Publicado en línea el Jueves 24 de marzo de 2016, por GAJAT

La Cámara de Apelaciones en Bariloche rechazó el pedido de la Comunidad de participar en la gestión y ser consultados sobre aprovechamiento de los recursos forestales de su territorio. El fallo además modificó parcialmente la medida cautelar vigente desde diciembre 2013 que impedía que terceros ajenos a la Comunidad realicen aprovechamiento forestal.

Por Equipo Intercultural de Comunicación Las Huaytekas – GAJAT

El pasado 4 de marzo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche con los votos de los jueces de Cámara Carlos Cuellar y Edgardo Camperi, más la abstención de Emilio Riat, rechazó el reclamo de la Comunidad de que se declare confirmada la medida cautelar según lo había resuelto la propia Cámara el 18 de junio de 2015 y mantuvo su decisión adoptada el 29 de mayo de 2015 a favor de los abogados Martíndez Pérez y Trianes para que “se modalice” la medida cautelar que protegen los recursos existentes en el territorio. Esa modalización implica una revocatoria lisa y llana.

El Tribunal determinó también que “resulta improcedente la serie de condicionamientos pretextados por la comunidad”.

Según explicó Fernando Kosovsky, abogado de la Comunidad, esos “condicionamientos” eran implementar un mecanismo de consulta y participación previos a realizar las tareas de poda y raleo sanitarios de una plantación de pinos que se encuentra dentro del territorio de la comunidad, que además es esencial para la prevención de incendios.

La Comunidad pidió participar en esa gestión ejerciendo su derecho previsto por el art. 75 inc 17 de la constitución, ya que las partes están en conflicto hace años y es preciso saber dónde, quién, cuándo, y durante cuánto tiempo se realizan esas tareas. El estado, por la obligación de consulta y participación, debe velar porque esa información y el proceso de consulta se implemente en forma previa al aprovechamiento. Esta decisión habilita el recurso extraordinario federal, pues contraría abiertamente lo dispuesto por la Corte Suprema en el célebre precedente “Martínez Pérez c Palma”.

En su decisión, el Tribunal no consideró tampoco que la Comunidad está de acuerdo en que se realizan los trabajos de prevención de quema o chipeo de los residuos, pero que la madera no pueda ser comercializada y quede bien conservada en galpones o espacios de conservación hasta que haya sentencia definitiva sobre el fondo.

El fallo favorece el despojo territorial y la apropiación ilegítima de los recursos indígenas, generando inseguridad y potenciales conflictos en el campo, al habilitar la acción de privados cuyos intereses meramente económicos sobre la tierra son largamente reconocidos.

La decisión de la Cámara considera que la medida cautelar de resguardo territorial al ser de naturaleza transitoria podía “resultar a posteriori revertida o modificada o ampliada pues ello hace a su propia esencia provisoria” y actuando en consonancia, determinaron:

“… de acuerdo a lo rendido por el informe agronómico situacional sobre el predio “El Cortijo” del paraje El Foyel, se decidió modalizar con respecto a los Dres. Trianes y Martínez Pérez algunas de las medidas cautelares que se dispusieron, para posibilitar el manejo ordenado de su forestación”

Es decir, la orden de la Cámara de Apelaciones de Bariloche considera primero a la Comunidad como inhabilitada para diseñar un manejo participativo de los recursos forestales y segundo, basándose en la transitoriedad de una medida cautelar, dispone que sean terceros los que deben llevar adelante dicho manejo.

Se viola por tanto el derecho de participación, consulta y consentimiento sobre los recursos naturales de sus territorios y se evade lo fallado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, recientemente, reconoció el derecho a la tierra y territorio de la Comunidades sobre las áreas en litigio.

COMUNIDAD POR LA VÍA DEL DIÁLOGO

Durante gran parte del año pasado, la Comunidad buscó diversas instancias para dialogar sobre los permisos de ingreso y aprovechamiento forestal. En diciembre de 2015 llevaron a cabo una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Bariloche, con el Servicio Forestal Andino (SFA) y la Dra. Claudia Garnero, abogada gestora en nombre de Ana María Trianes y José Luis Martínez Pérez.

En aquella instancia, la Comunidad solicitó la participación de un representante en todo lo que se refiera a la utilización del recurso forestal y también pidió se aclaren los alcances de la modificación de la medida cautelar vigente. De la misma manera, se buscaba definir si habría una utilización plena del recurso o simplemente las tareas autorizadas por el SFA serían de mantenimiento y prevención de incendios forestales, sin aprovechamiento comercial.

No obstante, las intenciones de la comunidad por organizar este punto, la sentencia dictada en su contra permite a Trianes y Pérez el ingreso al territorio para:

“…retirar leña que estaba ya cortada hace varios años en la forestación referida y la que se produzca como consecuencia de raleos y limpieza que necesariamente deben hacerse en la misma, se cuentan entre lo aconsejado profesionalmente para dicho adecuado manejo del bosque cultivado en orden a evitar situaciones intrínseca y significativamente peligrosas”.

La audiencia de 2015 había significado otro paso en el conflicto territorial, que acumula desde hace años múltiples denuncias en torno a la utilización de sus recursos. Sobre esta materia, las autoridades de la Comunidad habían manifestado sistemáticamente las arbitrariedades del Servicio Forestal Andino y el ejercicio abusivo de sus atribuciones. De hecho, hace 6 años señalaban que el SFA: “emplea a diario distintas formas de persecución a quienes utilizan sus propios recursos (leña, madera) para su subsistencia con reiteradas multas y denuncias”.

Este fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, deja la puerta abierta para un agudizar un conflicto territorial cuyos límites no son sólo económicos, sino que afectan claramente los derechos de la comunidad sobre su territorio ancestral, convirtiéndose en un precedente regresivo en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas.

ENLACES RELACIONADOS

4 de marzo 2016: fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche.
https://es.scribd.com/doc/305570897/San-Carlos-de-Bariloche-Provincia-de-Rio-Negro-04-de-Marzo-de-2016

10 de noviembre 2015: fallo Corte Suprema a favor de Comunidad Las Huaytekas
http://www.gajat.org.ar/2015/11/corte-suprema-ratifica-derechos-de-los-pueblos-indigenas-historico-fallo-a-favor-de-comunidad-las-huaytekas/

Para una idea general de la discusión sobre las medidas cautelares y los argumentos de la comunidad y de los intereses privados sobre el territorio, leer nuestra columna: Comunidad Mapuche por la defensa jurídica de su territorio
http://www.gajat.org.ar/2015/04/comunidad-mapuche-en-defensa-juridica-de-su-territorio/

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