empobrecidas del país, el desprestigio del PT es irreversible: a la hora de convocar a una manifestación de apoyo al gobierno, el PT y sus cooptados (Cut, Mst, etc) solamente logró reunir la tercera parte de lo que junto el golpismo.

Suma cero

La designación de Lula como Jefe de Gabinete es, antes que nada, un acta de renuncia de la presidenta formal, Dilma Rousseff: si Lula fracasa no hará falta siquiera un juicio político. Pero Lula no tiene ninguna posibilidad de salida mediante un apaciguamiento del golpismo, como lo insinuaría el nombramiento del ex Banco de Boston, Henrique Meirelles, para presidir el Banco Central, como ya lo había hecho en 2003, por exigencia del Citibank. La crisis marcha con mucha rapidez. El único sentido de la designación sería llamar a la intervención popular, incluida la huelga general. No hay el menor indicio de una orientación semejante. Para gran parte de la opinión popular, Lula busca en el gobierno un refugio contra la arremetida judicial. En lugar de rechazar en forma unilateral la injerencia del poder Judicial para evitar su asunción, lo ha legitimado mediante sucesivas apelaciones. De este modo ha debutado colocando el poder en manos de la Corte Suprema.

¿Adónde va Brasil? El reemplazo de la Presidenta por su vice, el pemedebista Michel Temer, debería llevar a nuevas elecciones, que podrían tener lugar en octubre, junto con las municipales. Temer no tiene otra capacidad que pilotear los Juegos Olímpicos, y probablemente tampoco eso. La destitución de ambos, por una denuncia de corrupción en la campaña electoral de 2014, desencadenaría la inmediata convocatoria electoral. Existe una distante probabilidad de que la Corte Suprema dilate un dictamen sobre la designación de Lula. Este panorama inquieta a toda la prensa internacional, que caracteriza como “imprevisibles” las derivaciones de la presente crisis.

Una política de izquierda

Desenmascarar la trama golpista de las denuncias judiciales es la primera tarea que impone la situación brasileña. Sin la denuncia vigorosa del golpismo, no puede siquiera arrancar una política de clase en la situación actual en Brasil. La segunda es señalar que la corrupción y descomposición del gobierno de Rousseff y del PT es la consecuencia de una política al servicio de los grandes capitales, de las alianzas contrarrevolucionarias con los partidos decrépitos de la burguesía nativa, y del carrerismo inevitable que entraña toda política de izquierda que se desarrolle a la sombra del régimen político burgués y del capitalismo. Sin esta diferenciación es imposible ofrecer una política para las masas trabajadoras. Con estos planteos y un programa de reivindicaciones urgentes, es necesario impulsar un Congreso de Trabajadores y de la Izquierda, con la perspectiva de un gobierno de trabajadores.


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